Un país que camina hacia el autoritarismo

 
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La Argentina camina derecho hacia el autoritarismo, perversión política de la que creyó haber salido para siempre hace casi 28 años. El bloqueo total al diario Clarín, que ayer no pudo acceder a sus lectores, y el bloqueo parcial a LA NACION, que vio seriamente demorada la distribución de sus diarios, quedarán registrados dentro de la madrugada más regresiva de la nueva democracia argentina.Constituyen, al mismo tiempo, un gravísimo precedente, porque quedó demostrado que un pequeño grupo de personas violentas y vandálicas, protegidas por un Estado autoritario, puede quebrar la natural y cotidiana relación entre los diarios y sus lectores. ¿Cuándo será el próximo bloqueo? ¿Cuánto tiempo durará en un país donde la policía es sólo un testigo privilegiado, inmóvil e impotente, de las peores violaciones de las leyes?La culpa más grande no es de los que ejecutaron la depredación en la larga noche del sábado. Si sólo hubieran sido ellos, la solución no habría tardado en llegar más que unos pocos minutos. Desde enero último, existe una resolución del juez Gastón Polo Olivera, que dispuso que la circulación de medios gráficos no debe ser interrumpida jamás por una manifestación. Esa orden debió ser cumplida de inmediato por la policía, que es el brazo ejecutor de la Justicia, pero la policía se encuentra bajo la virtual intervención de la ministra de Seguridad, Nilda Garré. Garré tiene una historia de absoluta disciplina a sus jefes políticos; esa permanente sumisión implica que debió consultar la actitud de la policía con Cristina Kirchner. Lo que sucedió anteanoche fue la más grave agresión contra el periodismo libre desde 1983, dispuesta por la cima de un poder político sin medidas ni límites.Ya se ha hecho habitual, de todos modos, que el gobierno kirchnerista no cumpla con las órdenes de la Justicia, cuando esas órdenes incomodan sus planes políticos o sus intereses personales. Desde la negativa a cumplir la orden de la Corte Suprema de Justicia, que lleva más de una década, para reincorporar al fiscal Eduardo Sosa en Santa Cruz, hasta la reciente desobediencia de la Policía Federal a una orden del juez federal Luis Armella, que mandó desalojar la ocupación ilegal de viviendas en Villa Soldati, el gobierno kirchnerista convierte los recursos institucionales y las fuerzas policiales en instrumentos para combatir de hecho a la Justicia. ¿Qué queda de la Justica cuando sus decisiones resultan escritas en el agua?La policía fue advertida en la noche del sábado...

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