Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 13 de Noviembre de 2018, expediente CAF 039571/2018/CA001

Fecha de Resolución:13 de Noviembre de 2018
Emisor:Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II Nº 39.571/2018 Buenos Aires, de noviembre de 2018 Y VISTOS: estos autos caratulados “LA PAPELERA DEL PLATA S.A. c/

DNCI s/ Defensa del Consumidor – Ley 24240 – Art. 45”, y CONSIDERANDO:

  1. Por disposición nro. DI-2018-24-APN-DNCI#MP, de fecha 8 de febrero de 2018, la Dirección Nacional de Comercio Interior –en adelante DNCI–, impuso a la firma LA PAPELERA DEL PLATA S.A. –en adelante LPP–, una multa de pesos doscientos sesenta mil ($ 260.000), por infracción al artículo 4º de la ley 24.240Ley de Defensa del Consumidor, en adelante LDC– (fs. 160/163).

  2. Contra dicha decisión, la sancionada interpuso recurso de apelación conforme lo establecido en el artículo 45 de la ley 24.240 (fs. 173/193).

    Explica que con la finalidad de colaborar con la Fundación Hospital Garrahan –en adelante FHG–, lanzó la acción “Babysec+Garrahan+Vos, un gran equipo”. Indica que dicha acción tenía por objetivo que por cada código de cualquiera de los productos B. que se ingrese en la página www.babysec.com.ar o en la página de Facebook www.facebook.com/BabysecArgentina, se done a la FHG la suma de pesos tres ($3), equivalente al precio promedio de un pañal. Aclara que se limitó el monto a donar en el punto 4.3 de las Bases y Condiciones, estableciendo como tope la suma de pesos quinientos mil ($500.000). Afirma que todo lo expuesto fue debidamente informado en las Bases y Condiciones, las que fueron publicitadas a través de ciertos anuncios.

    Destaca que tal como fuera manifestado al momento de presentar el descargo en sede administrativa, se ingresaron un total de 69.886 códigos, equivalente a pesos doscientos nueve mil seiscientos cincuenta y ocho ($209.658). Aclara que cumplió con lo indicado en las publicidades y las Bases y Condiciones y donó a la FHG, no solo la suma recaudada, sino que decidió donar aún más que lo establecido, transfiriendo un total de pesos trescientos mil ($300.000), conforme lo acredita con los comprobantes que adjunta.

    Pone de relieve que tanto la acción como la donación finalmente realizada no fueron en ningún momento objetadas, ni por los consumidores ni por la FHG.

    En atención a lo expuesto, en primer término, solicita se declare la nulidad de la mencionada disposición, por entender que la misma vulnera la garantía constitucional “nemo tenetur se ipsum accusare”, según la cual nadie se encuentra obligado a declarar contra sí mismo, al haber utilizado en su contra la Fecha de firma: 13/11/2018 Alta en sistema: 20/11/2018 Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA 1 #31925760#219360862#20181112123809279 documentación que se vio obligada a acompañar bajo apercibimiento de ser sancionada.

    Alega que el requerimiento mediante el cual se exigió la documentación fue formulado en los términos del artículo 14 inciso c) de la Ley de Lealtad Comercial y su incumplimiento conllevaba las sanciones previstas en el artículo 21 de la misma normativa, por lo cual no pudo ser resistido por su parte. Explica que la condena que aquí se cuestiona implica una inversión de la carga de la prueba, haciendo pesar sobre ella su omisión probatoria. Afirma que tal proceder comporta un acto insanablemente nulo en la medida en que se afectan garantías constitucionales básicas como el principio de inocencia y las reglas del debido proceso adjetivo previstas en el artículo 18 de la Constitución Nacional.

    Destaca que la DNCI fue mutando sus argumentos, debido a que los esgrimidos para imputarle el presunto incumplimiento del artículo 4º de la LDC no son los mismos que después esbozó para finalmente condenarla. Explica que para efectuar la imputación la autoridad administrativa indicó que LPP no había aclarado “debidamente que se donaría una suma deliberadamente establecida por la sumariada” y, luego para sancionarla la DNCI dijo que “lo que se reprochó fue haber omitido información respecto al monto máximo que se donaría y con ello la modalidad para hacerlo efectivo”.

    Resalta que este cambio de fundamentación brindada por la DNCI vulnera completamente la garantía al debido proceso que le asiste en razón del artículo 18 de la CN, por cuanto no pudo defenderse de esa interpretación en oportunidad de cuestionar la imputación y ofrecer descargo. Afirma que esto ya resultaría suficiente para declarar la nulidad de la disposición sancionatoria.

    Sin perjuicio de ello, indica que para el caso de que lo planteado no proceda, explica de que modo la disposición aquí impugnada lo agravia.

    Al respecto, aduce que la interpretación que la DNCI hace del artículo 4º de la LDC es totalmente incorrecta. Explica que dicha norma exige informar las condiciones de comercialización de los productos ofrecidos por el proveedor, pero que el monto máximo a donar no es una condición de comercialización de los productos “Babysec”, sino que se trata de una de las varias condiciones de la acción de donar. Agrega que aún así si se asumiera que el monto máximo a donar es efectivamente una condición de comercialización, no sería obligatorio informarlo necesariamente en el cuerpo de las publicidades, porque el artículo 4º de la LCD nada dice en tal sentido. Añade que la LDC no establece una forma determinada de brindar información exigida por el Fecha de firma: 13/11/2018 Alta en sistema: 20/11/2018 Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA 2 #31925760#219360862#20181112123809279 Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II Nº 39.571/2018 mencionado artículo, por lo que mal puede presumirse que debe necesariamente constar en el cuerpo de las publicidades como lo sostiene la DNCI.

    Alega que dicha exigencia resulta impredecible y antieconómica, porque con ese criterio debería incluirse toda la información establecida en las bases de las publicidades.

    Por otro lado, señala que la disposición sancionatoria ignora lo normado por la Secretaria de Comercio mediante la resolución 915/2017 a través de la cual se aclara que la información exigida en el artículo 4º de la LDC no debe incluirse necesariamente en las publicidades, sino que es suficiente con incluirla en una página web y hacer una remisión a esa página en la publicidad en cuestión.

    Aclara que ello es lo que se efectuó al pie de la publicidad que fuera fiscalizada.

    Resalta que la disposición es tendenciosa porque afirma que el monto máximo a donar por LPP a la FHG no fue informado, cuando ello constaba en las Bases y Condiciones. Pone de relieve que es falso que se “impidió al consumidor, motivado por la acción de donar, conocer cuanto efectivamente se estaba donando y que porcentaje representaba su aporte”, por cuanto el consumidor podía conocer el tope máximo que se donaría accediendo a las bases mediante el link informado en las publicidades.

    Resalta que el hecho de que el alegado incumplimiento constituya una infracción formal no autoriza a sancionarla cuando no se configuró respecto de ella el elemento subjetivo de la infracción. Agrega que es claro que efectivamente fue intención informar al consumidor respecto de las condiciones de la acción.

    Por otro lado, destaca que resulta manifiesta la completa ausencia de daño a los consumidores. Explica que la demostración de la absoluta ausencia del perjuicio se desprende de la mera constatación del valor recaudado y la suma efectivamente donada. Agrega que quizás no resulte necesaria la comprobación del daño, pero cuando se ha probado su inexistencia, ello no puede dejarse de lado y desconsiderarse.

    Resalta que se la condena cuando no se ha alcanzado un grado de certeza suficiente respecto del encuadramiento de la conducta imputada en lo dispuesto en el artículo 4º de la LDC, en violación del principio in dubio pro reo.

    Agrega que también se encuentra vulnerado el derecho a la libertad de expresión y a ejercer toda industria licita, al sancionarla por difundir una acción solidaria de forma completamente legítima.

    Fecha de firma: 13/11/2018 Alta en sistema: 20/11/2018 Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA 3 #31925760#219360862#20181112123809279 Conforme lo expuesto, solicita se revoque la disposición sancionatoria o, en su defecto, se reduzca el monto de la multa impuesta por resultar exorbitante y abusivo.

    Al respecto, sostiene que la multa resulta a todas luces desproporcionada. Aclara que ninguno de los motivos dados para imponer la exorbitante multa son válidos, no solo por la probada ausencia de daño sino porque se está queriendo disuadir e imponer un castigo por cumplir las normas y realizar una campaña solidaria. Añade que resulta evidente que la disposición adolece de la debida motivación que deben cumplir todos los actos administrativos para ser considerados una expresión válida de la voluntad estatal.

    Explica que la DNCI ha violado su deber de motivar suficientemente el acto, porque ha omitido exteriorizar el razonamiento llevado a cabo para la graduación de la sanción realizando meras afirmaciones genéricas e ignorando que las publicidades cumplen con la normativa vigente y desconsiderando que se ha probado que no se ha producido daño alguno, lo que implica una negación del derecho de defensa, porque le impide defenderse eficientemente.

    Plantea la inconstitucionalidad de la obligación del solve et repete dispuesto en el artículo 45 de la LDC.

    Por último, indica que en el artículo 45 de la LDC se dispone como único requisito de admisibilidad del recurso de apelación el pago de la multa impuesta pero no así la publicación de la sanción, por eso es que entiende que mal puede otorgarse un plazo de cinco días para proceder al cumplimiento de la publicación ordenada cuando la disposición sancionatoria aún no se encuentra firme y consentida.

    Por lo expuesto, manifiesta que, salvo instrucción en contrario, interpreta que el plazo de cinco días para cumplir con la orden impartida en el artículo 3º de la disposición sancionatoria debe computarse desde...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba