Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 13 de Marzo de 2018, expediente CAF 009592/2007/CA002

Fecha de Resolución13 de Marzo de 2018
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala I

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I Causa nº 9592/2007, “P.J.M. y otros c/ E.N. y otros s/daños y perjuicios”

– Juzgado nº 6 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para resolver los autos “P., J.M. y otros c/ E.N. y otros s/daños y perjuicios”, y La Dra. C.M. do P. dijo:

I.-J.M.P. y M.B.R., por sí y en representación de sus hijos menores de edad, J.M. y M.B.P., demandaron al Estado Nacional (Ministerio del Interior, Policía Federal Argentina y Superintendencia de Bomberos) y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (indistintamente Gobierno de la Ciudad o GCBA), para obtener una indemnización por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de los hechos sucedidos en el local bailable “República Cromañón” el 30-12-04.

La suma total reclamada, según liquidación de fs. 33vta, ascendía a $ 781.200, con más sus intereses y costas. De la liquidación señalada surge que cada uno de los menores solicitaron la suma de $ 285.300, discriminada del siguiente modo: en concepto de incapacidad física ($

50.000), daño moral ($ 100.000), daño psicológico ($ 100.000), tratamiento psicológico ($ 28.800), gastos médicos y de farmacia ($

5.000) y gastos de movilidad ($ 1.500). Para cada uno de los padres, la suma de $ 105.300, discriminada de la siguiente forma: en concepto de daño moral ($ 50.000), daño psicológico ($ 20.000), tratamiento psicológico ($ 28.800), gastos médicos y de farmacia ($ 5.000) y gastos de movilidad ($ 1.500).

  1. La sentencia de fs. 1111/1119, luego de rechazar, con costas, la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por el Estado Nacional (EN), acogió parcialmente la demanda, con costas a las demandadas, en forma solidaria.

    Fecha de firma: 13/03/2018 Alta en sistema: 14/03/2018 Firmado por: DRA. DO PICO - DR. GRECCO - DR. FACIO - , JUECES DE CAMARA - SEC. H.G. #11165277#167875477#20180314105058700 Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I Causa nº 9592/2007, “P.J.M. y otros c/ E.N. y otros s/daños y perjuicios”

    – Juzgado nº 6 Condenó así, también solidariamente, a las demandadas al abono de la suma de $ 417.000 (de los que $ 228.000 corresponden a J.M.P. y $ 189.000 a M.B.P.; más la suma de $ 13.000 a J.M.P. y M.B.R., correspondiendo $6.500 a cada uno de ellos. Asimismo, reconoció intereses a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina desde la producción del hecho dañoso sobre el monto de condena, con excepción de los intereses por gastos de tratamiento psicológico, que corren desde la sentencia.

  2. El juez de grado trató, en primer lugar, la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por el Estado Nacional. Para sostener su rechazo, se remitió a los fundamentos expuestos por el Sr. Fiscal en su dictamen de fs. 1102/1105.

    En relación al fondo del asunto, recordó que, en el ámbito de responsabilidad extracontractual del estado, para que exista deber de reparar, ya sea por acción u omisión ilícita, debe acreditarse la existencia de una falta de servicio. En concreto, dijo, deben constatarse los siguientes requisitos: a) la existencia de un daño cierto; b) falta de servicio consistente en una actuación u omisión irregular, c) la relación de causalidad entre la conducta de la demandada y el perjuicio ocasionado y d) la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños al Estado Nacional.

    Siguiendo esos lineamientos, examinó la responsabilidad del Estado Nacional en función del desempeño del S.C.R.D., quien fue condenado –en la causa penal nº 11.684– a la pena de 8 años de prisión e inhabilitación perpetua por ser autor penalmente responsable de los delitos de incendio culposo seguido de muerte en concurso real con el delito de cohecho pasivo.

    Fecha de firma: 13/03/2018 Alta en sistema: 14/03/2018 Firmado por: DRA. DO PICO - DR. GRECCO - DR. FACIO - , JUECES DE CAMARA - SEC. H.G. #11165277#167875477#20180314105058700 Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I Causa nº 9592/2007, “P.J.M. y otros c/ E.N. y otros s/daños y perjuicios”

    – Juzgado nº 6 Consideró así que la Policía Federal, toda vez que debe hacerse cargo de la elección, el control, la adecuada preparación técnica (capacitación y especialización), física y psíquica de sus agentes, no puede deslindarse de su responsabilidad frente a los delitos cometidos por sus dependientes. Recordó que ningún deber es más primario y sustancial para el Estado que el de cuidar y garantizar la vida y la seguridad de los ciudadanos. Entonces, si para desempeñar tales funciones la Policía Federal Argentina se ha valido de un agente que, al recibir el pago de sobornos y rehusarse a denunciar las irregularidades del local “Cromañón”, contribuyó a la producción de la tragedia ocurrida en el local citado, corresponde que las consecuencias dañosas que ocasionó tal proceder, recaigan también sobre ese organismo.

    Siguiendo un razonamiento similar, encontró también responsable al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es que a los tres funcionarios públicos dependientes del gobierno local (G.J.T., Titular de la Dirección de Fiscalización y Control; F.G.F., a cargo de la Subsecretaría de Control Comunal y A.M.F., Directora Adjunta de la Dirección de Fiscalización y Control) se los encontró autores penalmente responsables “de los delitos de omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal con incendio culposo seguido de muerte”, en la causa penal citada. Los funcionarios fueron condenados a las penas de: 4 años de prisión a Sra. F.G.F.; 3 años y nueve meses al Sr. G.J.T. y 2 años y 10 meses a la Sra. A.M.F..

    Dijo que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no puede deslindarse de su responsabilidad en el hecho ocurrido en “Cromañón”

    ya que sobre éste recaía la obligación de controlar, inspeccionar y hacer cumplir todas las formalidades legales a efecto de obtener la habilitación de los locales bailables y sancionar con la clausura en caso de verificar irregularidades. Esas obligaciones fueron abiertamente desatendidas si se considera que “la situación [de incumplimientos a las normas] era Fecha de firma: 13/03/2018 Alta en sistema: 14/03/2018 Firmado por: DRA. DO PICO - DR. GRECCO - DR. FACIO - , JUECES DE CAMARA - SEC. H.G. #11165277#167875477#20180314105058700 Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I Causa nº 9592/2007, “P.J.M. y otros c/ E.N. y otros s/daños y perjuicios”

    – Juzgado nº 6 cognoscible para cualquier funcionario de las áreas de contralor relevantes que actuara de un modo mínimamente diligente (…) no era solamente potencialmente accesible –como exige el cuidado debido–

    sino, de hecho, efectivo en el caso de los tres funcionarios condenados”, según concluyó el tribunal penal al condenar a los funcionarios.

    Determinada la responsabilidad de ambas demandadas, y luego de recordar que J.M. y M.B.P. percibieron el subsidio creado por el decreto 692/05 (y siguientes) del Gobierno de la Ciudad, examinó los distintos rubros cuya reparación fue solicitada.

    En primer lugar, de acuerdo con el Informe del Cuerpo Médico Forense de fs. 476/490, desestimó el reclamo por incapacidad sobreviniente.

    Por otro lado, reconoció, con fundamento en el informe de fs.

    892/902 y las pericias de fs. 983/992 y 1008/1017, la existencia de un daño psicológico en J.M. y M.B.P., que debía ser resarcido con la suma de $ 50.000 para cada uno. Con el mismo fundamento, consideró que, a las sumas mencionadas, debía agregarse la suma de $ 78.000 y $ 39.000, respectivamente para cada uno de los menores, a fin de atender el tratamiento psicológico recomendado.

    Rechazó, sin embargo, el reclamo que por este rubro hicieron J.M.P. y M.B.R. ya que, según los dictámenes periciales indicados, no demostraron tener secuelas psíquicas del episodio vivido.

    Asimismo, entendió que correspondía presumir la existencia de gastos por tratamientos médicos, medicamentos y traslados, los que valuó

    en la suma de $ 6.500 para cada uno de los progenitores, quienes, a su criterio, fueron los que realizaron esas erogaciones.

    En cuanto al daño moral, tras recordar ciertas consideraciones doctrinarias y jurisprudenciales, lo justipreció en la suma de $ 100.000 Fecha de firma: 13/03/2018 Alta en sistema: 14/03/2018 Firmado por: DRA. DO PICO - DR. GRECCO - DR. FACIO - , JUECES DE CAMARA - SEC. H.G. #11165277#167875477#20180314105058700 Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I Causa nº 9592/2007, “P.J.M. y otros c/ E.N. y otros s/daños y perjuicios”

    – Juzgado nº 6 para cada uno de los asistentes al recital, es decir J.M. y M.B.P.. Con fundamento en el art. 1078 del Código Civil (actual 1741 del Código Civil y Comercial), desestimó el pedido en ese concepto de parte de los progenitores, ya que entendió que no se encontraban legitimados para ello.

  3. Contra ese pronunciamiento, apelaron: la actora, a fs. 1120; el Estado Nacional, a fs. 1122; y el GCBA, a fs. 1124.

    Recibida la causa en esta instancia, las partes expresaron los agravios que lucen a fs. 1129/1134 (la actora, con réplica de fs.

    1148/1152 -GCBA- y 1165/1169 -EN-), fs. 1137/1147 (GCBA, con réplica del actor a fs. 1171/1174 y del EN a fs. 1180/1183) y a fs.

    1154/1163 (EN, con réplica del actor a fs. 1175/1178).

  4. Al fundar su recurso, la parte actora plantea su disconformidad con el monto establecido en la sentencia como indemnización por daño psicológico. Considera que, dado el carácter severo de la aflicción padecida por los actores, debe elevarse el monto en cuestión.

    Igual crítica le merece el monto que el magistrado adoptó como valor de sesión de psicoterapia. Aduce en ese sentido el sensible aumento que debe ponderarse en el costo de cada sesión, desde que los peritos informaron su estimación en el año 2013.

    Cuestiona los montos...

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