Un pacto fiscal para consolidar el federalismo

La gestión de Cristina Fernández de Kirchner concluye con ribetes de extrema gravedad. El desborde del gasto ha llevado el déficit financiero a un nivel estimado de 8 por ciento del producto bruto interno (PBI). Se trata de un desequilibrio cuya equiparación sólo puede encontrarse en episodios del pasado tan críticos como el "rodrigazo", en 1975, o la hiperinflación de 1989. Más preocupante es que tal déficit se produzca cuando la presión impositiva también ha alcanzado niveles nunca vistos y, obviamente, insostenibles. De hecho, el gobierno entrante ha debido anunciar una reducción de las retenciones a la exportación y un aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Ambas medidas reducirán los ingresos tributarios.

El gasto público del conjunto de la Nación, de las provincias y de los municipios, alcanza hoy el 47% del PBI, cuando durante los veinte años previos a 2001 promedió un 30%. La recaudación impositiva en la misma comparación pasó del 27 al 39%. Si la evolución del gasto se midiera en moneda dura, de 87.000 millones de dólares en 2002 se pasó a 225.000 millones en 2015. No debe extrañar por lo tanto la pérdida de competitividad de nuestro país, que no sólo se ha debido al retraso cambiario, sino también al peso de un Estado hipertrófico que poco da y mucho quita.

Resulta claro que si se pretende un cuadro fiscal compatible con el crecimiento, con la estabilidad monetaria y con las condiciones necesarias para obtener financiamiento externo, se deberá trabajar profundamente sobre el gasto público.

Hay causas identificables del crecimiento del gasto. El gobierno nacional implementó planes sociales y dedicó sumas cada vez más cuantiosas a los subsidios a la energía y al transporte, que compensaron congelamientos tarifarios.

Debe computarse, además, el fuerte aumento de la cantidad de jubilados y pensionados, que se beneficiaron con las moratorias. Este conjunto de causas que se ubican principalmente en la jurisdicción nacional explican algo más de la mitad del crecimiento del gasto estatal del período. Los gobiernos provinciales tuvieron allí escasa incidencia, no así en el aumento de las plantas burocráticas. Efectivamente, una parte importante del incremento del gasto se debió a este motivo. La administración nacional evolucionó de 241.400 agentes, en 2003, a 389.800, en 2015. El conjunto de los gobiernos provinciales y municipales pasó de 2.145.600 a 3.842.200 empleados. No hay ninguna justificación para semejante...