Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, 17 de Abril de 2012, expediente 46.484

Fecha de Resolución17 de Abril de 2012

Poder Judicial de la Nación C.N.° 46.484 “P., R.O. s/ prórroga de prisión preventiva”.

° °

J.. Fed. n° 3 - Secretaría n° 6

Expte. n° 12.621/06

Reg. 307

Buenos Aires, 17 de abril de 2012.

Y VISTOS

Y CONSIDERANDO:

I. Llegan las actuaciones a conocimiento de este Tribunal en virtud de la elevación dispuesta por el titular del J.ado Federal N° 3,

Secretaría N° 6 a los efectos de que esta S. efectúe el contralor, en los términos del art. 1° de la ley 24.390, de la decisión de fs. 3/12 por medio de la cual se USO OFICIAL

prorrogó en esta causa la prisión preventiva de R.O.P. por el plazo de un año, teniendo en cuenta que el vencimiento del término de dos años habría operado el 17 de noviembre de 2011 (arts. 311, 319 y 332 del C.P.P.N, arts. 1°, 3

y 4 de la ley 24.390 -t.o. ley 25.430-; y arts. 316, segundo párrafo a contrario sensu, 317 y 319 del C.P.P.N.).

El representante del Ministerio Público Fiscal se había opuesto oportunamente a la liberación del imputado y requerido, en consecuencia, que la medida se prorrogara por un año (cfr. art. 1° de la ley 24.390). Teniendo en cuenta que esa norma reglamenta la garantía establecida por el art. 7.5 de la CADH, así como la doctrina de “Bramajo” (CSJN, B. 851

XXXI, del 12/9/96), el Sr. Fiscal argumentó que los plazos por ella estipulados no operan en forma automática, sino que deben sopesarse conjuntamente, a los efectos de evaluar la razonabilidad del mantenimiento de la prisión preventiva,

con las pautas de los arts. 280 y 319 del C.P.P.N.

Desde ese norte, estimó que la objetiva y provisional valoración de los hechos atribuidos a P., encuadrados en la categoría de crímenes de lesa humanidad; la cuota de complejidad que añaden al proceso la cantidad de hechos que se le imputan; y la cercanía del juicio oral, permitían presuponer fundadamente la configuración de los peligros procesales que habilitan la medida cautelar. Concluyó que la duración del encierro cautelar más allá de los dos años no devenía irrazonable y que la dilación del proceso, en función de las circunstancias apuntadas, no podía ser cargada a una eventual ineficiencia estatal en la persecución.

El Sr. J. admitió esta pretensión y recordó, en primer lugar,

la doctrina de “Bramajo”, la cual estimó reproducida en precedentes de tribunales inferiores y reafirmada por la propia CSJN in re: “A.” (Fallos:

318:1877). Consideró así que el plazo del art. 1° de la ley 24.390 no operaba automáticamente, sino que debía ser analizado a la luz de criterios restrictivos,

que en el caso eran los siguientes: 1) la verificación de las circunstancias del art.

319 del C.P.P.N.; y 2) la complejidad de las actuaciones en el marco de la especial gravedad de los sucesos investigados en la causa.

En lo que se refiere al primer criterio, sostuvo que era factible presumir la concreta concurrencia de peligros para la consecución de los fines del proceso penal. Respecto del riesgo de fuga dijo que, si bien no resultaba automática la valoración de la gravedad de los hechos imputados para exceptuar la regla de la libertad antes de una eventual condena, la pena con la que aquellos se encontraban conminados, la naturaleza de los delitos atribuidos y el grado de presunción de culpabilidad del imputado, constituían pautas valorativas que debían ser sopesadas al momento de realizar la proyección a futuro de la posible conducta procesal de la persona enjuiciada.

En esta dirección, recordó que a R.O.P. le fueron atribuidas dos privaciones ilegales de la libertad agravadas, por el uso de violencia o amenazas; que tales sucesos se le atribuían como autor; y que, sin perjuicio de la pena prevista en abstracto para tales delitos, no podían dejar de ponderarse las circunstancias en que se cometieron tales sucesos a la hora de evaluar la intensidad de afectación del bien jurídico subyacente. Consideró que,

en consecuencia, podía inferirse que, de recaer condena, la determinación de la pena aplicable al imputado podría alejarse drásticamente de los mínimos legales.

En lo concerniente al peligro de entorpecimiento de las investigaciones, el J. sostuvo que resultaba aplicable la doctrina de esta S. in re: “R.” (c/n° 40.231, rta. el 3/6/07, reg. N° 505), por cuanto restaban dilucidarse circunstancias relativas a los hechos que damnificaron a cada una de las víctimas.

Poder Judicial de la Nación Respecto del criterio vinculado con la complejidad de las actuaciones, el Dr. Rafecas sostuvo que los sucesos por los que se persigue a P. comparten las características generales de aquellos perpetrados por la dictadura militar, en ejecución del plan clandestino de represión ilegal (descriptas en el marco de la causa N° 13/84 de este Tribunal). Esta modalidad de concreción de los hechos -tanto en lo que concierne al alejamiento de los mecanismos legales, como a la intencionalidad de eliminar todos aquellos posibles rastros que dejaran tales hechos- se dirigía a una finalidad ulterior:

lograr la impunidad de los autores. Por ello, este objetivo dificultó la tarea jurisdiccional.

II. La defensa de P. sostuvo que el mantenimiento de la detención cautelar del nombrado, más allá de los dos años estipulados en el art.

  1. de la ley 24.390, devenía irrazonable y, por lo tanto, postuló la revocación de USO OFICIAL

la prórroga dispuesta.

Primero argumentó que debía desecharse tanto la complejidad de la causa y la pluralidad de hechos atribuidos a P. que hubiese impedido el dictado de una sentencia en el tiempo transcurrido, como motivos habilitantes de la extensión.

Por otro lado, objetó el decisorio por la falta de consideración de la necesidad del encierro preventivo, pues se obvió todo análisis acerca de la adecuación de medidas de menor ingerencia para asegurar los fines del proceso.

Sin perjuicio de estos señalamientos, refirió que, en función de ciertos precedentes de los organismos internacionales encargados de interpretar y aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos, debía mudarse el viejo enfoque de interpretación de la ley 24.390.

En este sentido, requirió que la intelección se hiciera sobre el texto de la norma anterior a la reforma de la ley 25.430, por resultar más benigna que la sancionada con posterioridad a los hechos del proceso. Explicó que mientras aquella establecía como único motivo de oposición del Ministerio Público Fiscal, respecto de la liberación de la persona detenida preventivamente tras los dos años de encierro cautelar, la existencia de articulaciones dilatorias por parte de la defensa, la nueva ley agregaba la gravedad del delito atribuido o la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas por el art. 319 del C.P.P.N. Argumentó que aun cuando se negara el carácter material de la ley, lo cierto es que una norma que afecta la libertad ambulatoria debe encontrarse también dentro del ámbito de protección de la garantía en cuestión (citó, en apoyo de esta postura, el dictamen del PGN en Fallos: 331:472, así como doctrina relacionada con el punto).

En segundo lugar, dijo que la CIDH había establecido tres parámetros para evaluar la razonabilidad del plazo de detención preventiva de una persona: la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales, jurisprudencia que resulta afín a la redacción original de la ley 24.390 y que, por lo demás, ha sido relativizada en sentido restrictivo con posterioridad, especialmente a partir del informe 2/97 de la Comisión Interamericana.

En lo referido a la complejidad de la causa, descartó la factibilidad de que dentro de dicho marco pudiera pesar el tipo de delito o la pena establecida, por tratarse de cuestiones evaluadas al disponerse la prisión preventiva y ajenas al catálogo de excepciones de la regla general relativa al plazo de esa medida cautelar.

Para fundar la imposibilidad de aplicar la única excepción prevista por la ley 24.390, el defensor sostuvo que la investigación de los hechos imputados a P. no resultaba compleja, desde el momento en que la investigación se encontraría concluida, próxima a la clausura de la instrucción.

Fundó su aproximación a la ley 24.390 en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relativo al caso “P.B.”

(N° 12.553, informe N° 86/09, del 6/8/09) y en la sentencia de la Corte Interamericana recaída en “B.(. vs. Argentina, sentencia del 30/10/08).

Respecto de estos antecedentes, subrayó la consideración de la Comisión y de la Corte, en el sentido de que, durante la vigencia de la prisión preventiva, el juzgador deberá revisar periódicamente la subsistencia de las causas, necesidad y proporcionalidad que originariamente fundaron la medida,

circunstancia que no se ha verificado en el sub examine.

Por último, cuestionó la afirmación de la concurrencia de peligros procesales.

Poder Judicial de la Nación

III. La decisión del J. de primera instancia de prorrogar la prisión preventiva por el plazo de un año en los términos del art. 1° de la ley 24.390 será homologada por las razones que seguidamente se expondrán, de acuerdo con lo resuelto por esta S. en otras oportunidades (cfr. c.n° 45.620

S., reg. 677, rta. el 23/06/11 y c.n° 45.621 “Cámara”, reg. n° 678, rta.

el 23/06/11).

La pretensión de que se aplique la ley 24.390, en su redacción original, habrá de ser rechazada toda vez que la defensa no ha demostrado que la concreta aplicación de la reforma de la ley 25.430 al caso de su defendido, torne más gravosa su situación en lo que atañe a su libertad.

Según hemos visto, la defensa se limitó a señalar que, a diferencia del texto anterior, la nueva redacción agregaba dos supuestos de oposición por parte del Ministerio Público Fiscal: 1) que esa parte entendiese que USO OFICIAL

concurre alguna de las circunstancias previstas en el art. 319 del C.P.P.N.; 2) por la especial gravedad del delito atribuido al imputado.

Sin embargo, la decisión del J. no se fundó en la aplicación de los “nuevos supuestos” a modo de excepciones legales autónomas a la limitación temporal a la que se...

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