Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala I, 5 de Noviembre de 2020, expediente CNT 042262/2012/CA001

Fecha de Resolución: 5 de Noviembre de 2020
Emisor:Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala I

Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL

TRABAJO - SALA I

SENTENCIA DEFINITIVA CAUSA Nº 42.262/2012/CA1

AUTOS: “PARODI, C.E. c/ FROM-AR S.R.L. Y OTROS

s/DESPIDO”

JUZGADO Nº 63 SALA I

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días del mes de de 2020, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa identificada en el epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

La doctora G.A.V. dijo:

  1. La señora jueza a quo hizo lugar a la demanda orientada al cobro de indemnización por despido y otros créditos de naturaleza laboral y condenó a FROM AR SRL y TRANSLOAD INTERNATIONAL SRL a pagar a la actora la suma de $ 38.994,11 con más intereses desde la fecha del despido perfeccionado el 31.05.2010. Por otra parte, admitió parcialmente el reclamo de la trabajadora, fundado en el derecho común, y condenó a las citadas personas jurídicas a pagarle la suma de $ 15.000, más intereses, en concepto reparación por el daño moral sufrido a raíz de las condiciones desfavorables y estresantes a que estuvo sometida la actora durante el desarrollo de la relación laboral (sentencia del 31.05.2019).

  2. Tal decisión es apelada por la parte actora, a tenor de las manifestaciones vertidas en la memoria del 11.06.2019, replicada por la aseguradora a fs. 507/508 solo en lo referente al rechazo de la demanda en su contra. Por su parte, la perito contadora y el perito médico,

    respectivamente, objetan las regulaciones de sus honorarios por estimarlas reducidas (fs. 480 y 482).

    Fecha de firma: 05/11/2020

    Firmado por: M.V.M.C., SECRETARIO DE CAMARA

    Firmado por: G.A.V., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.C.H., JUEZ DE CAMARA

  3. Llega firme a esta instancia que la actora se desempeñó para la empresa FROM AR SRL –en rebeldía según el artículo 71 LO- y para TRANSLOAD INTERNATIONAL SRL desde el 14.07.2008, como “customer service”, en el área comercial y ejecutiva comercial, realizando tareas relacionadas con el control de embarques, importaciones y exportaciones aduaneras y que fue despedida el 31.05.2010 por la causal de abandono de trabajo (artículo 244 LCT). Tampoco se discute que dichas empresas conformaron un conjunto económico en los términos del artículo 31 de la LCT

    y que la actora, si bien se encontraba registrada como empleada de FROM

    AR SRL, trabajaba para ambas personas jurídicas, y que la actividad de las empleadoras era la de brindar servicios a empresas importadoras y exportadoras, intermediar entre el cliente importador o exportador y las compañías marítimas, áreas o terrestres, realizando actividades de comercialización por mayor y menor tanto en el país como en el extranjero y despacho aduanero. La magistrada de origen consideró que, en el caso, no se configuró el abandono de trabajo invocado por la accionada como causal de extinción del contrato, lo que condujo a viabilizar las indemnizaciones previstas por la ley 20.744 por despido sin causa y la del art. 2º de la ley 25.323.

    También llega firme a esta instancia que la trabajadora fue sometida a un ritmo de trabajo excesivo y sujeta a presiones inadecuadas, situaciones que provocaron que en 2010 padeciera síntomas de angustia, ansiedad y stress laboral que la obligaron a recibir tratamiento médico; una presión y exigencia que, según la Magistrada que me precedió, implicaron una condición de trabajo insalubre que provocó un deterioro en la salud de la Sra.

    P. y finalmente desembocaron en su desvinculación laboral el 31.05.2010. La jueza a quo concluyó y llega consentido, que el ambiente de trabajo en el que se desempeñó la Sra. P. por un lapso de dos años a las órdenes de ambas coaccionadas, no cumplió ni mínimamente con los parámetros de las disposiciones de higiene y seguridad para evitar este tipo de dolencias, provocadas fundamentalmente por la recarga de tareas y la Fecha de firma: 05/11/2020

    Firmado por: M.V.M.C., SECRETARIO DE CAMARA

    Firmado por: G.A.V., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.C.H., JUEZ DE CAMARA

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    presión laboral y que las empleadoras no cumplieron con la obligación que dimana del art. 75 de la LCT, consistente en “proveer la dación de tareas adecuadas y en el marco de protección de la salud psicofísica de los trabajadores, entre las que se incluyen todas las condiciones de labor, que no se reducen a tomar en cuenta la existencia de cosas viciosas, riesgosas o ambientes de trabajo nocivos por productos u elementos a manipular, sino un ambiente de trabajo que proteja al trabajador de todas las cuestiones que puedan afectar su salud, incluso la psíquica”. Sobre tales presupuestos fácticos, la a quo sentenció –y arriba consentido- que “sobre las condiciones de trabajo estresantes que desencadenaron la dolencia de la accionante resultaron hábiles para sustentar el reclamo en las normas del Derecho Común, desde que puede concluirse válidamente que el daño moral se produce por no haber adoptado la empresa empleadora las medidas de Seguridad de Higiene pertinentes, de acuerdo a la obligación impuesta por el art. 75 de la LCT ya citado, y en tanto se ha demostrado una situación de riesgo para la trabajadora a sufrir, como consecuencia por el trabajo estresante cumplido en beneficio de las coaccionadas con extensas jornadas de las que también dieron cuenta en forma coincidente los testigos de autos”. Por tales razones, en grado se difirió a condena una indemnización por daño moral, fundada en el derecho común, rechazándose el reclamo de daño patrimonial, pues la Magistrada, con base en el dictamen pericial médico, llegó a la conclusión que la trabajadora, en la actualidad, no presenta incapacidad psíquica, lo que llega firme.

  4. La actora se queja: a) porque se rechazó la procedencia de las multas de los arts. 10 y 15 de la ley 24.013 Nacional de Empleo y, en subsidio, la del art. 1º de la ley 25.323; b) porque no se condenó

    solidariamente a las personas humanas codemandadas (J.A.I. y S.M.T.) a pagar los créditos indemnizatorios y a extender las certificaciones del art.80 LCT; c) porque la condena al pago de la indemnización por daño moral, fundada en el derecho común, no alcanzó

    Fecha de firma: 05/11/2020

    Firmado por: M.V.M.C., SECRETARIO DE CAMARA

    Firmado por: G.A.V., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.C.H., JUEZ DE CAMARA

    a J.A.I., S.M.T. y FEDERACIÓN

    PATRONAL SEGUROS SA; d) porque considera reducida la partida cuantificada en concepto de daño moral ($ 15.000, más intereses); e)

    porque la mejor remuneración del último año de la relación laboral que fue tomada por la a quo, para determinar las partidas indemnizatorias, fue de $

    4.281,77 y no de $ 5.600 mensuales reclamada en la demanda y f) porque se difirió para la etapa de ejecución el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad de la ley 24.432 (art.8º).

  5. Le asiste razón a la apelante en el sentido que ha sido acreditado que parte de su salario era pagado de manera clandestina, así como que la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año del vínculo laboral, no se corresponde con la que surge de la AFIP (fs. 214/15),

    informada unilateralmente por la patronal y tomada por la a quo, o sea, de $

    4.281,77 – enero 2010-.

    Hago esta afirmación, porque la prueba testifical, analizada en conjunto y según las reglas de la sana crítica (artículo 386, Código Procesal C.il y Comercial de la Nación) permite tener por acreditada la ilicitud en materia salarial que ha sido puesta en controversia y, en este plano, no coincido con la valoración realizada en grado. La trabajadora denunció en la demanda que percibía parte de su salario fuera de registro y que éste ascendía a $5.600 mensuales, monto que también consignó en la cartular cursada en los términos del art.11 de la ley 24.013 para emplazar el correcto registro de la relación laboral, intimación que fue rechazada por FROM AR

    SRL el 31.05.2010 a través de la epístola por la que puso fin ilegítimamente a la relación laboral (CD Nº 104555649), en la que desconoció la imputación de que abonaba “sumas en negro” (sic). El argumento vertido en la sentencia de origen, referido a que la omisión de la trabajadora, en el intercambio telegráfico (ver CD Nº 11811858 6), de consignar el monto específico de la parte de la remuneración que era percibida de forma extracontable, habría tenido aptitud para poner en riesgo el derecho de defensa de la contraparte Fecha de firma: 05/11/2020

    Firmado por: M.V.M.C., SECRETARIO DE CAMARA

    Firmado por: G.A.V., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.C.H., JUEZ DE CAMARA

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    no puede compartirse, porque bastaba, a esos fines, con que la Sra. P. aludiera a la real remuneración ($ 5600) para que tal indefensión no se concretara. Digo esto porque, a las empleadoras, les bastaba con una mera operación matemática para tener noticia del quantum que se le endilgaba como pago por un medio ilícito, ya que solamente debía restar, a la suma de $ 5.600 denunciada por la Sra. P. como salario real –en el telegrama-, la suma que en concepto de retribución pagaba a la trabajadora, o sea, la que registraba en su contabilidad y denunciaba unilateralmente ante la AFIP.

    Como bien señala la quejosa en su memorial: “las accionadas tenían pleno,

    cabal y concreto conocimiento de cuáles eran las sumas que hacían figurar en los recibos y la que efectivamente abonaban a la actora, entre lo que pagaban haciendo figurar en los recibos y lo que abonaban ‘en negro".

    Retornando a la cuestión de los pagos extracontables, el análisis conjunto de las testificales de S. (fs.356/357), U. (fs.371) y G. (fs.379/382) permiten tener por probado el pago de parte del salario en forma extracontable. Así, P.S., quien trabajó junto a la actora, afirmó

    que ella trabajó...

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