Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, 11 de Noviembre de 2011, expediente 25.426

Fecha de Resolución11 de Noviembre de 2011

Poder Judicial de la Nación Expte.N° 25.426

OYUELA, M.C. c/ BNA y otro s/ Ord.

Juz.Fed.Com.Riv.

C.R., Provincia del Chubut, a los once días del mes de noviembre de dos mil once, reunidos en Acuerdo los señores Conjueces de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones con asiento en esta ciudad, para conocer de los recursos de apelación interpuestos en los autos caratulados "OYUELA, M.C. c/ Banco de la Nación Argentina y otro s/ Ordinario", en trámite ante esta Alzada bajo el Nº 25.426, provenientes del Juzgado Federal de C.R..

Respecto de la sentencia corriente a fs.

622/627vta., el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es justa la sentencia apelada?

El Dr. O.Z.A. dijo:

  1. Se habilita la intervención de esta Alzada OFICIAL

    para el conocimiento del sub lite, a raíz de los siguientes recursos de apelación: a) el deducido a fs. 706/707 por la codemandada Banco de la Nación Argentina contra la sentencia dictada a fs. 622/627 en cuanto se hizo lugar a la demanda y se la condena solidariamente con USO

    el Banco Hipotecario Nacional SA y Organización VERAZ SA; b) el promovido a fs. 708/724 por la codemandada Organización VERAZ; c) el incoado por el Banco Hipotecario Nacional a fs. 725/727; d) el deducido por la actora a fs. 728/736 contra la parte de la sentencia que manda pagar intereses a la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina y e) el también deducido a fs. 647/651 por los letrados apoderados de la actora doctores H.J.F. de las Casas y J.F.F., al considerar bajos los honorarios que le fueran fijados en el pronunciamiento ya referenciado.

  2. La demanda fue promovida a fs.83/92vta.

    contra el Banco Nación Argentina y Organización V. S.A. por cobro de la suma de $ 40.000 en concepto de reparación del daño moral 1

    derivado del hecho de que, al querer contratar el actor servicios bancarios en la sucursal local del Lloyds Bank (BLSA) Limited, fue informado por el Gerente que no reunía las condiciones para ser cliente. Ello así en razón de que según la Organización V. SA,

    registraba hasta el 15 de mayo de 2002 una deuda vencida de $ 23.161

    ante el Banco Hipotecario Nacional, con un atraso catalogado como de entre 180/360 días calificado como categoría 9.

    Como antecedente el actor relata que el 29 de agosto de 1996 compró un inmueble en el Bº Belgrano Nuevo (km.3) de C.R.. Para ello suscribió un contrato de mutuo hipotecario por U$S 60.000 con el Banco de la Nación Argentina como mandatario del Banco Hipotecario Nacional, el que canceló el 25 de febrero de 2003 sin ningún atraso en la amortización de las cuotas.

    La demanda es ampliada al Banco Hipotecario Nacional (fs. 126/133), quien informó a la Organización V. del deficiente pago del actor, haciendo responsable a las dos entidades bancarias de la información errónea suministrada a la Organización V. S.A. Hace responsable asimismo a esta Organización no solo por haber suministrado información falsa sino porque tampoco instrumentó

    las medidas necesarias para que la información se ajustara a la realidad.

    En definitiva, se sostiene que la tutela del honor y la intimidad como objeto principal de la ley 25.326, fueron avasallados en el presente caso.

    La Organización V. S.A. contesta la demanda a fs. 167/192 vta. resumiendo y en lo que aquí interesa, esta codemandada sostiene que los datos incorporados a la base provienen de una fuente pública, el Banco Hipotecario Nacional, y que ellos se limitaron a reproducir los datos enunciados sin que se encontrara 2

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    obligada a verificar la exactitud de los datos en forma previa a su incorporación. Tan pronto como se recibió el pedido de exclusión por la entidad bancaria, la Organización V. procedió a efectuar las correcciones en su base de datos.

    Las consecuencias del error solo pueden imputarse a quien los cometió, en este caso un tercero -la entidad bancaria- , por quien no está obligada a responder.

    El Banco de la Nación Argentina contesta la demanda a fs. 246/251 vta. opone excepción de falta de legitimación pasiva toda vez que si bien el mutuo hipotecario fue otorgado por ese Banco, lo hizo actuando como mandatario del Banco Hipotecario Nacional en virtud de un convenio celebrado entre ambas OFICIAL

    instituciones. Contesta la actora (fs.253/255) y el Juzgado resuelve en la sentencia rechazar la excepción opuesta por el Banco de la Nación Argentina por entender, en síntesis, que la estructura obligacional se caracteriza por haber acordado las partes (Banco USO

    Nación y Banco Hipotecario) una solidaridad activa.

    En la contestación, el BNA sostiene que ella no generó la información errónea y que sólo se limitó a recibir los pagos y transferirlos. Por último, sostiene que el actor no invoca los perjuicios que sufrió por esta situación, los servicios que solicitó y le fueron negados, y las sanciones en su función que le hayan impedido postularse para un concurso.

  3. A fs. 622/627 obra la sentencia de la Señora Juez Federal de esta ciudad por la que se rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por el Banco de la Nación Argentina con costas a su cargo; hace lugar a la demanda interpuesta y condena al Banco Hipotecario S.A., Banco de la Nación Argentina y Organización V. S.A. a pagar la suma de pesos Cuarenta mil ($

    40.000) en concepto de daño moral, debiendo aplicarse la tasa pasiva promedio mensual de interés que publica el BCRA, a partir del 15 de mayo de 2002 hasta su efectivo pago.

  4. 1. Así las cosas, pasaré a analizar los recursos deducidos, comenzando con los agravios del Banco de la Nación Argentina que obran a fs. 706/707vta..

    La sentencia recurrida sostiene en lo esencial que, además del mandato entre Banco Hipotecario Nacional y Banco Nación, para que uno solo de ellos se ocupe de tratar con el deudor y obtener el cobro de la deuda, la estructura obligacional se caracteriza por haber acordado las partes una solidaridad activa. El fundamento de tal solidaridad está dado por la representación recíproca existente entre todos los codeudores o todos los coacreedores, de tal forma que cuando uno de ellos lleva a cabo un acto, lo hace actuando en nombre y cuenta del frente de sujetos del cual forma parte.

    Asimismo se funda en la ley 25.326, que en su art. 35 dispone que la acción procederá respecto de los responsables y usuarios de bancos de datos públicos y de los privados destinados a proveer informes.

    El Banco de la Nación se agravia porque con el Banco Hipotecario Nacional no existió ninguna “solidaridad activa “,

    la cual debe resultar de la ley y en el caso no hay norma legal alguna que así lo establezca.

    Conforme las constancias obrantes en autos -

    acuerdo entre el BNA y el BHN acompañado por este al efectuar su responde – el dueño del negocio de préstamo del dinero o colocación de títulos era el Banco Hipotecario. El BNA en toda esta operatoria actuaba en nombre y representación del BH, en lo que podría 4

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    constituir una representación voluntaria que no nace de la ley.

    Respecto del cliente o tomador del préstamo el representado -BH- es el titular de la relación en sus aspectos activos y pasivos, tiene acción contra terceros y, a la vez, puede ser demandado por éstos.

    Además, fue quien comunicó la información errónea a Organización VERAZ. Por todo ello, en el presente caso soy de opinión que no ha existido responsabilidad del Banco de la Nación, propiciando en consecuencia la aceptación del recurso interpuesto.

    1. En cuanto a los agravios de la codemandada Organización VERAZ S.A., adelanto desde ya que haré lugar a los mismos.

      La sentencia de grado es arbitraria en cuanto OFICIAL

      no puntualiza ni analiza específicamente la conducta reprochable que le cabría en este caso a la referida Organización.

      En cambio de la prueba colectada surge que ante el error en la información, el afectado no reaccionó efectuando USO

      reclamo alguno a esta codemandada por cualquier vía (telefónica,

      epistolar, informática, etc.) a los fines de que se elimine el dato erróneo. Otra sería su responsabilidad si VERAZ S.A. no rectificaba los datos que publicaba cuando su Banco usuario lo anotició del error o se efectuara el reclamo por el damnificado.

      Igualmente está acreditado y admitido por las partes que si bien el dato sobre el actor fue suministrado por la empresa VERAZ SA., ello fue en base a que el Banco Hipotecario S.A.

      le formuló la denuncia pertinente conteniendo una información falsa o errónea. Por lo tanto no puede hacérsele jurídicamente responsable por el error o negligencia del Banco informante, a lo cual debe adunarse que inmediatamente notificada del error en la calificación VERAZ S.A. rectificó los datos que publicaba.

      Al respecto debe decirse que la ley Nº 25.326

      (de Protección de Datos Personales) no obliga a las Bases de Datos a chequear o verificar la veracidad de los datos que ingresan a sus registros. Solo en el caso de que tenga noticia del error o inexactitud se encuentra obligado a rectificarlo en el plazo de cinco días, a cuyo vencimiento al afectado se le abre la vía de la acción de habeas data que tiene sustento en el art. 43 de la Carta Magna.

      Así surge de la correlación de los arts. 4º inc.5) y 16 de la Ley 25.326 y su decreto reglamentario y de ahí, asimismo, el requisito ineludible del reclamo previo que no fue cumplido por el actor.

      En consecuencia de lo expuesto, hago lugar a la apelación de VERAZ S.A.

    2. Veamos ahora el recurso deducido por el Banco Hipotecario a fs. 725/727. La entidad crediticia se agravia porque en el juicio no se acreditó que el daño moral se haya producido en la extensión que traduce el monto de condena -$ 40.000-

      Para ello debe tenerse en cuenta que el único mes informado por la entidad corresponde al mes de febrero/2002 y que VERAZ S.A. tan pronto recibió el pedido de exclusión efectuó la corrección...

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