Sentencia de Colegio de Cámaras de Apelación en lo Penal - Rosario, 19 de Octubre de 2018

Presidente1062/18
Fecha de Resolución19 de Octubre de 2018
EmisorColegio de Cámaras de Apelación en lo Penal - Rosario

CAMARA DE APELACION PENAL.

RESOLUCIÓN N° 703 - T° XXVI - F° 094/103.

Rosario, 19 de octubre de 2018.-

Y VISTOS: El Recurso de apelación interpuesto por L.O. con el patrocinio letrado del Dr. A.P.M., respecto de la Resolución N° 153 de fecha 28.07.2017-sumario 005/16- dictada por el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Psicólogos de Rosario, todo ello según constancias relativas al Legajo CUIJ N° 21-07012153-8, del registro de la Oficina de Gestión Judicial de Rosario, con intervención de este Tribunal Pluripersonal de Apelación integrado por Dr. A.I.A., Dra. C.H. y Dra. C.L.;

Estudiado que fue el caso, se resolvió plantear las siguientes cuestiones:

  1. ) ¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

  2. ) ¿QUE PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR?

Luego de un intercambio de opiniones acerca de los temas propuestos, de conformidad a la distribución efectuada para llevar a cabo el estudio de los autos, resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: D.. I.A., H., y L.;

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. I.A. DIJO:

I) La resolución N° 153 dictada el 28.07.2017 sanciona a la Psicóloga L.O. con suspensión de la matrícula por dos meses, por violación de los deberes establecidos en los art. 1.1, 1.2, y 3.3.6 del Código de Ética de Fe.P.R.A.-

II) Contra dicho pronunciamiento la defensa interpone recurso de apelación. Admitida la impugnación y evacuados los traslados pertinentes, el caso ha quedado en estado de fallar.-

III) La apelante expuso sus agravios que en síntesis se dirigen a lo siguiente.-

Solicita que la resolución sea dejada sin efecto, o subsidiariamente se aplique la pena mínima contemplada en el Código de Ética, atento a que su defendida ha actuado de buena fe, sin dolo o falta de intención de ofender o herir los sentimientos de persona alguna.-

Señala una violación del debido proceso y afectación del derecho de defensa en juicio. Dice que la falta de un órgano acusador genera que la medida sea considerada arbitraria y violatoria de la garantía constitucional de un tribunal imparcial, impartial e independiente.-

Invoca la falta de determinación del hecho imputado durante la instrucción del sumario, exponiendo que no solo se ha cercenado el debido proceso ante la falta de un tribunal imparcial, impartial e independiente, sino que corrido traslado de la denuncia a fs. 46 del sumario 005/16, en fecha 10.02.2017, la misma adolece de determinación del tipo disciplinario o norma del código de ética que supuestamente se ha vulnerado.-

Manifiesta que la imputación efectuada, sin indicación precisa de las normas del código de ética violentados, no fue subsanada ni siquiera en la audiencia de descargo realizada el día 17.02.2017, es decir el mismo Tribunal de acusación valoró la denuncia presentada, evaluó el descargo realizado por su pupila, y posteriormente decidió imputarla; alude que en consecuencia el tribunal ha incurrido en prejuzgamiento, violándose una de las garantías básicas y principales de todo proceso.-

Aduce la imposibilidad de producir prueba en defensa de O., resaltando que luce reconocido por los mismos jueces del Tribunal de Ética en el punto 5 de la decisión; afirma que le fue vedada la posibilidad de esclarecimiento, lo que afecta el derecho al trabajo y deja a la imputada en virtual estado de indefensión. A. que esto viola principios constitucionales emergentes del art. 18 y 19 CN, del debido proceso y defensa en juicio y pactos internacionales.-

Hace referencia a que el hecho imputado, más allá de su indeterminación, no resulta susceptible de sanción disciplinaria alguna; que en este aspecto relata que el Código de Ética de la Federación de Psicólogos de la República Argentina (Fe. P.R.A) con el que se debería haber juzgado a la imputada era el vigente a la fecha de la sanción de la norma referida, pero no con el que se la juzgó, que fue el aprobado por su Asamblea ordinaria del 10.04.1999; expone que por ende se juzga a la imputada por faltas no contempladas en el código vigente al momento de sancionarse el Estatuto, porque sus normas disciplinarias nunca se remitieron al futuro Código sancionado en 1999.-

De la reseña que antecede postula violación al principio de legalidad, al principio del injusto típico, nulla poena sine culpa, agregando que también se agravia de la falta a la verdad efectuada en la denuncia por la Sra. Copes.-

Cuestiona que la denunciante asevera que O. indicó el S.A.P (Síndrome de Alineación Parental) como diagnostico presuntivo; alude que entre los elementos que la denunciante incorpora como prueba irrefutable de una imputación, figuran escritos judiciales donde los letrados patrocinantes del Sr. R., indican la presencia del llamado síndrome de alienación parental, señalando que dicha pieza solo lleva la firma del actor Sr. R. y sus letrados patrocinantes, no existe por parte de la Psicóloga L.O. mención alguna ni firma referente a ello, es decir, que su defendida no hizo mención al SAP.-

Se agravia de la imputación del art. 1.1, 1.2, y 3.3.6 del Código de Ética de Fe.P.R.A por falta de consentimiento informado y por negligencia, impericia o imprudencia profesional, relatando que sin dejar de lado el planteo de falta de tipicidad incoado, resaltan que la Lic. O. fue ofrecida como delegada técnica de parte, y que su aporte en el expte. consistió en la presentación de informes sobre el estado de salud psíquico de su paciente R., siendo que para la confección de tal informe le fue proporcionada la causa judicial completa, la entrevista con su paciente, dibujos realizados por sus hijas y videos.-

Afirma que la única persona que contiene emocionalmente a R. es la Ps. O. dado que su paciente no posee familiares ni amigos en la ciudad, colocando a la denunciante en una mejor posición atento el estado de vulnerabilidad emocional y falta de contención, si se sancionara con inhabilitación a su defendida. Hace reservas del caso.-

IV) Que contesta agravios la Lic. N.C., Presidente del Colegio de Psicólogos, con patrocinio letrado de la Dra. M.. Insta el rechazo de la apelación con costas.-

Sobre la falta de un órgano acusador dice que el solo hecho que sea el mismo Tribunal quien haya recepcionado la denuncia y actúe en consecuencia conforme al procedimiento establecido por el Reglamento del Tribunal, no determina per se la violación al debido proceso y la defensa en juicio.-

Alude que en ningún momento del trámite la apelante impugnó el procedimiento regulado por el Reglamento aplicado; que asimismo no determina que hechos acreditan la alegada violación al debido proceso o limitación de su derecho de defensa.-

Resalta el error de la recurrente, al confundir el procedimiento seguido por el Tribunal del Ética, conformado por psicólogas, sin formación jurídica, con un tribunal penal integrado con un juez letrado.-

Se remite a la jurisprudencia que dice que las sanciones y procedimientos de los Tribunales de Ética de los Colegios Profesionales deben entenderse como un régimen administrativo disciplinario, y no como un proceso penal; que así lo define el art. 37 del Estatuto del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Santa Fe, dictado conforme el art. 15 de la Ley 9538.-

Expone que del expediente surge que en ningún momento se ha limitado el derecho de defensa, ni violentado el debido proceso, teniéndose en cuenta el procedimiento seguido por el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Psicólogos; observa que, en el caso se recibe la denuncia (fs. 2/6), se constituye el tribunal y se convoca al denunciante a ratificar la misma (fs.7). Todo ello conforme el art. 9 y 13 del Reglamento. Luego, de acuerdo con el art. 14 se cita a la profesional denunciada a fin que efectúe aclaraciones o explicaciones que entienda convenientes.-

Que sin perjuicio que, como surge de la norma mencionada, es en la audiencia donde debería informarse a la profesional de los motivos de la denuncia...

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