Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Ii, 28 de Febrero de 2020, expediente CNT 064129/2014/CA001

Fecha de Resolución28 de Febrero de 2020
EmisorCámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Ii

Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -

SALA II

SENTENCIA DEFINITIVA NRO.: 115235

EXPEDIENTE NRO.: 64129/2014

AUTOS: O.S., K.E. c/ EXPERTA

ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. s/ACCIDENTE - LEY

ESPECIAL

VISTO

Y CONSIDERANDO:

En la ciudad de Buenos Aires, el 28 de febrero de 2020, reunidos los integrantes de la S. II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

M.Á.P. dijo:

La sentencia de primera instancia que hizo lugar a las pretensiones indemnizatorias deducidas con fundamento en la ley especial.

A fin de que sea revisada esa decisión por este Tribunal de A.zada, interpuso recurso de apelación la parte demandada, en los términos y con los alcances que explicita en su expresión de agravios (fs. 202/207). La parte demandada cuestiona los honorarios regulados en favor de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, y de los peritos contadora, psicóloga y médico, por considerarlos elevados (fs.

203vta.).

  1. fundamentar el recurso, la apelante se agravia porque la el Sr. Juez a quo tomó como válidas las conclusiones de la pericia médica –en lo que hace al porcentaje de incapacidad física y psicológica considerado– ignorando los argumentos esgrimidos por su parte al impugnar el dictamen; sostiene que se efectuó en la instancia de grado una errónea evaluación del informe pericial médico rendido en la causa, que éste no se ajusta al baremo establecido en la ley 24.557 y que no se ha probado la existencia del accidente, pues no fue denunciado ante ella. Recurre por último la imposición de costas, la tasa de interés dispuesta en primera instancia y la fecha a partir de la cual se impusieron los intereses diferidos a condena.

    Por las razones que –sucintamente– se han señalado, solicita que se modifique, en tales aspectos, la sentencia recurrida.

    Sólo con el fin de adecuar el tratamiento de las cuestiones planteadas a un método expositivo que posibilite un lógico desarrollo argumental, estimo conveniente analizar los agravios expresados por la demandada, en el orden que a continuación se expondrá.

    Se queja la parte demandada porque el Sr. Juez de la anterior Fecha de firma: 28/02/2020 instancia consideró acreditada la existencia de la minusvalía física y psicológica, que la A.ta en sistema: 02/03/2020

    Firmado por: M.A.P., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: V.A.P., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.S.R., SECRETARIO INTERINO

    actora dijo padecer en el inicio como consecuencia del accidente que sufrió con fecha 21/03/2014.

    Sobre el punto, el planteo recursivo de la parte demandada dirigido a cuestionar el carácter laboral del siniestro padecido, y en particular la relación de causalidad con las patologías detectadas, –y sin que esto implique desmerecer en modo alguno la labor profesional de la letrada que suscribe la presentación–, no cumplimenta el recaudo de admisibilidad formal previsto en el art. 116 de la L.O. porque se basa en consideraciones de carácter genérico, que no llegan a constituir una crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que se estiman equivocadas.

    Creo conveniente recordar aquí que la expresión de agravios debe constituir una exposición jurídica que contenga el análisis serio, razonado y crítico de la sentencia recurrida, a través de argumentos tendientes a descalificar los fundamentos en los que se sustenta la solución adoptada en el decisorio, mediante la invocación de la prueba cuya valoración se considera desacertada o la puesta de manifiesto de la incorrecta interpretación del derecho declarado aplicable a la controversia (art.116 L.O). A tal fin, se debe demostrar, punto por punto, la existencia de los errores de hecho o de derecho en los que pudiera haber incurrido el juzgador y se deben indicar en forma precisa las pruebas y las normas jurídicas que el recurrente estime le asisten (cfr. esta S., in re: “Tapia, R.c., R., S.D. Nº73117, del 30/03/94, “S.M.C.c.A.M. S.A. s/despido”, S.D Nº 100.168, del 24/2/12, entre otras).

    Enseña C.J.C. que la expresión de agravios,

    establece el alcance concreto del recurso y fija la materia reexaminable por el ad quem en las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del juez de primera instancia que sean cuestionadas (conf. arg. art. 271 Y 277 CPCCN). Su blanco es la sentencia respecto de la cual debe formularse una crítica frontal, concreta y argumentada tratando de demostrar los errores que se atribuyen al a quo en el ámbito en que se hayan cometido.

    En tal sentido, dicho tratadista enfatiza que, de la misma manera que la sentencia, la expresión de agravios que ha de controvertirla debe observar a su turno los principios de plenitud y congruencia (conf. C.C.J. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación –anotado y comentado– Abeledo-Perrot, Bs. As. 1975, T.I., págs. 445 y stes.).

    Si bien la insuficiencia formal apuntada bastaría para desestimar –sin más– la procedencia del recurso, a fin de no privar a la recurrente del acceso a esta instancia de revisión y para dar el más amplio campo de operatividad posible a la garantía constitucional al derecho de defensa en juicio, analizaré –seguidamente– el contenido de su presentación.

    Los términos del recurso vertido imponen memorar en lo referente a la ocurrencia del siniestro y su denuncia que el Sr. Juez a quo señaló que: “…Si bien la parte demandada niega tanto la denuncia efectuada por la accionante como las prestaciones brindadas, se encuentran ambos extremos acreditados en autos como ciertos Fecha de firma: 28/02/2020

    según lo informado por el perito contable A.ta en sistema: 02/03/2020

    Firmado por: M.A.P., JUEZ DE CAMARA

    en su presentación de fs. 119/26; pericia no Firmado por: V.A.P., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.S.R., SECRETARIO INTERINO

    Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -

    SALA II

    impugnada por las partes. En efecto, se impone tener por configurada la responsabilidad de la ART por el accidente en virtud de las prestaciones que dice asumidas en el estricto marco de la ley 24.557, por ende, cabe el tratamiento del punto relativo a si se acredita la incapacidad invocada como derivada del infortunio…”.

    Estos fundamentos del fallo, no fueron rebatidos ni desvirtuados por crítica concreta y razonada alguna por lo que llegan firmes a esta alzada,

    y resultan irrevisables en esta instancia, ya que la demandada, se limita a invocar nuevamente los términos vertidos en su responde, relativos a que el siniestro jamás fue denunciado por ante su mandante, y que la actora no produjo prueba a los efectos de acreditar el infortunio ventilado en la litis, sin tener en cuenta lo resuelto en el decisorio de grado. (arg. art. 116 de la L.O.).

    Sobre el punto, cabe memorar que tal como expresé en una causa de aristas similares a la presente (“L., P.A. c/ La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo ART S.A. s/ Accidente – Ley Especial”, SD Nº104.067, del 29/12/2014) sostuve que “corresponde señalar que el art. 6º del decreto 717/96 establece que “La Aseguradora y la prestadora de servicios habilitada conforme el art. 3 del presente decreto no podrá negarse a recibir la denuncia. En todos los casos la Aseguradora deberá expedirse expresamente aceptando o rechazando la pretensión y notificar fehacientemente la decisión al trabajador y al empleador. Asimismo, el art. 22

    del decreto 491/97 establece que “El silencio de la aseguradora se entenderá como aceptación de la pretensión transcurridos diez (10) días de recibida la denuncia. Dicho plazo se suspenderá en el supuesto del art. 10 ap. 1 inc. d) del presente decreto y cuando existan circunstancias objetivas que imposibiliten el conocimiento acabado de la pretensión. En este último caso, la suspensión no podrá superar el término de veinte (20)

    días corridos y la aseguradora deberá otorgar todas las prestaciones hasta tanto defina el rechazo de la pretensión. La aseguradora deberá notificar fehacientemente la suspensión al trabajador y al empleador dentro del término de los diez (10) días de recibida la denuncia". Por otra parte, el art. 23 del mencionado decreto señala que “El otorgamiento de las prestaciones previo al cumplimiento de los términos de aceptación o rechazo de la pretensión nunca se entenderá como aceptación de la misma…".

    Como puede observarse, del juego armónico de las normas antes transcriptas, se desprende claramente que la aseguradora debió haberse expedido expresamente aceptando o rechazando la pretensión y notificar fehacientemente la decisión al trabajador y al empleador dentro del plazo legal reseñado; y, lo cierto, es que la demandada no rechazó la denuncia del accidente de autos (conforme se desprende del informe contable a fs. 123). En efecto, tal como he señalado precedentemente, el art. 6 del dec. 717/96, para considerar válido el rechazo de la denuncia del trabajador de un infortunio, requiere, que la ART “notifique fehacientemente la decisión al trabajador y al empleador”; y lo cierto es que, la ART no invocó ni probó haber efectuado rechazo de Fecha de firma: 28/02/2020

    A.ta en sistema: 02/03/2020

    la denuncia al empleador.

    Firmado por: M.A.P., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: V.A.P., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.S.R., SECRETARIO INTERINO

    Por otra parte, del escrito de contestación de demanda, surge...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR