Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Vii, 12 de Julio de 2022, expediente CNT 069740/2013/CA001

Fecha de Resolución12 de Julio de 2022
EmisorCámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Vii

Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO

- SALA VII

CAUSA Nº 69740/2013

SENTENCIA DEFINITIVA Nº 57519

CAUSA Nº 69740/2013 – SALA VII – JUZGADO Nº 49

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 12 días del mes de julio de 2022, para dictar sentencia en los autos: “PALANDELLA, CAMILA C/ MAPFRE

ARGENTINA A.R.T. S.A. Y OTRO S/ ACCIDENTE - ACCIÓN CIVIL”, se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA P.S.R. DIJO:

  1. El pronunciamiento de la instancia anterior, que hizo lugar a la demanda promovida por enfermedad profesional fundada en el derecho común, viene apelado por ambas demandadas, con réplica de la contraria,

    conforme se visualiza en el estado de actuaciones del sistema de gestión Lex100. A su turno, la representación letrada de la parte actora y la perito médica apelan los honorarios que les fueron regulados, considerarlos exiguos.

    La codemandada GALENO A.R.T. S.A. -antes MAPFRE

    ARGENTINA A.R.T. S.A., empleadora de la actora-, dice agraviarse porque Magistrada de grado concluyó que la actividad que se desarrolla en el establecimiento en el que la actora prestó servicios resulta ser riesgosa, en los términos del art. 1.113 del Código Civil, así como que la accionante padece un síndrome de burn out que guarda nexo causal con el trabajo cumplido. Sostiene que los empleadores se hallan eximidos de responsabilidad civil salvo en caso de dolo, por lo que no pueden resultar responsables frente a los reclamos fundados en el derecho común. Agrega que el art. 1757 del Código Civil y Comercial de la Nación resulta aplicable a aquellos casos en los cuales existe cosa o actividad riesgosa o peligrosa, en tanto que, en el presente caso, la actividad que desarrolla la empresa no reviste tales caracteres, por lo que mal podría atribuirse responsabilidad a su mandante en virtud de la norma citada.

    Señala, desde otro ángulo, que en el informe presentado por la perito médica, no se observa que la experta haya acompañado la batería de tests a la que refiere, ni que hubiese llevado a cabo un relevamiento de los antecedentes personales de la demandante, los que -según alega-, resultan determinantes como marcadores psicológicos. Sostiene que la profesional no logra acreditar que el daño psíquico guarda relación de causalidad con las actividades laborales desempeñadas por la pretensora para su mandante, en tanto que no existe ningún síntoma compatible, ni la afectación de alguna de Fecha de firma: 12/07/2022

    Firmado por: G.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.C.A.B., PROSECRETARIA DE CAMARA

    Firmado por: P.S.R., JUEZ DE CAMARA

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    CAUSA Nº 69740/2013

    las esferas psicológicas. Asevera que la perito basa sus conclusiones en los dichos de la propia actora y que no pueden considerarse como “daño psíquico” los síntomas aislados que no constituyen una enfermedad, ni tampoco aquellos cuadros que no tengan relación con el acontecimiento de la causa. Agrega que tampoco es considerado daño psíquico aquello que no está jurídicamente consolidado, pues los trastornos mentales transitorios son susceptibles de tratamiento y de licencias, no así de indemnización. Afirma que la perito no tuvo en consideración la personalidad de base de la actora,

    ni practicó un diagnóstico diferencial con las numerosas causas de la vida diaria, factibles de generar el cuadro señalado.

    También objeta el decisorio en cuanto admitió el resarcimiento por daño moral, por el cual se estableció una reparación de $800.000.-. Alega que los daños no pueden ser presumidos como ligeramente lo pretende la parte actora en su escrito de inicio, sino que deben ser demostrados y debidamente ponderados en función de pruebas concretas indiciarias de su entidad. Afirma que la condena en este aspecto resulta ser absolutamente arbitraria, pues no existe en autos prueba concreta que indique la entidad del daño moral.

    Asimismo, critica las tasas de interés que en el pronunciamiento se dispuso aplicar al capital de condena y, por último, objeta la forma en la que fueron impuestas las costas, así como los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora, porque los considera excesivos.

    Por su parte, EXPERTA A.R.T. S.A. se queja porque la Juzgadora de la anterior instancia consideró a la actividad laboral desempeñada por la actora como “cosa peligrosa o riesgosa”. Cuestiona la validez probatoria de los testimonios prestados en la causa a propuesta de la accionante, los que,

    según afirma, no resultan idóneos para acreditar nexo causal alguno.

    Sostiene que la actividad administrativa no puede encuadrarse en el concepto de “cosa” vinculada a una presunta afección psicológica. Asimismo,

    dice agraviarse por la atribución de responsabilidad a su representada con base en las pruebas pericial médica y testimonial, por el desmedido importe de condena que -según dice- no guarda relación con el salario percibido y que resulta de mal interpretar el informe de A.F.I.P., y porque se adicionó el daño moral a una condena por daño psíquico, en función de una pericia médica que fue debidamente impugnada.

    Desde otra arista, cuestiona el decisorio en cuanto imputó a su parte una conducta negligente y omisiva, consistente en incumplir Fecha de firma: 12/07/2022

    Firmado por: G.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.C.A.B., PROSECRETARIA DE CAMARA

    Firmado por: P.S.R., JUEZ DE CAMARA

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    previsiones legales en materia de seguridad. Sobre esta cuestión, asevera que no resulta posible controlar un sistema administrativo, esto es, una circulación de papeles que no muestran riesgo o peligro y en el que no hay prevención posible, pues ello implicaría un control sobre la totalidad de los empleados y de su desempeño en cada uno de los sectores. Añade que las obligaciones a su cargo resultan ser de medios y no de resultado, lo cual tiene fundamental relevancia al determinar la responsabilidad extracontractual de su mandante.

    También objeta el importe diferido a condena en concepto de daño material y, en su relación, destaca que el salario considerado como base no se condice con los que constan en los recibos agregados por la propia actora. Asimismo, se queja porque se añadió la indemnización por daño moral, el cual, según aduce, no posee autonomía respecto del daño psicológico, por lo que adicionar a una reparación por daño psíquico otra por daño moral, importa la imposición de una doble indemnización por la misma alteración.

    Por último, objeta las tasas de interés cuya aplicación se dispuso en grado, así como la fecha desde la cual se decidió que deben correr dichos accesorios. Sobre esto último, sostiene que, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 2º de la Resolución Nro. 104/98, debió establecerse que los intereses se aplicarán desde la fecha de la notificación de la sentencia y no así desde la establecida en un certificado, que fuera emitido por una médica psiquiatra que no es parte en el proceso.

    También apela los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora y a los peritos actuantes, por considerarlos elevados.

  2. Por razones de estricta índole metodológica, abordaré los agravios vertidos en el orden en que se expone a continuación, teniendo especialmente en cuenta la vinculación de los planteos entre sí, así como la incidencia que cada de ellos representa en la solución del pleito.

    Así las cosas, abordaré en primer lugar las quejas que formulan ambas accionadas y que se dirigen a cuestionar el nexo de causalidad adecuado de la afección psíquica que presenta la actora -informada en el peritaje médico- con las tareas cumplidas, el cual, en la sentencia en crisis,

    se tuvo por acreditado en función de la prueba testimonial y del informe pericial cuya valoración también critican las recurrentes.

    Fecha de firma: 12/07/2022

    Firmado por: G.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.C.A.B., PROSECRETARIA DE CAMARA

    Firmado por: P.S.R., JUEZ DE CAMARA

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    Sobre el particular, en primer lugar señalaré que la perito médica designada en autos, en el trabajo que presentó a fs. 262/280 dictaminó, con base en las constancias de interés médico legal agregadas a la causa, el examen físico y otros estudios complementarios practicados, que la actora presenta un síndrome de burn out, equivalente a un trastorno por estrés postraumático crónico grave, “…ya que aparecen manifestaciones relacionadas con situaciones cotidianas totalmente ajenas al conflicto generador de la reacción, hay alteración de las relaciones laborales y de la vida familiar, presenta alteración de la personalidad de base y requiere terapia prolongada y tratamiento farmacólogo…”. Asimismo, la especialista explicó que “…Los sucesos que promueven las presentes actuaciones, han tenido para la subjetividad de la señora P. la suficiente intensidad como para evidenciar un estado de perturbación emocional encuadrable en la figura de Daño Psíquico, por acarrear modificaciones en diversas áreas de despliegue vital. Presenta una disfunción, alteración y deterioro que afecta sus esferas afectiva, intelectiva y volitiva, limitando su capacidad de goce individual, familiar, laboral, social y recreativo, que configura un trastorno novedoso en la vida del examinado, es consecuencia de las tareas que desarrollaba en cuestión y deja en el evaluado una secuela incapacitante respecto de las aptitudes psíquicas previas….”. En función de ello, concluyó

    que la pretensora presenta una reacción vivencial anormal neurótica de grado III-IV, que la incapacita en el orden del 25 % de la total obrera conforme al baremo previsto en el decreto Nro. 659/96, en tanto que, de acuerdo al baremo general para el Fuero Civil de Altube-Rinaldi, la incapacidad es...

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