Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 12 de Noviembre de 2019, expediente CAF 071364/2018/CA001

Fecha de Resolución12 de Noviembre de 2019
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala II

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SALA II 71.364/2018 En Buenos Aires, a los días del mes de noviembre de dos mil diecinueve, reunidos en acuerdo los Señores Jueces de la S.I.I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para conocer respecto del recurso interpuesto en autos: “O.P., N.M. c/ EN - DNM s/ Recurso Directo DNM”, contra la sentencia obrante a fs. 239/243 vta., el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El Dr. L.M.M. dijo:

  1. El Sr. Juez de primera instancia, a fs. 239/243 vta. rechazó el recurso judicial interpuesto por el actor a fs. 2/6 vta. contra: a) la D.osición SDX Nº 27830, de fecha 19 de febrero de 2016, que canceló la residencia permanente del Sr. N.M.O.P., declaró irregular su permanencia en el Territorio Nacional, ordenó su expulsión del país y prohibió su reingreso con carácter permanente; y b) la D.osición SDX Nº

    1907925, del 25 de septiembre de 2018, mediante la que se rechazó el recurso jerárquico intentado contra la decisión indicada en primer lugar.

    Asimismo rechazó el planteo de inconstitucionalidad formulado por el accionante, le impuso las costas y dispuso su retención en los términos y a los fines previstos en los artículos 69 octies y 70 de la ley 25.871 (texto según decreto PEN 70/2017) para el momento de quedar firme o ejecutoriada la sentencia.

  2. Disconforme con lo resuelto, el actor apeló y expresó agravios (fs.

    244/247 vta.), los que fueron contestados por la Dirección Nacional de Migraciones (fs. 250/261).

    Se agravió, en primer lugar, en punto a lo resuelto por el señor Magistrado de grado respecto del rechazo de la reunificación familiar.

    Sobre esta cuestión, entendió que no efectuó una valoración de su vida familiar ya que considera haber acreditado la existencia de 3 hijos (dos con residencia permanente y otro de nacionalidad argentina), un nieto (de nacionalidad argentina), su unión convivencial con la Sra. H.N.L.M. (quien posee radicación permanente) y un hermano radicado también en nuestro país.

    Invocó, en respaldo de su postura, lo previsto en el art. 62 de la ley 25.971 y consideró que la regla debe ser el otorgamiento de la dispensa y su negación la excepción.

    Fecha de firma: 12/11/2019 Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA 1 #32685041#249252103#20191111112246894 Citó doctrina y jurisprudencia que a su juicio avala el criterio expuesto y afirmó que la demandada no brindó motivos suficientes para que su decisión se tradujera en una expresión de juridicidad, lo que determinaba su ilegitimidad.

    Cuestionó que se haya sobrepuesto la condena impuesta a su mandante por encima de la reunificación familiar y consideró que se debe estar siempre en favor de la persona y de la protección de la familia, máxime cuando el migrante es residente permanente.

    Afirmó que al disponerse la expulsión la pena trasciende la persona del actor y las consecuencias se extienden sobre toda su familia, especialmente respecto de sus hijos y pareja conviviente. Por ello solicitó

    que la cuestión debe dirimirse en el sentido más garantizador del derecho invocado.

    Señaló que tanto la demandada como el magistrado de grado no han efectuado el test de razonabilidad y/o prueba de equilibrio en el caso concreto.

    Específicamente sostuvo que no se ha considerado su estadía de 21 años, sus vínculos familiares forjados, el alcance de las penurias que constituye su deportación y su arraigo en el país.

    Subsidiariamente, planteó la inconstitucionalidad de los artículos 69 nonies y 70 de la Ley 25.871, modificada por el D.N.U. 70/2017. Fundó

    dicho pedido en la ampliación de los plazos de retención del procedimiento especial migratorio sumarísimo. Alegó que de convalidarse dichos preceptos se violaría lo establecido en los artículos 70 y 82 de la ley 25.871, así como su derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Remitió a un precedente jurisprudencial que consideró aplicable.

    Cuestionó la imposición de costas a su parte, toda vez que se creyó

    con derecho a iniciar la presente acción de revisión judicial contra la orden de expulsión.

    Finalmente, hizo reserva del caso federal, para ocurrir por la vía del artículo 14 de la Ley 48.

  3. A fs. 269/271 dictaminó el señor F. General y a fs. 272 se dispuso que la causa se encontraba en condiciones de ser resuelta.

  4. De manera preliminar, debe recordarse que los jueces no estamos obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que pongan a consideración del Tribunal, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar Fecha de firma: 12/11/2019 Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA 2 #32685041#249252103#20191111112246894 Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SALA II 71.364/2018 sustento a un pronunciamiento válido (conf. Fallos: 258:308; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; y esta S., in re:

    Scorovich, C.M. c/ E.N. -Mº Interior- D.N.M. - Rel. 1190/11 Ex.

    641818 al 641821/78 y otro s/ Recurso directo para juzgados

    , del 8/10/15, entre muchos otros).

  5. Sentado lo expuesto, y previo a tratar los agravios propuestos por el actor, es menester poner de relieve que la Corte Interamericana de Derechos Humanos admitió que la determinación de la política migratoria -

    entendida como todo acto o medida institucional que versa sobre la entrada, salida o permanencia de población nacional o extranjera dentro de su territorio-, es potestad de los Estados, que cuentan con un ámbito de discrecionalidad a tal fin (cfr. fallo en el caso “V.L.v.P., sentencia del 23/11/10).

    En sentido concordante, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que toda nación soberana tiene como poder inherente a su soberanía la facultad de prohibir la entrada de extranjeros a su territorio o de admitirlos en los casos y bajo las condiciones que ella juzgue libremente prescribir (Fallos: 164:344; esta Cámara, S.I., “V.C., L.A. c/ E.N. – DNM – Ley 25.871 – D.. n° 1491/10 s/ Proceso de conocimiento”, del 13/11/14), y que el incuestionable derecho de cada Estado de regular y condicionar la admisión de extranjeros en la forma y medida en que lo requiera el bien común en cada circunstancia, no es incompatible –como principio– con las garantías consagradas por la Ley Suprema (Fallos: 183:373; 200:99; 313:101; y esta S., in rebus, “G.B., E.R. c/ E.N. – M° Interior – DNM s/ Recurso directo DNM”, sentencia del 4/4/17; “Cuzcano Tapia, Pool Kenny c/ E.N. – Mº

    Interior – DNM s/ Recurso directo DNM”, sentencia del 24/10/17, y “G.E., E.J. c/ E.N. – Mº Interior OP y V – DNM s/

    recurso directo DNM”, sentencia del 21/11/17).

    En este entendimiento, una interpretación armoniosa de las disposiciones constitucionales permite concluir en la posibilidad de reglamentaciones razonables al disfrute de los derechos por parte de los extranjeros, y la primera restricción a esos derechos está constituida por la exigencia de entrada y permanencia legal en nuestro país (G., M.A., Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada, 5º ed., La Ley, Buenos Aires, 2018, t. I, pág. 500; en idéntico sentido, esta S., in re: “F.M.B. y otro c/ E.N. – Mº Interior – Resol. nº 642/11 – Expte. nº

    Fecha de firma: 12/11/2019 Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA 3...

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