Sentencia nº AyS 1991 III, 384 de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 24 de Septiembre de 1991, expediente I 1354

PonenteJuez MERCADER (MA)
PresidenteRodriguez Villar - Mercader - Laborde - Negri - Salas - Ghione - San Martín
Fecha de Resolución24 de Septiembre de 1991
EmisorCorte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

Dictamen de la Procuración General: A fs. 14/19 la doctora E.S.S., en su carácter de letrada apoderada de la accionante, y con el patrocinio de la doctora L.B.B., se presentan ante V.E. planteando la inconstitucionalidad del art. 89 de la Ordenanza General 207/77, en cuanto establece un plazo de 24 horas para recurrir las resoluciones por las que se impongan sanciones disciplinarias.

Sostiene que dicho precepto resulta violatorio del art. 9 de la Constitución provincial que consagra el derecho de defensa, en razón de que el término allí fijado resulta materialmente insuficiente para que la parte afectada pueda preparar su defensa, fundar el recurso y recurrir a un adecuado asesoramiento profesional.

Planteada y aceptada la excepción de falta de legitimación procesal pasiva por la Asesoría General de Gobierno (conf. fs. 26/27 y 46/47), contesta la demanda la Dra. E.E.G., en representación del Municipio de Escobar (fs. 34/37). Se opone al progreso de la acción y solicita su rechazo.

Agregada la prueba documental ofrecida, y habiendo alegado solamente la parte actora, corresponde en este estado evacuar la vista que, en los términos del art. 687 del Código Procesal Civil y Comercial, me confiere V.E.

Anticipo mi opinión adversa a la acción interpuesta.

En el presente caso no se acredita efectivamente el quebrantamiento de la garantía constitucional que se dice infringida.

La mera circunstancia de que se deje transcurrir el plazo para la interposición de un recurso con fundamento en situaciones particulares, no puede constituir bajo ningún concepto un factor que evidencie violación al artículo 9 de la Constitución provincial. En primer lugar porque la posibilidad recursiva es sólo una de las etapas de un procedimiento administrativo, en el cual la parte ha podido ejercitar con amplitud, y previo al dictado de la resolución que la afecta, los argumentos que hacen a su defensa. En tal sentido, debo recordar que esa Suprema Corte ha señalado que no media agravio al derecho de defensa si el agente ha tenido oportunidad de formular su descargo, producir prueba y deducir los recursos correspondientes—lo que en este caso concreto no hizo— (conf. en tal sentido doctrina causa B. 48.954).

En segundo lugar, porque si bien a los efectos de la interposición de una demanda de inconstitucionalidad es menester la invocación de una afectación concreta a los derechos del reclamante, no cualquier situación subjetiva—en el caso una negligencia procesal fundada en una indemostrada imposibilidad—puede habilitar dicho planteo.

Para finalizar, destaco que el recurso reglado por el art. 89 de la Ordenanza 207/77 no requiere formalidades especificas para su planteo, y menos aún la asistencia letrada, por lo que los obstáculos a que hace referencia la actora—y respecto de los cuales, reitero, no ha mediado actividad probatoria positiva—no revisten tal carácter.

En atención a lo expuesto, aconsejo a V.E. el rechazo de la acción interpuesta.

La P., 8 de febrero de 1990—Francisco Eduardo Pena

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 24 de setiembre de 1991, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores R.V., M., L., N., S., G., S.M., se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa I. 1.354, “Parra de Presto, S.M.. Inconstitucionalidad Ordenanza Gral 207/77”.

A N T E C E D E N T E S

I.S.M.P. de Presto, mediante apoderado, promovió demanda originaria de inconstitucionalidad en relación al art. 89 de la Ord. G.. 207/77.

Sostuvo que esa norma, al establecer un plazo de 24 horas para interponer un recuso de revocatoria, previsto contra las resoluciones que imponen sanciones disciplinarias a los agentes cuya relación de empleo se rige por aquel estatuto, vulnera el derecho de defensa que garantiza el art. 9 de la Constitución provincial.

Agregó que la violación que denuncia se ha hecho patente en su caso, en el que el Intendente Municipal de E.con fundamento en la norma que impugnarechazó el recurso de revocatoria que a los ocho...

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