Metodología y parte general

Autor:Marcelo E. Urbaneja
Páginas:539-547
 
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Metodología

El Libro Cuarto abarca un total de 395 artículos (desde el 1882 hasta el 2276) y se organiza en 14 títulos, divididos algunos de ellos en capítulos.

La técnica legislativa empleada encuentra diferencias de envergadura respecto al Código Civil en vigor.

En este aspecto la innovación más notoria está constituida por la incorporación de una parte general más profusa y detallada, con la que se inicia el Libro Cuarto.

Se intenta de esta manera superar en este aspecto al esquema actual, en donde puede advertirse, como en los fundamentos se pone de relieve, una reiteración de normas en cada uno de los derechos reales en particular.

Cabe puntualizar, no obstante, que está fuera de discusión la existencia de normas que coniguren una parte general de los derechos reales en nuestro sistema positivo1, aunque la dispersión de las mismas conspire contra la claridad deseada.

Durante el siglo XX el debate sobre la conveniencia o no de incorporar partes generales a los Códigos encontró su primer hito en el BGB alemán de 1900 (habitualmente sindicado como el primer cuerpo que plasmó esta metodología, aunque se haya señalado como un valioso precedente al Código de Prusia de 1794). A tal punto llegó la falta de consenso que otros Códigos de ponderable predicamento, como el suizo de 1907 o el italiano de las obligaciones de 1942, no siguieron las aguas de esa metodología.

Cabe admitir, a la luz de los tiempos actuales, que la técnica proyectada armoniza con las concepciones más recientes (y así lo relejó, verbigracia, el Proyecto de 1998).

El criterio del Proyecto ha sido enfatizar la idea de las partes generales, al punto que se establece otra para todos los derechos reales de garantía. La noción de incorporar normativa general en todos los casos en que se abarque derechos reales de naturaleza semejante, como ha sucedido aquí, fue ponderada por diversos autores2.

La otra diferencia con el actual ordenamiento estriba en haberse quitado del libro de los derechos reales el tratamiento de las cosas, para ser contempladas integrando la parte general del Derecho Civil, criterio adecuado al sentir generalizado de la doctrina. A la inversa, se ha tratado en este sector a la prescripción adquisitiva, en lugar de considerarla, como en la actualidad, junto con la prescripción liberatoria, los privilegios y el régimen sucesorio.

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La metodología del resto del libro, por lo menos hasta el anteúltimo título, guarda similitud con el Código de Vélez Sarsield, puesto que a continuación de las normas generales se abordan las relaciones reales (ahora con la denominación de “relaciones de poder”) y luego los derechos reales en particular.

El título XIV, con el que culmina el Libro Cuarto, trata de las acciones posesorias y de las acciones reales, coordinando el tratamiento de ambas y alterando la ubicación actual, en donde ambas defensas se encuentran consideradas por separado.

Entre los derechos reales en particular cabe destacar la incorporación de nuevos institutos, que serán materia de otros capítulos y que aquí solo se enumeran: “propiedad comunitaria indígena”, “conjuntos inmobiliarios” (que a su vez contiene diversas especies) y “supericie” (mencionado aquí como novedoso en cuanto su ámbito trasciende lo forestal). No se encuentra entre ellos la “indisponibilidad voluntaria”, propuesta que sí relejaba el Proyecto de 1998.

Se han conservado, aunque modiicando severamente ciertos aspectos de su contenido, a los derechos reales de uso, habitación y anticresis. Señalamos a estos institutos dado que Vélez Sarsield fue objeto durante prolongadísimo tiempo de las más virulentas críticas por su inclusión, y ciertamente las censuras de que fue objeto no se limitaron a los aspectos que ahora se alteran sino a su propia esencia.

Coniamos en que ahora quienes durante décadas, desde la cátedra o la doctrina, formularon o se hicieron eco de esas airmaciones, mantengan la coherencia intelectual, o bien reconociendo el acierto del Código actual y el error de los críticos (amén de los reparos sobre aspectos puntuales), o bien señalando el disvalor de la solución reformista, hoy incrementado por haberse, por hipótesis, comprobado la inutilidad de su vigencia.

La denominación de los derechos reales existentes se conserva, aunque se menciona “servidumbre”, en singular, y tanto en la enumeración del artículo 1887 (equivalente al actual 2503) como en el tratamiento respectivo, se nombra a “la anticresis”, aclarando que el sustantivo es femenino (superando de esta manera ciertas contradicciones del Código vigente y la consiguiente vacilación doctrinaria).

Parte general

Contempla desde el artículo 1882 hasta el 1907, y se divide en dos capítulos denominados “Principios comunes” (1882 a 1891) y “Adquisición, transmisión, extinción y oponibilidad” (1892 a 1907), respectivamente. Por la inexistencia de esta metodología en el Código vigente, nos encontramos con uno de los sectores más ricos en cuanto a innovaciones.

1) Principios comunes

Se brinda un concepto de derecho real (artículo 1882), al igual que en el Proyecto de 1998 y a diferencia del régimen actual. Precisamente se reproduce la noción de esa última comisión reforma-dora, con la incorporación de la frase “en forma autónoma”, con la inalidad expresamente consignada en los fundamentos de enervar las críticas que en su momento se realizaron (que juzgamos, por nuestra parte, erradas).

El objeto del derecho real, a estar al artículo 1883, podrá ser: a) la totalidad de una cosa; b) una parte material de una cosa; c) bien (objeto inmaterial), en este caso solo cuando así lo señale la ley. Se aclara la posibilidad de ejercerse por el todo o por una parte indivisa.

En cuanto a las cosas, no se exige que las mismas estén en el comercio, y en los fundamentos se justiica con diversos supuestos. De esta manera se advierte un acercamiento a la concepción de Moisset de Espanés3y un distanciamiento de Gatti4.

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La posibilidad de considerar a la parte material de una cosa como objeto del derecho real viene siendo pregonada cada vez con mayor énfasis por la doctrina, tanto desde diversos estudios como desde simposios jurídicos (como el VII Congreso Nacional de Derecho Registral, Córdoba, 1988 –mayoría del despacho, punto II.a.1–, y las XVIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil –Buenos Aires, 2001, comisión 4–).

No obstante, tanto en el derecho vigente como en el proyectado, esta posibilidad solo es admisible respecto a los derechos reales sobre cosa ajena5, so pena de trastocar el concepto mismo de cosa. La salvedad en ese sentido hubiera sido de desear en el texto del artículo.

La decisión de incorporar a los bienes como posible objeto (aunque solo cuando la ley así lo señale), tiene respaldo de similar entidad al recién comentado y pone in a la controversia sobre la vigencia de ese criterio en la actualidad (problemática que giró, principalmente, alrededor del usufructo y la prenda de créditos, y sumándose recientemente la hipoteca sobre el derecho de forestar en la supericie). Enrolados como estamos en la tesis (posiblemente dominante) que considera que esa concepción es hoy derecho positivo, no advertimos más que una consagración expresa que fulmina sin vacilar todo argumento contrario.

Entendemos que debieron haberse incorporado aquí las normas sobre imposibilidad de adquirir por un título lo que ya se adquirió por otro, la facultad de exclusión de terceros y la extensión del derecho a los accesorios, que el Proyecto (al igual que el Código Civil vigente) consignó en el sector correspondiente al dominio (artículos 1943 in ine, 1944 y 1945). No obstante resultar exacto lo allí dispuesto, debieron haber formado parte de las normas generales, ya que se aplican a todos los derechos reales, naturalmente que a cada uno en función de su contenido.

También debió constar aquí la regulación de los ahora llamados “límites” al dominio, puesto que se aplican a todos los derechos reales.

Lo propio cabe decir de numerosas disposiciones del título correspondiente a la hipoteca, como,
v. gr., las vinculadas a la descripción del inmueble, la irrelevancia (a los efectos de la validez del acto constitutivo) de la errónea mención de ciertas circunstancias no esenciales y la necesidad de aceptación del...

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