Partidos políticos y falta de transparencia

 
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Contrariando la exigencia legal, todos nacionales omiten datos de la forma en que se financian, en qué gastan esos fondos, cuál es el estado de sus cuentas y cuál la procedencia de los aportes que reciben. Del mismo modo, demoran o directamente no presentan sus balances y hacen silencio a la hora de informar sobre el obligatorio destino del 20 por ciento de lo que reciben, el financiamiento de actividades de capacitación para la función pública, la formación de dirigentes y la investigación.Es decir, todos, sin excepciones, según un de LA NACION a partir de información pública de la justicia electoral, que reúne datos de todo el país, incumplen con la obligación elemental de transparentar sus ingresos y sus gastos.Para esos incumplimientos, la ley dispone diversos tipos de sanciones, que varían de acuerdo con la gravedad de la falta, y que van desde un porcentaje que se descuenta del Fondo Partidario Permanente (FPP), que el Estado otorga a cada partido, hasta la pérdida total de aportes, ya sea los destinados a su funcionamiento diario como a campañas proselitistas.Ante este panorama, legisladores nacionales de varios signos políticos impulsan modificar la ley de financiamiento de partidos políticos, por considerar excesivas sus exigencias. Algunos propondrían, incluso, sancionar una amnistía total o parcial para esas gruesas irregularidades.De conseguirse ese perdón, estaríamos ante un hecho absolutamente deplorable. Los partidos políticos, como ocurre con cualquier ciudadano, deben acatar las leyes. Pero su responsabilidad es, incluso, todavía mayor, pues se conforman y funcionan con aportes públicos y privados que tienen la obligación de dar a conocer en una detallada y transparente rendición de cuentas.La transparencia es una vieja deuda de la política de nuestro país. Con este tipo de actitudes, los dirigentes políticos no hacen más que confirmar las fundadas sospechas sobre manejos espurios en el desarrollo de sus tareas.La ley es clara: entre otras obligaciones, deben presentar ante la justicia federal electoral de su distrito el estado anual de su patrimonio o balance general y una lista completa de las personas físicas y jurídicas que les realicen aportes, e informes pre y poselectorales de cómo se usaron esos dineros, con las correspondientes facturas de egresos de gastos.La realidad es que la enorme mayoría de las agrupaciones políticas todavía no han presentado los balances de 2013, pese a que ya está vencido el plazo de 90 días para hacerlo...

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