Una oportunidad perdida para el Gobierno

 
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Ocurrió en estos días un combate soterrado entre el derecho y la oportunidad. En la superficie de ese combate, asiduo e incómodo, reapareció el conflicto por los derechos humanos violados en la década del 70. El derecho en su concepción más liberal y estricta es la que aplicó una mayoría de jueces de la Corte Suprema de Justicia, que hizo valer tal legalidad para dar por cumplida la pena de un condenado por delitos de lesa humanidad, Luis Muiña. La oportunidad es el momento en que el Gobierno estaba buscando un mecanismo jurídico o legislativo para resolver los casos de militares ancianos y enfermos que están presos en cárceles comunes. El escándalo político que provocó aquella decisión de la Corte Suprema, y la multitudinaria manifestación social en contra de ella, dejó sin margen al Gobierno y al máximo tribunal para avanzar en esa solución. Cuarenta y un año después del golpe de Estado de 1976, el país no ha podido elaborar un modo de superar ese pasado y suturar las viejas heridas.

El péndulo de la revisión del pasado osciló entre extremos en los últimos 33 años de democracia. Sólo Raúl Alfonsín intentó en los primeros cuatro años de su mandato, cuando era un presidente fuerte, juzgar a los militares que violaron los derechos humanos y a los guerrilleros que también lo hicieron. Carlos Menem decidió mediante un indulto personalísimo liberar a todos de culpa y cargo. La era kirchnerista colocó el péndulo en el otro extremo. Juzgamiento a todos los militares acusados de delitos de lesa humanidad, aun desconociendo en muchos casos las garantías procesales. Al mismo tiempo, convirtió a los jefes guerrilleros de los años 70 en héroes cargados de crímenes. El gobierno de Macri aspiraba a colocar el péndulo en el medio: ni impunidad ni venganza. La prisión domiciliaria de los militares ancianos y enfermos no significaría una disminución de la condena, sino otra manera de cumplir la prisión. Colocaría el derecho humanitario en armonía con el Código Penal, que prevé la prisión domiciliaria para los presos enfermos o con más de 70 años.

La decisión de la mayoría de la Corte es legal. El artículo 2 del Código Penal es muy claro: siempre se aplicará la ley más benigna en el momento del fallo, aun cuando hayan estado vigentes otras leyes. La más benigna es, sin duda, la que beneficia a los condenados con el "dos por uno" mientras estuvieron en prisión preventiva. Es una ley que responde a los preceptos del garantismo zaffaroniano. La hipocresía del...

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