Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, 26 de Noviembre de 2009, expediente 28.474

Fecha de Resolución26 de Noviembre de 2009

Poder Judicial de la Nación Sala

II. Causa n° 28.474 “O., V.R. s/excarcelación”.

Juzgado Federal n° 12. Secretaría n° 23.

-Expte. n° 14.217/03/522-

Reg. n° 30.720

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.

Y VISTOS

Y CONSIDERANDO:

El Dr. M.I. dijo:

I. Que viene el presente a conocimiento y decisión del Tribunal en virtud del recurso de apelación deducido a fs. 21/23 por el Sr. Defensor Oficial Dr. J.M.H., contra la resolución de fs. 12/19 vta. que dispusiera no hacer lugar a la excarcelación de V.R.O. bajo ningún tipo de caución.

II. En la oportunidad reglada por el art. 454 del Código Procesal Penal, el Sr. Defensor Público Oficial Dr. Sebastián Noe Alfano (v. fs. 65/72)

sostuvo que el auto en cuestión reviste una fundamentación aparente, no habiéndose expuesto concretamente los supuestos de presunción de fuga y entorpecimiento de la investigación en los que podría incurrir su asistido,

extremos estos que, entiende, no se dan en el caso y que por ende tornan arbitraria la decisión adoptada.

Solicitó se revoque el decisorio en cuestión y se disponga la libertad peticionada, formulando reservas del caso.

III. En lo que hace a la argüida falta de fundamentación, ha de señalarse que no se advierte en el resolutorio impugnado, una afectación a las previsiones del artículo 123 del Código Procesal Penal de la Nación, ya que,

más allá del acierto o desacierto que pueda llevar la resolución en crisis, el Magistrado ha señalado los fundamentos de su decisión, resultando el planteo efectuado una mera discrepancia con el criterio sostenido, el cual hallará

debida respuesta en el marco del presente recurso.

IV. Plenario de la Casación. Pautas Generales:

Esta Sala se pronunció recientemente examinando la cuestión aquí planteada a partir del fallo plenario n° 13/08, emitido en los autos “D.B., R.G. s/rec. de inaplicabilidad de la ley”, que declarara como doctrina plenaria que “...no basta en materia de excarcelación o eximición de prisión para su denegación la imposibilidad de futura condena de ejecución condicional, o que pudiere corresponderle al imputado una pena privativa de la libertad superior a ocho años (arts. 316 y 317 del C.P.P.N.), sino que deben valorarse en forma conjunta con otros parámetros tales como los establecidos en el art. 319 del ordenamiento ritual a los fines de determinar la existencia de riesgo procesal”.

Así, en tal oportunidad (v. causa n° 27.274 “R., Marco G.

s/excarcelación -inf. ley 23.737-”, rta. 12.11.08, reg. n° 20.164), se concluyó

que:

i) conforme la doctrina impuesta por el fallo plenario “D.B.”, las condiciones bajo las cuales puede procurarse la restricción cautelar de la libertad ambulatoria de un imputado según lo previsto en los artículos 312, 316 y 317 del Código Procesal Penal de la Nación no pueden operar como presunciones de derecho o “iuris et de iure” de que intentará

fugarse o entorpecer la acción de la justicia; sino que sólo pueden considerarse como presunciones “iuris tantum”;

ii) la única forma de aplicar debidamente los lineamientos impuestos por la Cámara Nacional de Casación Penal sin hacer caer en letra muerta el texto legal, es mediante una exégesis que no torne directamente inoperantes las pautas que establecen las cláusulas mencionadas, en tanto se ha reconocido la constitucionalidad de la presunción, atacándose la hipótesis de que no admita prueba en contrario;

iii) según la interpretación señalada -desarrollada incluso por varios de los magistrados que constituyeron la mayoría en el fallo-, las pautas objetivas del artículo 316 del C.P.P.N. conforman una presunción fuerte -de origen legislativo- acerca de la existencia de un riesgo procesal elevado y en principio dirimente; que sólo puede ser desvirtuada en cada caso concreto mediante evidencias categóricas que permitan tener por contrarrestado o 2

Poder Judicial de la Nación eliminado ese peligro, dando lugar a lo inverso, o sea, a la idea de que el imputado se sujetará a proceso.

Apoyados en los votos de los Dres. D., H., F.,

G.P. y R., que integran la opinión mayoritaria, así como en diversas posturas doctrinarias, se recalcó que aún cuando las reglas establecidas en el art. 316 del código de rito atinentes a la gravedad del hecho -medida por su penalidad- constituyen una presunción flexible de fuga o entorpecimiento, debe admitirse que se trata de una presunción fuerte y que el Estado puede hacerla valer previo a efectuar una verificación de ciertos indicadores de riesgos procesales.

De ello no puede derivarse que en nuestro derecho, y así

concebida, la prisión preventiva o la denegatoria de la excarcelación constituyan la regla general. Ello por cuanto la presunción que formula el legislador con base en la amenaza de pena, abarca sólo algunas hipótesis -los delitos más graves- y admite prueba en contrario en las circunstancias de cada caso, a partir de lo cual no puede asignársele tal carácter.

V. Valoración en el caso:

a. Gravedad de los hechos (arts. 317 inc. 1° y 316 del C.P.P.N.):

A la luz de lo antes expuesto, corresponde evaluar en primer término la gravedad de los hechos partiendo de la amenaza de pena en expectativa fijada por el legislador.

Conforme surge del dictamen fiscal de fs. 6/11 vta. V.R.O. registra requerimiento de elevación a juicio de fecha 6 de agosto del corriente año como coautor en la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por la condición de funcionario público y por haberse cometido con violencia, en forma reiterada -

9 hechos-, privación ilegítima de la libertad triplemente agravada por la condición de funcionario público, por haberse cometido con violencia y por haber durado más de un mes, en forma reiterada -86 hechos-, imposición de tormentos con el propósito de obtener información o quebrantar su voluntad,

agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos, en 3

forma reiterada -101 hechos-, imposición de tormentos con el propósito de obtener información o quebrantar su voluntad, agravados por haber sido cometidos en perjuicio de un perseguido político y por haber resultado la muerte de la víctima -1 hecho- y sustracción, retención u ocultación de un menor de diez años de edad, en forma reiterada -7 hechos-, todos ellos en concurso real entre sí (arts. 2, 45, 55, 144 ter párrafos 1, 2 y 3, 144 bis inc. 1 y último párrafo y 146 del Código Penal, texto según ley 14.616).

Asimismo, con fecha 23 de junio del año en curso, el Sr. Juez de grado amplió el auto de procesamiento con prisión preventiva de V.R.O. como partícipe necesario en la comisión de los delitos de imposición de tormentos en forma reiterada -3 hechos-, privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometido sin las formalidades establecidas por la ley y con exceso en sus funciones en forma reiterada -7 hechos- y privación ilegal de la libertad con resultado muerte -1 hecho-, todos ellos en concurso real entre sí (arts, 2, 144 ter 1° párrafo, 144 bis párrafo primero, con el agravante de los incisos 1° y 5° del art. 142, todos ellos del Código Penal,

texto según ley 14.616; art. 142 bis último párrafo vigente según leyes 20.642

y 23.077, y arts. 45, 55 del Código Penal; arts. 306 y 312 del C.P.P.), decisorio éste que se encuentra firme al no haber sido recurrido.

Conforme la normativa legal vigente a la fecha de los hechos por los cuales se halla imputado O., la pena establecida para los ilícitos arriba enunciados oscila los tres a diez años de reclusión o prisión e inhabilitación absoluta y perpetua (art. 144 ter párr. 1° C.P.), elevándose el máximo a quince años en el caso del art. 144 ter párrafo 2° C.P.; de diez a veinticinco año años de reclusión o prisión (art. 144 ter párrafo tercero); de dos a seis años de reclusión o prisión (art. 144 bis primer párrafo con el agravante de los incisos 1° y 5° del art. 142 del C.P), y de reclusión o prisión de tres a diez años (art. 146 C.P.).

Puede apreciarse entonces que la amenaza de pena en expectativa que, en concreto, surge de los máximos fijados y la importante reiteración delictual que se le imputa, así como las características de los hechos y la intervención que le cupo en ellos, excede los supuestos a los que se refiere el 4

Poder Judicial de la Nación art. 317 inc. 1° en función del art. 316 segundo párrafo primer supuesto,

ambos del Código Procesal Penal de la Nación.

Este punto es determinante, pues como se sostuviera en el propio fallo plenario invocado de inicio, “el art. 316 del C.P.P. debe ser interpretado como un sistema de presunciones legales que opera iuris tantum. Así cuando el máximo de la escala penal aplicable en abstracto no supera los ocho años de pena privativa de libertad el legislador ha presumido la “no fuga” del imputado. En cambio, cuando supera tal monto ha presupuesto que fugará. Al resultar ambas presunciones “iuris tantum” devienen rebatibles por prueba en contrario: para el primer caso (menos de ocho años), acudiendo a indicadores de riesgo procesal que existan en el caso concreto (fundado en la aplicación del art. 319 del C.P.P.); para el segundo caso (más de ocho años),

arrimando a través de indicadores de “no fuga” y de “no entorpecimiento de la investigación” elementos valorativos concretos que permitan tener por desvirtuada tal presunción -que deberán llevar mayor poder de convicción cuanto mayor sea la gravedad de la pena en expectativa-“ y que “para la pretendida destrucción de la presunción legal, deberán arrimarse mayor cantidad de elementos descalificantes de ella, cuanto más alto sea el monto de la pena que se espera en definitiva” (del voto del Dr. P.R.D., con cita de M.S.. De acuerdo a estas pautas, no se vislumbran circunstancias concretas que derriben el peligro procesal advertido sino que por el contrario, existen múltiples indicadores que, lejos de aventar la presunción señalada, la robustecen.

A ellas me referiré de seguido:

b. Evaluación según las pautas del art. 319 C.P.P.N.:

Así, adentrándonos en la evaluación de esos parámetros, deviene...

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