Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala K, 27 de Septiembre de 2023, expediente CIV 045720/2016/CA002

Fecha de Resolución27 de Septiembre de 2023
EmisorCamara Civil - Sala K

Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL - SALA K

P., N. Y OTRO s/DETERMINACION DE LA CAPACIDAD

N° 45720/2016

Juzgado N° 86

Buenos Aires, 27 de SEPTIEMBRE de 2023.

AUTOS Y VISTOS:

I- Vienen los autos a conocimiento de este Tribunal en consulta, conforme lo dispuesto por los arts. 253 bis y 633 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en relación a la sentencia dictada a fs. 968/971 y en virtud de la apelación interpuesta por el señor N. P., contra el pronunciamiento aludido (fs. 975).

Fundado el recurso (fs. 977/978), lo replicó la progenitora señora A. O. (fs. 982).

La señora Defensora Pública de Menores de Cámara dictaminó a fs. 1037/1041.

II- En la resolución impugnada la señora magistrada resolvió mantener la capacidad general de ejercicio del señor N. P., restringiéndola en lo que se refiere a los actos de administración y disposición de bienes, trámites por ante los efectores de salud tales como: atenciones médicas urgentes, gestiones ante la obra social y para el cumplimiento de los tratamientos médicos generales,

psiquiátricos y psicológicos. Designó para aquellos actos con la modalidad de asistencia y apoyo del causante al D.J.P. a quien se le indicó el deber de colaborar con el señor N. P. en todo lo referido a la toma de decisiones respecto de los actos mencionados debiendo promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las preferencias del nombrado debiendo respetar la voluntad y sus preferencias y procurar su atención, asistencia, apoyo y estimulación.

III- El recurrente sostiene que la sentencia escapa a la presunción de plena capacidad de las personas, la que solo puede ser desvirtuada en circunstancias excepcionales que -a su entender- no se verifican en el caso de autos. Refiere que ese principio se encuentra consagrado en el artículo 34 del Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley 26.657 de Derecho a la Protección de la Salud Mental, los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos,

doctrina y jurisprudencia en la materia.

Sostiene que pese a no haberse dictado sentencia firme respecto a su capacidad jurídica, se vio privado de la disposición de las sumas de dinero que por derecho le corresponden en calidad de heredero de su padre.

Fecha de firma: 27/09/2023

Alta en sistema: 29/09/2023

Firmado por: B.A.V., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: S.P.B., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: A.E.M., SECRETARIO DE CAMARA

Agrega que a efectos de resguardar los derechos y la autonomía de la voluntad del recurrente, es que la sentencia dictada debió haber especificado los actos de administración y disposición que requerirán de su sistema de apoyo.

Concluye en que la sentencia debe revocarse.

Al contestar el traslado, la progenitora del señor P. (denunciante)

propugnó la confirmación del pronunciamiento, en mérito de las pruebas producidas.

IV- La señora Defensora de Menores e Incapaces de Cámara considera que el memorial no constituye una crítica concreta y razonada del fallo (conf. arts.

265 y 266, CPCC). Sin perjuicio de ello, en los términos de los arts. 253 bis y 633

del Código Procesal y en el entendimiento que la sentencia ha sido dictada conforme la normativa del CCCN y la ley 26.657, propugna su confirmatoria.

La valoración de la expresión de agravios, a los fines de determinar si reúne las exigencias necesarias para mantener el recurso, no debe llevarse a cabo con injustificado rigor formal que afecte la defensa en juicio.

De ahí que, en su sustanciación, el cumplimiento de los requisitos debe ponderarse con tolerancia, mediante una interpretación amplia que los tenga presentes aun frente a la precariedad de la crítica del fallo apelado, directiva que tiende a la armonía en el acatamiento de los recaudos legales, a la aludida garantía de la defensa en juicio y a delimitar restrictivamente el ámbito de las sanciones que importan pérdida o caducidad de los derechos del apelante (esta Sala, Exptes. Nº 30129/2016, Nº 62.741/2017).

El criterio amplio que preside la materia tiende, así, a asegurar a las partes en litigio una mayor oportunidad para defender sus derechos y afianzar con ello la garantía consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional.

En ese marco, debe ponderarse que la pieza cuestionada cumple, en lo pertinente, con lo dispuesto por el art. 265 del Código Procesal.

V- En vista al recurso que abre la instancia, cabe destacar que promovió la presente causa la señora A. O., progenitora del señor N. P. solicitando se determine la capacidad y, eventualmente, se establezca un sistema de apoyo que se considere más adecuado a la situación existencial de su hijo (confr fs. 1/12,

digital).

El señor N. P. tomó intervención en los actuados formulando oposición a su trámite. Refirió estar en pleno uso y goce de sus facultades mentales, además de considerar que es persona capaz para tomar decisiones por si mismo (fs. 18,

Fecha de firma: 27/09/2023

Alta en sistema: 29/09/2023

Firmado por: B.A.V., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: S.P.B., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: A.E.M., SECRETARIO DE CAMARA

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papel). Si bien designó un profesional como apoyo provisorio (D.N.O., el letrado declinó su designación (Confr. fs. 63, 66, 68 y 102, papel).

Conforme valoración inicial de los elementos arrimados a la causa, se dispuso la apertura a prueba (confr fs. 92/93, papel). Asimismo, se designaron los profesionales competentes para la elaboración del informe interdisciplinario en los términos del art. 8 de la ley 26.657 y a los fines de lo dispuesto por el art. 37 del CCCN.

Presentado el informe interdisciplinario, se dió traslado al señor P., al Dr.

Pierrastegui (por aquél entonces, su apoyo y defensa técnica) y a la señora O.,

sin que se formularan objeciones (fs. 937, fs. 938, cédulas del 20 y 21 de abril de 2022 y de fs. 962, digital).

A su vez, la División Centro de Orientación a la Víctima confeccionó el informe socio ambiental, se celebró la audiencia prevista en el art. 35 del CCCN y luego se dictó la sentencia en los términos expresados en el punto II de esta pieza (confr. Fs. 641, fs. 603 y fs. 968/971, digital).

VI- Se ha sostenido que los procesos en donde se debate sobre la capacidad de la persona se caracterizan por contar con un tratamiento específico y diferenciado, por la delicadeza y trascendencia del objeto al cual se orientan (Conf. S.G., “Medidas cautelares y provisionales en los procesos de familia”, Ediciones La Rocca, p. 446).

Es por ello que el Código Civil y Comercial de la Nación fija pautas procesales en esa materia. Éstas garantizan el derecho humano de acceso a la justicia de las personas con discapacidad, a las que se deben adaptar las normas procesales en caso de haber diferencias (C.E., “Sistema de Apoyo para la Toma de decisiones de las personas con discapacidad”, Ediciones Locolectivo, Buenos Aires, 2019, p. 190).

El derecho sustancial interno, a partir de este ordenamiento, sigue al llamado “modelo social de discapacidad” y sus principios, consagrado en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad (CDPD), vigente en nuestro país desde el año 2008 y a la cual la ley 27.044 otorgó jerarquía constitucional en los términos del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Con ese influjo, se reguló entre los arts. 31 a 50, las “Restricciones a la Capacidad”, manteniendo como ley especial en el tema a la Ley de Salud Mental N° 26.657 (Conf. esta S.E.. N°45639/2012, 10/12/2019).

Fecha de firma: 27/09/2023

Alta en sistema: 29/09/2023

Firmado por: B.A.V., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: S.P.B., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: A.E.M., SECRETARIO DE CAMARA

Tales disposiciones son obligatorias en el proceso especial destinado a la restricción de la capacidad de ejercicio (arts. 23 y 24 CCCN). Incluso, se establecen en su art. 31 reglas generales, como es la presunción de la existencia de tal capacidad general de ejercicio de la persona (inc. “a”); considerar a sus limitaciones de carácter excepcional y siempre en su beneficio (inc. “b”); concretar una intervención de carácter interdisciplinario, como modalidad de abordaje determinante del tratamiento y del proceso judicial referido a la capacidad (inc.

c

); asegurar el derecho a recibir información a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión (inc. “d”); garantizar el derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada (inc. “e”) y priorizar las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y libertades (inc. “f”).

Por otro lado, el art. 32 del CCCN dispone que “El juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de trece años que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad, siempre que estime que del ejercicio de su...

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