Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala M, 7 de Abril de 2021, expediente CIV 081484/2014/CA001

Fecha de Resolución 7 de Abril de 2021
EmisorCamara Civil - Sala M

Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL - SALA M

ACUERDO. En Buenos Aires, a los días del mes de abril del año dos mil veintiuno, hallándose reunidas las señoras jueces de la S. “M” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Dras. G.A.I. y M.I.B., a fin de pronunciarse en los autos “Palermo, M.I. y otros c/ Martorell, M.S. y otro s/ daños y perjuicios”, expediente n°

81.484/2014, la Dra. I. dijo:

  1. En la sentencia dictada a fs. 369/382, la señora jueza de primera instancia hizo lugar a la demanda promovida por M.I.P.,

    M.G.I., M.I.P., G.I.P. y M.M.P. y condenó a M.S.M. y a “Metropol Compañía Argentina de Seguros S.A.” (esta última, en los términos del art. 118

    de la ley 17.418) a abonar a los actores la suma total de $868.390, en el plazo de diez días, con más sus intereses y las costas del proceso.

    Contra dicha decisión expresaron agravios los coactores M.I.P., M.I.P., G.I.P. y M.M.P. (21/09/2020), los que no merecieron respuesta; y la citada en garantía (08/09/2020), los que fueron contestados por los coactores apelantes el 21 de septiembre de 2020 y luego por M.G.I. por vía de adhesión (21/09/2020).

    Por su parte, la Defensora de Menores de Cámara mantuvo el recurso interpuesto por su par de la anterior instancia y lo fundó (21/12/2020).

    Corrido el traslado de rigor, las partes guardaron silencio.

    Finalmente, la providencia que llamó autos a sentencia ha adquirido firmeza, por lo que la causa se encuentra en condiciones de dictar el pronunciamiento definitivo.

  2. Antecedentes del caso Según se expuso al promover la demanda, el día 6 de septiembre de 2013, a las 17:30hs aproximadamente, la Sra. Palermo se encontraba circulando al mando del vehículo Fiat Fiorino, dominio MIB-774,

    propiedad del Sr. I., junto a sus tres hijos por la calle L. de Vega. Al llegar a la intersección que la arteria mencionada forma con la calle L. emprendió el cruce, donde fue embestida en su lateral izquierdo por la parte delantera del Fiat Regata, conducido en aquella oportunidad por el Sr. J.D.Z. y propiedad de la demandada.

    Fecha de firma: 07/04/2021

    Firmado por: M.I.B., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: A.P.R., SECRETARIO INTERINO

    Firmado por: G.A.I., JUEZ DE CAMARA

    A raíz del impacto, los actores sufrieron las lesiones que describieron en el escrito inicial. El resarcimiento de los daños patrimoniales y extrapatrimoniales padecidos por las víctimas como consecuencia del accidente constituye el objeto del presente proceso.

  3. En su expresión de agravios, los actores cuestionaron las sumas otorgadas por daño físico, daño psicológico y daño moral.

    También se agraviaron de que no se haya determinado una tasa de interés mayor para el caso de incumplimiento de la condena.

    Por su parte, la citada en garantía criticó que se hubiera declarado inoponible el límite de cobertura contratado con su asegurada, la cuantía de las partidas incapacidad física, incapacidad psicológica, gastos por tratamiento futuro, daño moral, gastos de atención médica y farmacia, daño material, privación de uso y el temperamento adoptado en materia de intereses.

    Ahora bien, habida cuenta de que los demás aspectos de lo decidido por mi colega de grado (entre los que se encuentra la ocurrencia del evento dañoso y la responsabilidad de la parte demandada) no han sido recurridos,

    debe considerárselos firmes y consentidos en esta etapa de las actuaciones (conf.

    arts. 271, 277 y concs. CPCCN).

  4. Aplicación de la ley en el tiempo Antes de detenerme en lo que constituye el objeto de los agravios, considero conveniente aclarar que los recurrentes no formularon ninguna crítica en relación al marco legal con sujeción al cual mi colega de la instancia anterior resolvió la cuestión, lo que me exime de abundar en consideraciones acerca de ese tema. Sin perjuicio de ello, habré de señalar que,

    como el hecho ilícito que dio origen a esta litis se produjo con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, será juzgado –en sus elementos constitutivos y con excepción de sus consecuencias no agotadas- de acuerdo al sistema del anterior Código Civil, interpretado, claro está, a la luz de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por nuestro país porque así lo impone una correcta hermenéutica en respeto a la supremacía constitucional (cfr. art. 7, Código Civil y Comercial; S.L., “E., Naiara Belén c/ Guerra, C.A. y otros s/ daños y perjuicios”, 17/3/2016, expte. N° 87.204/2012; “C., V.E.c.M.,

    J.A. y otro s/ cumplimiento de contrato”, 26/4/2016, expte. N°

    38.543/2013; “D., Odina Elizabeth c/ Cencosud S.A. s/ daños y perjuicios”,

    12/5/2016, expte. N° 59.298/2011; entre muchos otros).

    Fecha de firma: 07/04/2021

    Firmado por: M.I.B., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: A.P.R., SECRETARIO INTERINO

    Firmado por: G.A.I., JUEZ DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL - SALA M

  5. Extensión del resarcimiento A.- María I.P. 1.- Incapacidad sobreviniente y tratamiento psicológico En lo que se refiere a este punto, comparto plenamente el criterio de mi colega de esta S., Dra. B., quien ha expresado que por incapacidad sobreviniente debe entenderse cualquier alteración del estado de salud física o psíquica de una persona que le impide gozar de la vida en la medida en que lo hacía con anterioridad al hecho, con independencia de cualquier referencia a su capacidad productiva (conf. A.B., “Il fatti illeciti”, en Tratatto de D.P. (dir. Resigno), XIV-6, p- 9). La protección de la integridad corporal y la salud estuvo implícitamente consagrada en la Constitución Nacional de 1853 (S.C.J.M., sala I, marzo 1-1993,

    Fundación Cardiovascular de Mendoza c/Asociación de Clínicas de Mendoza

    E.D. To. 153 pág. 163 con nota de S.A. y, explícitamente, en el art.

    42 de la Carta Magna y a través de la incorporación de los tratados internacionales, en la modificación de 1994.

    Tal protección resulta, entre otros, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 25.1: “Todo ser humano tiene el derecho a un nivel de vida que le permita a él mismo y a su familia gozar de salud y bienestar; tiene derecho a la seguridad en caso de desempleo,

    enfermedad, discapacidad, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia”); del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 12.1: “Los Estados se comprometen al reconocimiento de derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”); de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 5.1: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral” y art. 11.1: “Toda persona tiene el derecho… al reconocimiento de su dignidad”);

    del art. 18 del Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad”).

    Así, se advierte que la salud aparece como un bien jurídico de la mayor jerarquía a la hora de su tutela jurídica, y en virtud de ello, las consecuencias de su afectación resultan un daño resarcible, en tanto agravia el Fecha de firma: 07/04/2021

    Firmado por: M.I.B., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: A.P.R., SECRETARIO INTERINO

    Firmado por: G.A.I., JUEZ DE CAMARA

    interés de la persona a mantener su nivel de salud, que es protegido por el ordenamiento (conf. Parellada, C.A., “Incapacidad parcial y permanente”,

    en “Reparación de daños a la persona. R. indemnizatorios y responsabilidades especiales”, dir. T.R., F.-B., M., ed. La Ley, 2014, T. III p. 3). Si se ubica a la persona como centro y eje del ordenamiento jurídico, el contenido y la consideración del daño experimentado ha de tener especial significación (voto de la Dra. B. en CNCiv, esta S.,

    V., A.M.c., V.P. y otro s/ daños y perjuicios

    ,

    6/8/2020).

    Estos principios fueron consagrados en el nuevo ordenamiento jusprivatista, sobre la base de la doctrina y de la jurisprudencia ya elaboradas teniendo en mira, precisamente, la incorporación de las normas de rango constitucional y convencional. Así, el artículo 1737 del Código Civil y Comercial da una definición genérica y abarcativa del concepto de daño, en tanto que el artículo 1738 determina que la indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances. Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida. A su vez, el artículo 1740 consagra expresamente, como ya lo he dicho, el principio de la reparación plena, y el artículo 1746 establece pautas para fijar la indemnización en caso de lesiones o incapacidad física o psíquica.

    Las nuevas normas han consagrado los criterios doctrinales y jurisprudenciales ya aceptados en la materia, pues tal como lo ha establecido el Máximo Tribunal, cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, ya que la integridad psicofísica tiene por sí misma un valor indemnizable y su lesión comprende, además de aquella actividad económica,

    diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural o social con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida (CSJN,

    Fallos 308:1109; 312:2412; 315:2834; 318:1715).

    Ahora bien, en materia de procesos de daños y perjuicios, la prueba pericial resulta de particular trascendencia en lo que se refiere a la...

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