Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 12 de Agosto de 2009, expediente C 96636

PresidentePettigiani-de Lázzari-Soria-Negri-Kogan
Fecha de Resolución12 de Agosto de 2009
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

Dictamen de la Procuración General:

La Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Matanza confirmó la resolución dictada por el juez de la instancia anterior que, a su turno -v. fs. 1049/1053 vta.-, dispuso no hacer lugar a la homologación de la propuesta de acuerdo preventivo presentada por el doctor F.G.P. y, en consecuencia, decretó su quiebra (fs. 1114/1124 vta.).

El fallido nombrado -con patrocinio letrado- impugnó dicho pronunciamiento mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1128/1137 vta.), cuya vista recibo de fs. 1150 y pasaré a evacuar seguidamente.

El embate del recurrente apunta, básicamente, a controvertir dos de los fundamentos que condujeron al tribunal de alzada a pronunciarse por la confirmación del resolutorio de primer grado que decretara su quiebra, a saber: a) la decisión de rechazar la procedencia de los pagos por subrogación presentados en autos y, b) la declaración de extemporaneidad de las conformidades obtenidas.

Con relación al primer motivo de impugnación vertido, denuncia el presentante la violación del art. 767 del Código Civil, cuya aplicación al caso desechó la alzada con el erróneo argumento de considerar que colisiona con la normativa del orden público concursal, a la que, en definitiva, otorga preeminencia por sobre el derecho civil.

Sobre el punto, aduce que el sentenciante se equivoca al sostener tal premisa en tanto asegura que el instituto del pago por subrogación constituye un principio general del derecho susceptible de ser aplicado a cualquier situación jurídica en la que también debe incluirse el ordenamiento concursal y los únicos presupuestos de procedencia para poner en marcha su operatividad son la concurrencia de tres sujetos: un deudor, un acreedor y un tercero, interesado o no, siendo la voluntad de uno solo -la de quien ha de pagar- la que interesa a los fines de su viabilidad.

En esa línea de razonamiento, destaca que so capa de extremar la protección del “orden público” interesado en los procesos universales, la alzada se ha preocupado en demasía por cuidar cada una de las acreencias verificadas y declaradas admisibles, perdiendo de vista la situación del concursado quien de resultas del “supuesto orden público” tantas veces enarbolado en la sentencia en crítica -afirma- se ve perjudicado con la declaración de quiebra.

Tampoco es cierto -continúa- que la implementación del pago por subrogación al que hubo de apelar para lograr las conformidades de los acreedores subrogantes, altere la “pars conditio creditorum” como se concluye en el fallo, habida cuenta que más allá de las suspicacias que la utilización de tal medio de pago pudiera despertar en el ánimo del juzgador, es lo cierto que es un instrumento previsto en el ordenamiento legal.

El recurso, en mi opinión, resulta manifiestamente insuficiente, por lo que propongo que sea rechazado por V.E.

Desde siempre, ese Alto Tribunal tiene dicho que la apreciación de las circunstancias fácticas que llevan al juzgador a aceptar o rechazar una propuesta de acuerdo, constituye una cuestión de hecho o circunstancial, por lo que las conclusiones arribadas a su respecto sólo admiten revisión en la instancia extraordinaria por la vía del absurdo (conf. causas Ac. 39.851, sent. del 4-VII-1989; Ac. 52.042, sent. del 7-III-1995; Ac. 72.258, sent. del 13-XII-2000).

Pues bien, en el decisorio materia de embate, fueron precisamente las circunstancias que rodearon la obtención de las mayorías exigidas por la ley falencial por parte del deudor concursado, las que llevaron al sentenciante de grado a emitir su opinión confirmatoria de la sostenida por el juez de primer grado en el sentido de rechazar la homologación del acuerdo preventivo presentado y, hete aquí, que la valoración de dichas cuestiones circunstanciales no son idóneamente rebatidas por el presentante en la medida que soslaya invocar la existencia del vicio de absurdo, único supuesto excepcional que admitiría a V.E. a penetrar en el conocimiento de las referidas cuestiones de hecho cuya ponderación -sabido es- se halla reservada a los jueces de las instancias ordinarias (conf. S.C.B.A. causas Ac. 88.609, sent. del 23-XI-2005; Ac. 75.676, sent. del 19-II-2002; e. o.).

En efecto, fuera de la exhibición de su personal criterio de interpretación, desde ya opuesto al sostenido por la alzada, el fallido soslaya hacerse cargo de controvertir de la mano del absurdo, vicio lógico que de acuerdo a la definición tantas veces reiterada por V.E. constituye “el error palmario, grave y manifiesto que conduce a conclusiones contradictorias, incongruentes o inconciliables con las constancias objetivas de la causa” (v. causas Ac. 82.864, sent. del 1-III-2004; Ac. 89.233, sent. del 6-VII-2005 y Ac. 91.321, sent. del 15-III-2006, entre muchas más), las razones por las cuales el tribunal sentenciante interpretó que el pago por subrogación efectuado por terceros desinteresados encubría, en rigor, una cesión de créditos cuya instrumentación, a más de no reunir el cumplimiento de los recaudos a los que la ley subordina su operatividad -arts. 1454 sigtes. y concordantes del Código Civil-, viola las previsiones del art. 45 de la ley 24.522 que excluyen a los cesionarios del deudor dentro del año anterior a la presentación, del cómputo de las mayorías que la citada legislación exige.

Por el contrario, lejos de intentar -como dejé dicho y lo revela la lectura del escrito de protesta- evidenciar la presencia de la mencionada anomalía invalidante en el razonamiento seguido por el juzgador de mérito en la ponderación de las circunstancias en derredor de las cuales el fallido obtuvo las mayorías de ley, reduce su crítica a la sola manifestación de su discordancia personal, la...

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