Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA III, 30 de Septiembre de 2020, expediente CNT 020687/2015/CA001

Fecha de Resolución30 de Septiembre de 2020
EmisorCÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA III

Poder Judicial de la Nación SENTENCIA DEFINITIVA. EXPEDIENTE Nº CNT 20687/2015 – PAULETIC

ALBERTO ALEJANDRO C/ PROVINCIA ART. S.A S/ ACCIDENTE- LEY

ESPECIAL” JUZGADO Nº 22.

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 30/09/2020,

reunidos en la S. de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La Dra. M.C.H. dijo:

I. Llegan los autos a conocimiento de esta alzada a propósito de los agravios vertidos por la parte actora contra la sentencia dictada a fs. 228/230 a mérito del memorial obrante a fs. 232/234, que mereció réplica de la demandada a fs. 238/249.

Por su parte, el letrado apoderado del actor apela sus honorarios por considerar que se omitió incrementarlos en su carácter de procurador (fs. 234 vta.).

II. Se queja en lo principal el recurrente, por cuanto sostiene que la magistrada de la anterior instancia valoró incorrectamente la prueba pericial médica, al concluir que la afección que padece no guarda vinculación con un hecho súbito y violento y en consecuencia ,rechazó la demanda en todos sus términos.

Cabe rememorar que el actor invocó en el inicio que en fecha 26 de octubre de 2012, mientras se encontraba realizando sus tareas habituales como operario de un taller de colectivos, sufrió un accidente cuando al levantar un elástico de suspensión de uno de los transportes, sintió un fuerte dolor lumbar. Indicó que puso en conocimiento de lo ocurrido a la ART, la cual lo derivó al “Centro Médico Talar”,

donde luego de realizarle una serie de estudios, le indicaron reposo y antinflamatorios.

Expuso que sin perjuicio de ello, en fecha 30 de octubre recibió una carta documento de la aseguradora, en donde se le notificaba el rechazo del siniestro por no tratarse de un hecho súbito y violento. Manifestó que como consecuencia de ello, continuó con su atención por intermedio de su Obra Social, donde luego de efectuarle varios tratamientos kinésicos, decidieron intervenirlo quirúrgicamente en fecha 21 de agosto de 2013 y luego le indicaron continuar con rehabilitación hasta el 3 de febrero de 2014,

fecha en la cual, obtuvo el alta médica con prescripción de tareas livianas Por su parte, la demandada reconoció haber recibido la denuncia por el siniestro relatado y rechazarlo por considerar que no constituía un hecho súbito y violento en los términos de la ley 24.557.

III.- Luego de la reseña efectuada, cabe destacar que no se encuentra discutido ante esta Alzada, que el actor presenta en la actualidad una incapacidad física del 18,3% de la T.O como consecuencia de una “hernia de disco L4-

L5 que requirió disectomía y artrodesis” (v. fs. 229); sin embargo, se encuentra discutido si tal minusvalía cabe atribuirla al siniestro relatado en el inicio.

La sentenciante a-quo -como fuera adelantado- consideró que el daño que porta el Sr. P., no guarda vinculo de causalidad con el incidente que motivó la presente contienda.

Para arribar a tal conclusión, la misma tuvo en especial consideración las manifestaciones vertidas por la perito médica, la cual expresamente Fecha de firma: 30/09/2020 indicó que “las lesiones sufridas impresionan haber sido precipitadas por el evento Firmado por: A.H.P., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: M.C.H., JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: M.L.G., SECRETARIA

Poder Judicial de la Nación relatado: Levantar un objeto pesado que produjo dolor lumbar súbito y obligó a dejar de realizar las actividades laborales” (v. fs. 189); Y, en este aspecto, considero que más allá

de la disconformidad del accionante, no surge de su memorial recursivo que haya cuestionado este segmento del decisorio, incumpliendo de esta forma lo normado por el art. 116 de la ley 18.345.

Cabe recordar que el memorial de agravios debe constituir una exposición jurídica que contenga un examen serio, razonado y crítico de la sentencia recurrida, expresando argumentos en los que se sustenta la solución adoptada en el decisorio, invocando aquella prueba cuya valoración se considera desacertada.

En el caso -como se expuso- el recurrente se limitó a discrepar con la solución a la que arribó la Magistrada de grado, e insistió con que existió una incorrecta apreciación de la prueba, en tanto a su entender, mediante la pericial médica se habría acreditado la incapacidad invocada en el inicio, pero nada dijo respecto a los puntuales argumentos invocados el decisorio para concluir con el rechazo de la acción.

En efecto -como se indicó previamente- aquí no se encuentra en discusión que el actor porta una incapacidad física producto de una lesión discal, lo que se debate es si dicha minusvalía guarda relación causal con el hecho súbito y violento denunciado en el inicio, lo que, a mi entender, en coincidencia con lo decidido en grado,

no pudo ser probado.

Es que, que más allá de la omisión del accionante en su memorial recursivo, no encuentro que pudiera haberse arribado a una conclusión diferente, ya que surge claramente del dictamen que difícilmente la lesión sufrida por el actor pudiese haber sido producto del evento relatado.

Nótese que la profesional -reitero- expresamente señaló que “las lesiones sufridas impresionan haber sido precipitadas por el evento relatado:

Levantar un objeto pesado que produjo dolor lumbar súbito y obligó a dejar de realizar las actividades laborales. La RMN informa desecación y protrusión de los discos L4-L5

y L5-S1! (-v. fs. 189.

En tal orden de ideas, coincido con lo decidido en grado respecto a que la lesión que padece el actor, no puede ser atribuida a un accidente laboral en los términos del art. 6 de la ley 24.557.

Por otro lado, tampoco podría darse en el caso, la hipótesis de una enfermedad profesional, en tanto, tal como fuera expuesto por la Sra. Juez a-quo, el actor en ningún tramo de su escrito inicial aludió siquiera a las condiciones de labor y/o a la realización de tareas de esfuerzo como desencadenantes de las dolencias que padece, lo que impide admitir por vía probatoria (en este caso, mediante la testifical),

cuestiones que no fueron oportunamente articuladas en la demanda, pues las pruebas se circunscriben a corroborar hechos concretamente enunciados, que validan las pretensiones exteriorizadas en el juicio, y no a sustituir su ausencia (art. 80, ley 18345 y 364, CPCCN).

En tal orden de razonamiento, y de conformidad con el principio de congruencia que en resguardo del derecho de defensa debe regir el proceso, la judicante no puede apartarse de los términos en que quedó trabada la litis, porque allí quedan fijados en forma definitiva los términos de la controversia, los que no pueden ser alterados.

En síntesis, no resulta viable conformar una petición que no fue objeto de reclamo (cfr. arts. citado.), por lo que por esa razón, tampoco deviene procedente su crítica relativa al análisis de las declaraciones testimoniales.

De todos modos, agrego que aun soslayando tal circunstancia, y solo a mayor abundamiento, si bien las hernias discales se encuentran previstas como Fecha de firma: 30/09/2020 “enfermedades profesionales” en el decreto 49/14, el mismo es claro al remarcar que “el Firmado por: A.H.P., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: M.C.H., JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: M.L.G., SECRETARIA

Poder Judicial de la Nación período durante el cual las tareas en cuyo desarrollo habitual se requiera de movimientos repetitivos y/o posiciones forzadas de la columna vertebral lumbosacra,

levantar, trasladar, mover o empujar objetos pesados deben ser ejecutadas por un período no inferior a TRES (3) años cumplidos en forma continua o discontinua”,

circunstancia que tampoco se encuentra acreditada en el caso, en tanto el actor prestó

tareas como operario -antes de padecer el siniestro- durante un período de 10 meses -

ingresó el 18/11/11 y el siniestro ocurrió el 26/10/12- (v. fs. 33).

Desde tal perspectiva de análisis, la prueba pericial médica tiene importancia sólo a los fines de determinar la existencia de la afección física del trabajador y en su caso, si las causas invocadas en la demanda pudieron ser aptas para generar dicho daño, pero ello claro está, siempre y cuando el actor demuestre tales hechos, pues precisamente su ocurrencia es de donde nace la responsabilidad de la accionada, no siendo éste el caso de autos.

En definitiva, a mi criterio, cabe confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto decide el rechazo de la demanda en todos sus términos.

IV.- Respecto al planteo del apoderado del actor, relativo a la inclusión del 40% por su doble calidad de abogado y procurador advierto que le asiste razón.

Resulta pertinente resaltar que el art. 9º de la ley 21.839,

ordenamiento que regula el régimen de arancelario de aplicación para justipreciar la retribución competente tanto para la actividad de abogados como para la desplegada por los procuradores, parcialmente modificado por la ley 24.432, dispone que “Los honorarios de los procuradores serán fijados entre un treinta por ciento (30%) y un cuarenta por ciento (40%) de lo que le correspondiere a los abogados.” y -a continuación- que “Cuando los abogados también actuaren como procuradores percibirán los honorarios que correspondiere fijar si actuaren por separado abogados y procuradores”.

En función de ello, dado que de las constancias de autos se advierte que el letrado en cuestión actuó en el doble carácter de letrado y procurador resulta pertinente elevar sus honorarios –por la totalidad de sus tareas: abogado y procurado-a la suma de $86.000 (pesos ochenta y seis mil) a valores actuales.

V.- Más allá de la suerte del recurso, en atención a la naturaleza jurídica de las cuestiones debatidas, propongo que las costas de esta alzada, sean...

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