Oyarbide suma denuncias en los Tribunales y en la Magistratura

 
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El frente judicial y administrativo del juez federal se complicó ayer con la incorporación de nuevas denuncias judiciales y administrativas por en una financiera, en un caso en el que policías que cumplían sus órdenes están acusados de invocando su nombre.

Tras recibir la advertencia del subsecretario de Legal y Técnica, Carlos Liuzzi, según contó el propio magistrado, dispuso levantar el procedimiento. A raíz del escándalo, que roza al secretario del área y superior de Liuzzi, Carlos Zannini, diputados nacionales de la UCR y de la coalición UNEN denunciaron penalmente a Oyarbide y a Liuzzi. La acusación fue presentada por los diputados Manuel Garrido, José Cano y Mario Negri, por los delitos de prevaricato, omisión de persecución penal y encubrimiento.

La causa quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, pero no se descarta que se acumule a la que ya tiene el magistrado Luis Rodríguez y en la que se investiga a los policías denunciados por pedir una coima de US$ 300.000, primero, y $ 2,5 millones, después, para paralizar el procedimiento.

Además, Garrido pidió a la Justicia que revisara el sobreseimiento que Oyarbide dictó en favor de Liuzzi en otra causa, concluida el año pasado, en la que el funcionario fue investigado por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y enriquecimiento ilícito. El argumento de Garrido es que el fallo que benefició al funcionario se debió a "la relación amistosa que existe entre ambos".

Oyarbide ordenó el 19 de diciembre pasado una veintena de allanamientos en una causa por lavado de dinero, uno de ellos en la mutual Propyme, cuyo dueño, Guillermo Greppi, denunció que los oficiales de la división Difoc de la Policía Federal le pidieron plata en nombre del juez para no continuar el operativo. El juez reconoció que suspendió el operativo cuando recibió una llamada de Liuzzi, en la que lo alertaba de presuntas irregularidades en el procedimiento.

"Es llamativo que un magistrado reciba llamadas telefónicas de funcionarios del Poder Ejecutivo, en las que se le hacen sugerencias sobre una causa judicial", dice la denuncia. Y agrega que "la receptividad por parte del doctor Oyarbide presupone un trato previo, ya que, de lo contrario, no se explica cómo el juez confió plenamente en la veracidad del autor de la llamada y no supuso que podría ser un impostor", sostuvieron los diputados.

Sobre la base de la relación de Oyarbide con...

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