Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 5 de Septiembre de 2013, expediente CAF 017814/2013

Fecha de Resolución 5 de Septiembre de 2013
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala I

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

FEDERAL- SALA II

17814/2013

OLEAGINOSA MORENO HNOS SACIFI Y A (TF 28957-I) c/ DGI

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2013.- MFO

En atención a los inconvenientes suscitados por los cambios implementados en el sistema informático, la sentencia dictada el día 29 de agosto de 2013 no pudo ser registrada en esa fecha.

Por ello, procédase al pertinente registro en el día de la fecha.

LUIS M. MARQUEZ

MARÍA CLAUDIA CAPUTI

JOSE LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA

Buenos Aires, 29 de agosto de 2013.-

Y VISTOS, “Oleaginosa Moreno Hnos SACIFI Y A (TF 28957-I) c/ DGI”,

CONSIDERANDO.

  1. Que a fs. 340/347 el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó

    parcialmente la resolución de la AFIP- DGI, que determinó el resultado impositivo –quebranto- de la actora frente al impuesto a las ganancias por el período fiscal 2000.

    En primer lugar desestimó el planteo de nulidad deducido por la contribuyente, con costas.

    En cuanto al fondo, precisó que la determinación impositiva se centró en el ajuste de los precios de transferencia de 36 operaciones concertadas por la actora con la firma “Atlantic Oils and Meals”, empresa vinculada residente en Suiza y en el marco del art. 15 de la ley del gravamen.

    En ese contexto, señaló el a quo que la actora aportó a la inspección un “Estudio de Precios de Transferencia” del período fiscal 2000, realizado con el fin de examinar las transacciones efectuadas con empresas vinculadas. La metodología empleada consistió en la comparación de los valores correspondientes a las operaciones de exportación de O.M.S.,

    con los precios registrados y publicados por la Secretaria de Agricultura,

    Ganadería, Pesca y Alimentación, en razón de que los productos involucrados en las transacciones pertenecen a un mercado transparente, cuyo precio diario es información de público y notorio conocimiento.

    Asimismo, expresó que el estudio concluyó que los precios convenidos por la actora con “Atlantic Oils and Meals” se encuentran dentro del rango intercuartil de precios pactados entre partes independientes; motivo por el cual, la actora no efectuó ajustes en el impuesto a las ganancias del año 2000 en concepto de “precios de transferencia”.

    Por otra parte el Tribunal de grado destacó que el Fisco sostuvo que el procedimiento adoptado por la empresa no es el correcto, toda vez que el estudio no consideró cada operación en forma individual, sino que realizó una comprobación global por producto, modalidad que permite compensar aquellas operaciones que tienen un precio más bajo con aquellas que tienen uno más alto en relación con el valor de referencia.

    Añadió que, en ese orden, el organismo recaudador procedió a relevar la totalidad de las operaciones de exportación y, utilizando el mismo método comparativo que el elegido por la recurrente, asignó a cada negocio el precio de referencia a la fecha de cumplido el embarque.

    Desde esa perspectiva, el ente fiscal concluyó que en determinadas operaciones la actora no operó de acuerdo con el principio arm´s length, y por ende determinó los ajustes en la base imponible del impuesto a las ganancias por el período fiscal 2000.

    Así delimitado el thema decidendum, el Tribunal de origen precisó la normativa involucrada en la cuestión, y aclaró que las partes no discrepan en cuanto al método de validación implementado para el estudio del valor de transacción concertado en las operaciones llevadas a cabo con la empresa vinculada antes referida -cuál es el de “precio comparable no controlado”-, ni en la utilización a esos efectos de los valores publicados por la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

    En cambio, expresó que la controversía se ciñe a la metodología empleada y la conclusión que de ella se deriva, dado que el Fisco utiliza los valores de referencia a la fecha de embarque y efectúa el estudio por cada operación (no de manera global).

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    Al respecto, se sostuvo en el pronunciamiento en crisis que a la luz de las normas concernientes a la materia sub examen, la modificación incorporada por el art. 2º de la ley 25.784 al artículo 15 de la Ley del Impuesto a las Ganancias,

    sustenta el criterio que considera a la fecha de embarque como momento crítico para la validación de los precios de transferencia.

    Sin embargo, y dado que las modificaciones legales referidas entraron en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, es decir el 23/10/2003, concluyó el a quo que no resulta de aplicación al caso de autos, toda vez que la determinación impositiva comprende un período fiscal anterior a la fecha a partir de la cual el precepto legal entró en vigor.

    Bajo estos parámetros, el Tribunal administrativo estudió la metodología empleada para la determinación de los ajustes fiscales que aquí importan y,

    teniendo en cuenta lo expresado en la pericia contable, decidió que en el caso el organismo fiscal no aplicó el denominado “sexto método” (cuya vigencia es posterior al ejercicio involucrado en autos), a lo que añadió que, tal como sostuvo el Fisco, la consideración de la fecha de embarque a los efectos de la comparación que se lleva a cabo, no se encuentra reñida con la normativa vigente para el período fiscal en cuestión.

    Sin perjuicio de ello, también destacó el a quo, que en consonancia con los preceptos vigentes para el momento observado, tampoco se encuentra expresamente vedada la posibilidad de testear las operaciones apelando a los precios a la fecha de concertación, tal como invocó la recurrente.

    Ello es así pues, en el período en cuestión, no existe -como ocurrió luego de la sanción de la Ley 25.784-, una previsión legal específica que obligue a considerar una u otra fecha, por lo que el accionar de la empresa no se encuentra condicionado normativamente por una restricción de esa naturaleza.

    Añadió que los restantes argumentos expresados por el Fisco en apoyo del ajuste no pueden convalidarse a la luz de la prueba producida, habida cuenta las apreciaciones que emanan de la pericia económica y de comercio internacional agregadas a la causa, de las que se deduce que resulta imposible comparar las exportaciones realizadas a Chile y las efectuadas a “Atlantic Oils and Meals”, ya que existen diferencias de una envergadura tal que resultan insusceptibles de ser depuradas.

    Por ello, afirmó el a quo que la pretendida razonabilidad técnica que alegó

    el ente fiscal para sustentar su posición y refutar a su contraria, se desvanece ante la manifiesta ausencia de comparabilidad.

    En cambio, en relación con el restante punto controvertido, el Tribunal Fiscal avaló el criterio de la demandada, al sostener que, de acuerdo con la normativa aplicable y con el fin de lograr una aproximación más exacta a los valores de mercado, el método debe aplicarse transacción por transacción, y no en forma conjunta, donde los promedios pueden llevar a compensar las diferencias que se verifiquen respecto de los precios en operaciones con partes vinculadas.

    Agregó que el marco normativo no contempla la posibilidad de un análisis global, como pretende la recurrente, y que la construcción de un rango intercuartil o de la mediana, resultan aplicables en tanto se determinen dos o más transacciones comparables, situación que no se presenta en el caso concreto de autos, toda vez que al utilizar los precios de la SAGPYA, éstos constituyen un valor de referencia único, que no permite por ende la elaboración de un rango intercuartil.

    Por lo expuesto, el Tribunal a quo confirmó parcialmente la resolución apelada y ordenó al organismo recaudador que practique la reliquidación de la materia imponible con ajuste a lo resuelto.

    Finalmente, a fs. 359vta., de conformidad con lo peticionado por las partes a fs. 351 y 352, aclaró que las costas por el fondo se distribuyen en proporción a los respectivos vencimientos.

  2. Que a fs. 353 apeló la parte actora, y a fs. 358 hizo lo propio el Fisco Nacional.

    En su presentación de fs. 385/392, la accionada recordó que la determinación fiscal que fue confirmada sólo con alcance parcial, se centró en el ajuste de los precios de treinta y seis (36) exportaciones concertadas por la contribuyente con la firma “Atlantic Oils and Meals” (una empresa vinculada residente en Suiza) en el marco del art. 15 de la Ley del Impuesto a las Ganancias.

    Señaló que su contraria procedió al estudio de los precios de exportación comparándolos con aquellos registrados y publicados por la SAGPyA a la fecha de concertación de las operaciones, siendo que según la normativa que invocó y la doctrina a la hizo referencia, correspondía hacer la comparación a la fecha de embarque.

    Sobre el punto, destacó que las directrices de la OCDE señalan que el método más apropiado para evaluar el resultado de una operación entre partes vinculadas es aquel que dado los hechos y circunstancias de la empresa proporciona la medida más confiable (relativa a los resultados de otros métodos).

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    Asimismo, puso de relieve que tales reglas exigen que las mercancías sean tan próximas en su identidad como sea posible.

    De otro lado, sostuvo que con relación al momento propicio a tomar a los fines de efectuar la comparación de los precios de las operaciones realizadas, debe precisarse cuándo se configura la salida de la mercadería del país. Al respecto,

    invocó el artículo 10 del decreto reglamentario de la Ley del Impuesto a las Ganancias, y afirmó, que para que se considere perfeccionada la exportación,

    debe confirmarse la salida de los bienes del país, lo que ocurre con el cumplido de embarque al finalizar la carga, por manera que es ese momento a los efectos de la comparación de precios, el que debe tenerse en cuenta para verificar el principio de valor de mercado abierto.

    Es en ese orden de ideas, destacó en el memorial, que el Fisco Nacional evaluó los precios de transferencia en las operaciones de...

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