El Estado opera fuera de la ley (y la sensatez)

Ilustración columna ScibonA, " Al margen" autor, agdamus@gmail.com

No es frecuente que, a título personal, 500 ciudadanos -entre ellos los dueños y CEO de varias importantes empresas-, hayan enviado la carta abierta a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para pedir que desista de la acción contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia promovida por el Poder Ejecutivo y una decena de gobernadores peronistas , a la que calificaron acertadamente como un "desatino institucional". Previamente, ya la habían cuestionado a través de distintas entidades empresarias que los agrupan y coincidieron en reclamar por el respeto al Estado de Derecho y la división republicana de poderes consagrados por la Constitución Nacional.

Esta reacción se explica en que el gobierno del Frente de Todos busca convertir las inciertas sesiones extraordinarias del Congreso en el escenario de un show mediático-político del oficialismo para mantener a la oposición en el otro extremo de la grieta. No sólo incluye el juicio político a la CSJN, sino también la ampliación de 5 a 15 en el número de sus miembros para darles cabida a las provincias que lo apoyan. Aún así, en Diputados no cuenta con los votos necesarios para aprobar ninguno de los dos proyectos.

Si bien ambos surgieron para satisfacer la urgencia de Cristina Kirchner por esmerilar a la Corte y tratar de aliviar su propia situación judicial, crean un conflicto político artificial que acentúa la crónica debilidad institucional e imprevisibilidad que padece la Argentina, incluso si no se transforman en leyes. Lo mismo ocurre con las sobreactuaciones de varios gobernadores peronistas que, además, amenazan con desalentar inversiones privadas en actividades de alto potencial productivo. Ya se sabe de sobra que las cortes "adictas", con mayorías automáticas, favorecen el capitalismo de amigos.

Como si fuera un homenaje a la próxima llegada de Nicolás Maduro al país, el riojano Ricardo Quintela anticipó que no acatará los fallos de la CSJN; organizó un "escrache" público de los jueces y declaró al litio como mineral estratégico para suspender permisos de explotación, que planea otorgar a una empresa del Estado provincial . Y el chaqueño Jorge Capitanich agravó este sesgo autocrático al exigir al Presidente que apruebe el juicio y la ampliación del tribunal mediante decretos de necesidad y urgencia (DNU).

También resulta insólito que la causa esgrimida haya sido la defensa del federalismo y la...