Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 23 de Abril de 2019, expediente CAF 3545/2017/CA2 - CA1

Fecha de Resolución23 de Abril de 2019
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala V

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Expte. Nº 3.545/2017 “PAIVA JARA, M.A. c/ EN-M INTERIOR OP Y

V- DNM s/ RECURSO DIRECTO”

Buenos Aires, de abril de 2019.-MNP VISTOS

Y CONSIDERANDO:

Los Sres. Jueces de Cámara, D.. Guillermo F.

Treacy y P.G.F. dijeron:

I.- Que a fojas 410, la jueza de grado hizo lugar a la oposición formulada por la Dirección Nacional de Migraciones (en adelante, DNM) y rechazó la intervención del Defensor de Menores e Incapaces, en representación de los hijos menores del Sr. M.A.P.J. en el marco del presente proceso.

Al respecto, expuso que “la circunstancia de que el actor tenga hijos menores de edad no basta para concluir que es obligatoria la intervención del Defensor Público de Menores e Incapaces en los términos del art. 103 del Código Civil y Comercial de la Nación, toda vez que los niños no revisten per se la condición de parte en el proceso”. Agregó

que el actor cuestiona las disposiciones dictadas por la demandada en el marco de la Ley Nº 25.871, el cual no prevé la participación necesaria de los hijos menores del interesado, ni que posean una pretensión autónoma para oponerse a la validez del acto que declara irregular la permanencia de su padre y ordena su expulsión. Además, expuso que “el interés de los menores se ve amparado en el derecho de ‘reunificación familiar’ consagrado a todo migrante en la ley 25.871 y se encuentra así resguardado por la actuación de su progenitor”.

II.- Que a fojas 411/414 la Defensora Pública Coadyuvante, en representación del actor, interpuso y fundó recurso de apelación contra el rechazo de la intervención del Defensor Público de Menores e Incapaces, remedio que fue contestado por la DNM a fojas 420/424.

Al respecto, señaló que la jueza de grado no valoró el interés superior de los hijos argentinos del accionante, con quienes convive junto a su pareja, de acuerdo con lo previsto en la Opinión Consultiva OC-21/14. Agregó que la cuestión no radicaba en si los niños Fecha de firma: 23/04/2019 Alta en sistema: 25/04/2019 Firmado por: G.F.T.-.J.F.A.-.P.G. FEDRIANI #29401153#231458028#20190423103910286 eran o no partes del proceso, sino en qué medida su interés superior se vería afectado ante el desmembramiento de la familia. Reseñó lo dispuesto por la citada opinión consultiva y el estándar que debía ser aplicado en el caso.

Agregó que la jueza no valoró quién se haría responsable de la manutención económica y cuidado personal de los niños. Citó el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, la Ley Nº 26.061 y jurisprudencia internacional en apoyo de su postura. Destacó las afectaciones que se producirían en la vida de los niños de confirmarse la expulsión. Por último, expuso que el accionar cuestionado impidió que “se active el mecanismo tendiente a la concreción de la protección antes mencionada, lo cual constituye una violación al derecho de defensa en juicio y debido proceso de los niños aquí involucrados”.

III.- Que a fojas 428 tomó intervención el F.C., quien opinó que la cuestión suscitada era inapelable. Sin perjuicio de ello, en virtud de lo solicitado por esta Sala a fojas 430, dictaminó

nuevamente a fojas 431, donde sostuvo que no era necesaria la intervención del Defensor Público de Menores, ya que los menores no eran parte en la presente litis.

IV.- Que en primer lugar, es dable destacar que la cuestión a resolver se circunscribe a determinar si resulta necesaria la intervención del Ministerio Público de Menores e Incapaces y, eventualmente, en qué condiciones esto debe cumplirse. Ello, sin perjuicio del derecho de reunificación familiar que corresponda al accionante, aspecto deberá ser abordado en la resolución definitiva del pleito.

IV.1.- En lo que aquí interesa, el artículo 3º del Convención sobre Derechos del Niño (instrumento que posee jerarquía constitucional, conf. art. 75 inc. 22 de la CN, en adelante CDN) prescribe que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño (conf. par. 1). Por su parte, el párrafo 2º de la disposición antes citada, prevé que los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras...

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