La oposición busca forzar cambios en el debate por el blanqueo

 
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Tras siete horas de un extenuante debate en comisión en la Cámara de Diputados, se vislumbraban ayer dos certezas sobre el rumbo legislativo que tendrá el megaproyecto de ley de que propicia el Gobierno. La primera, que tendrá media sanción en no más de 15 días. La segunda, que no se aprobará a libro cerrado: la oposición, si bien coincide con el espíritu general, introducirá varias modificaciones.

Así lo dejó entrever durante la discusión, por momentos áspera, con los que asistieron al plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda. Encabezados por el secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana, participaron, además, el viceministro de Hacienda, Pedro Lacoste; el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso; el titular de la AFIP, Alberto Abad, y el secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci.

Si bien el megaproyecto, de más de 90 artículos, tiene como ejes principales el pago de los juicios y aumentos a jubilados y el "sinceramiento fiscal" -eufemismo al que apelaron los funcionarios para evitar la menos simpática palabra "blanqueo de capitales"-, incluye también capítulos por demás relevantes, como la instrumentación de una pensión universal a la vejez a partir de los 65 años, cambios en los impuestos a los bienes personales y ganancias y la homologación de los acuerdos de Nación con las provincias por el reintegro de 15 puntos de la coparticipación que hoy retiene la Anses.

El ex ministro de Economía y actual diputado kirchnerista Axel Kicillof, reclamó en vano que se lo dividiera en distintos proyectos de ley. a sabiendas de que el pago a los jubilados será la zanahoria para asegurarse el apoyo opositor.

Más allá de las cuestiones de forma, hubo planteos de fondo que obligarán al oficialismo a replantear algunos artículos. Uno de ellos lo anticipó el propio bloque de Cambiemos: además de los funcionarios del Gobierno, también quedarán excluidos del blanqueo de capitales los miembros del Poder Legislativo y del Poder Judicial. No se descarta sumar en la lista a gobernadores e intendentes. El kirchnerismo dobló la apuesta: reclamó que se incluyan a los parientes más próximos de los funcionarios del Estado.

Otro tema a discutir son los jubilados que cobran el haber mínimo y que no están contemplados en el proyecto oficial.

"Creemos que deben tener también algún beneficio. Hoy están castigados por la inflación y el alza de tarifas"...

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