La ONU revisa el estado de la independencia judicial en la Argentina y recibió serias denuncias de jueces

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La relatoría especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) prepara un informe sobre la situación de la independencia judicial en la región, incluida la Argentina, y recibió un reporte crítico de los jueces nacionales que cuestionaron el juicio político que el Gobierno impulsa contra la Corte Suprema de Justicia .

El 22 de febrero pasado, la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) mantuvo una reunión por Zoom con la relatoría, a cargo de la académica Margaret Satterthwai, y elevó una breve síntesis de los problemas de cada país.

Por la Argentina, informó en diez minutos el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Marcelo Gallo Tagle , que denunció el avance del Gobierno sobre la Corte Suprema de Justicia con el inicio del juicio político.

El juez le manifestó al organismo internacional que se está frente a un "avasallamiento de la independencia judicial" y que el inicio del proceso, a fin del año pasado, coincidió con dos sentencias en contra del Gobierno: la medida cautelar dictada por la Corte que lo obliga a girar fondos a la Ciudad en concepto de coparticipación federal y la anulación de la ley que regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.

Gallo Tagle dijo que se trata de un ataque al máximo tribunal motivado por el contenido de sus sentencias, lo que está en contra de las leyes y normativas internacionales que regulan la actividad de los jueces.

El presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle

Tras esa videoconferencia, ahora las diversas asociaciones de jueces reunidas en la FLAM están redactando un informe pormenorizado de lo que ocurre en cada lugar.

La Asociación de Magistrados de la Argentina prepara un documento (espera tenerlo terminado esta semana) en el que se remonta a lo ocurrido en 2014, cuando el gobierno kirchnerista trató de limitar la independencia judicial mediante la aprobación de la llamada ley "de democratización de la Justicia ", que incluía la elección popular de los jueces. La iniciativa encendió alarmas de quienes advirtieron que las decisiones de los jueces terminarían influidas por conseguir el favor del electorado y no por aplicar las normas, algo que muchas veces exige ir en contra del clamor popular.

Esta iniciativa fue declarada nula por todas las instancias judiciales...