Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 8 de Mayo de 2019, expediente A 74573

PresidenteNegri-de Lázzari-Soria-Pettigiani
Fecha de Resolución 8 de Mayo de 2019
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 8 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresN., de L., S., P.,se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.573, "., V.B. c/ Municipalidad de La Plata s/ pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos".

A N T E C E D E N T E S

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, por mayoría, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el Municipio de La Plata y revocó la decisión de primera instancia que había ordenado al demandado, a título cautelar, reinstalar a la actora como personal temporario mensualizado a partir de la notificación de ese pronunciamiento y hasta el dictado de la sentencia definitiva, dejando sin efecto la apuntada medida precautoria (v. fs. 186/190 vta.).

Disconforme, la actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 198/212 vta.), que fue denegado por ela quocon fundamento en que la decisión impugnada no era definitiva ni equiparable a tal (v. fs. 214/215).

La denegatoria motivó la interposición de la queja prevista en el art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 275/295 vta.). Mediante resolución de fecha 2-III-2017 este Tribunal declaró mal denegado el remedio extraordinario, concediéndolo y llamando autos para resolver (v. fs. 312/314).

Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, corresponde plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 198/212 vta.?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor N. dijo:

  1. En autos, en cuanto es pertinente para la resolución del caso, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, por mayoría, hizo lugar al recurso de apelación articulado por el municipio demandado, revocó la sentencia de primera instancia y dejó sin efecto la medida cautelar allí concedida -por la que se ordenaba reinstalar a la parte actora como personal temporario mensualizado a partir de la notificación de ese pronunciamiento y hasta el dictado del definitivo- (v. fs. 186/190 vta.).

    Para así decidir, el Tribunala quoconsideró no se contaba en las actuaciones con elementos suficientes para tener por satisfecho el recaudo de procedencia de la tutela provisoria referido a la verosimilitud del derecho. En ese sentido, estimó que resultaba gravitante la situación de revista de la demandante -planta temporaria, con vencimiento a término y bajo el régimen de la ley 11.757- y ponderó que no podía accederse a un grado razonable de certeza en torno a la discriminación invocada en el escrito inicial como motivo del cese.

    En su recurso de inaplicabilidad de ley (v. fs. 198/212 vta.), la parte actora destaca que, con anterioridad a la revocatoria de la medida cautelar, se presentó en el expediente denunciando como hecho nuevo el diagnóstico de ser portadora de Virus de Inmunodeficiencia Humana (HIV), circunstancia que, según alega, no fue ponderada por la Cámara.

    Afirma, en síntesis, que la decisión impugnada no constituye una derivación razonada del derecho vigente; que los jueces omitieron deliberadamente considerar los términos de la ley 14.783, que desvirtuaron el instituto cautelar al requerir mayor debate y prueba y que la decisión es injusta e insensible por desentenderse de la particular situación relacionada con su estado de salud, así como de las graves consecuencias que derivarían de su dictado.

    Sostiene que el pronunciamiento recurrido es dogmático, se aparta de la legislación vigente concebida de manera integral y omite valorar todos los recaudos exigidos para la procedencia de las medidas cautelares. En ese sentido, hace hincapié en la satisfacción del requisito del peligro en la demora y aduce que el gravamen derivado del cese de su relación de empleo es irreparable.

    Por último, señala que la concesión de la medida precautoria en cuestión no conlleva afectación del interés público.

  2. El recurso en tratamiento debe prosperar.

    Si bien el esclarecimiento de la legitimidad de los actos administrativos enjuiciados es una tarea propia de la sentencia definitiva, advierto que se encuentran configurados en la especie los requisitos exigidos en esta etapa procesal para el despacho favorable de la medida cautelar peticionada.

  3. En reiteradas oportunidades este Tribunal ha expresado que la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede el marco de lo hipotético, motivo por el cual la procedencia de toda medida precautoria no exige de los jueces un examen de certeza sobre el derecho pretendido, sino verificar la verosimilitud del derecho y la existencia de peligro de que si se mantuviera o alterara, en su caso, la situación de hecho o de derecho, la modificación pudiera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o imposible (conf. art. 230 CPCC y doctr. causas I. 1.947, "B. de Monterrubianesi", resol. de 5-X-2005; I. 68.807, "M., resol. de 10-X-2007; e.o.).

    En cuanto al recaudo del peligro en la demora, definido como "...el peligro de que, mientras el órgano jurisdiccional realiza su tarea, la situación de hecho se altere de modo tal que, a la postre, resulte ineficaz o tardío su mandato, expuesto al llegar cuando el daño sea irremediable" (conf. M., P.L., S. y B., "Códigos Procesales Comentados y Anotados", Ed. P., 1971, t. III, p. 60), se ha dicho que el mismo debe ser juzgado de acuerdo a un juicio objetivo o derivar de hechos que pueden ser apreciados incluso por terceros (Fallos: 314:711; 317:978; 319:1325; 321:695, 2278; 323:337, 1849; 326:1999, 3658).

  4. Tales premisas han sido soslayadas por ela quoquien omitió evaluar el pedimento cautelar a la luz de la delicada situación de la accionante, de sus sucesivas designaciones como personal temporario en la Municipalidad de La Plata y la naturaleza alimentaria del salario y desplazó, de ese modo, las normas denunciadas en el escrito en análisis.

    A ello cabe agregar lo decidido por esta Suprema Corte en la resolución de fs. 312/314, en orden a que la sentencia de la Cámara actuante resulta equiparable a definitiva, en cuanto podría incidir también en el derecho a la salud de la peticionaria al privarla de la cobertura de la obra social.

    Asimismo, y dado el tiempo que previsiblemente insumiría arribar al pronunciamiento definitivo, cabía presumir que la privación de aquel ingreso podría ocasionarle a la recurrente un gravamen de muy difícil reparación ulterior.

    Por último, no se observa que la concesión de la medida, en los términos solicitados, pudiera causar algún perjuicio al interés público (conf. art. 22, inc. "c", ley 12.008, texto según ley 13.101).

  5. Las razones expuestas resultan suficientes para hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto y revocar, en consecuencia, el pronunciamiento impugnado (art. 289, CPCC).

    Voto, así, por laafirmativa.

    A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de L. dijo:

    A. al voto del doctor N., formulando de mi lado consideraciones complementarias.

    I.S. del recurso.

    Encuentro debidamente controvertidos los soportes fundamentales de la sentencia de Cámara. Ello así en tanto en el recurso se hace mérito de una concreta situación presuntamente discriminatoria, con estricta apoyatura en la legislación nacional y provincial pertinente con más la remisión al ámbito constitucional y supranacional aplicables.

  6. La acreditación de los presupuestos de toda medida cautelar.

    Tanto en el recurso como en el pronunciamiento inicial se alude a una suerte de balance a efectuarse en la apreciación de los extremos requeridos para el otorgamiento de medidas cautelares, que operaría en términos de exigir un mayor o menor rigor en la valoración de uno de ellos según la envergadura o nitidez que presente el otro. En otras palabras, pareciera esbozarse un esquema a tenor del cual, por ejemplo, a mayor intensidad que exhibiese el requisito verosimilitud del derecho menor exigencia debería ponerse en la estimación del peligro en la demora. No comparto esta ecuación. La interinidad del juzgamiento en el terreno cautelar no es equivalente a la superficialidad en su tratamiento. No hay una relación de dependencia, influencia, subordinación o supeditación de un recaudo sobre el otro. Todos deben ser justificados. De otra manera se los hace funcionar indebidamente como vasos comunicantes, sin...

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