A confesión de parte, relevo de pruebas

El que involucra al juez pone de manifiesto, por encima de cualquier otra cuestión, que en la Argentina el poder político puede frenar un proceso judicial. Las declaraciones del controvertido magistrado son elocuentes: admitió que decidió el cese de un allanamiento contra una cooperativa de crédito que él había dispuesto por supuesto lavado de dinero el 19 de diciembre último, ante la confianza que le merecía el subsecretario de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, Carlos Liuzzi. A confesión de parte, relevo de pruebas.

La oposición toda cuestionó la actitud del juez, que ayer fue denunciado ante la Justicia Federal por la UCR por prevaricato, fallo contrario a derecho y encubrimiento. Se sostuvo que, al enterarse de que aparentemente los policías que él había enviado para realizar el allanamiento en las oficinas de la mutual Propyme habían solicitado millonarias coimas, el juez, en lugar de suspender el procedimiento judicial, debió concurrir al lugar con otros efectivos policiales para continuar con el allanamiento. Sorprendió también que Oyarbide decidiera la suspensión de otra veintena de allanamientos previstos para esas horas.

Un primer interrogante es si, efectivamente, los policías exigieron el pago de suculentas coimas y si lo hicieron en nombre del juez y del secretario del juzgado, Carlos Leiva, quien desde entonces fue apartado por Oyarbide de causas de relevancia.

El segundo interrogante es de orden político. Puede sospecharse que Liuzzi no sólo le informó a Oyarbide que los policías enviados por el juez estaban reclamando coimas en su nombre...