Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 29 de Marzo de 2017, expediente L. 119032

PresidenteKogan-Soria-Negri-Pettigiani-de Lázzari-Genoud
Fecha de Resolución29 de Marzo de 2017
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 29 de marzo de 2017, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresK.,S., N., P., de L., G.,se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.032 "O., D. contra Liberty ART SA. Indemnización por accidente".

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo nº 3 con asiento en la ciudad de Avellaneda hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada (fs. 577/586 vta.).

Ésta interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 615/620 vta.), concedido por el citado organismo a fs. 665.

Dictada a fs. 732 la providencia de autos, sustanciados los traslados que, por razón de la entrada en vigencia del C.igo C.il y Comercial de la Nación (conf. leyes 26.994, BO de 8-X-2014 y 27.077, BO de 16-XII-2014), se ordenaron a fs. 704, y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado ante esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, la señora J. doctora K. dijo:

  1. En lo que interesa destacar, el tribunal de grado hizo lugar a la demanda que D.O. promovió contra Liberty ART SA -hoy Swiss Medical ART SA (fs. 647/663)- mediante la cual había reclamado diferencias en la indemnización prevista en la ley 24.557 por la incapacidad parcial permanente derivada del accidentein itinerepadecido.

    Asimismo, dispuso que el capital de condena devengaría intereses -desde marzo de 2006 y hasta su efectivo pago- conforme lo dispuesto por el art. 6 de la resolución 287/01 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, a la tasa activa mensual que percibe el Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuentos de documentos (fs. 585/586).

  2. Contra este último aspecto del pronunciamiento, la aseguradora demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de la doctrina legal que emana de la interpretación dada por esta Suprema Corte a los arts. 622 y 623 del derogado C.igo C.il y 7, 8 y 10 de la ley 23.928, modificada por el art. 4 de la ley 25.561, así como de aquélla mediante la que se resolvió declarar la inconstitucionalidad de la ley 14.399. Asimismo, alega vulneradas las garantías plasmadas en los arts. 16, 17 y 19 de la C.itución nacional.

    1. Por último, cabe señalar que al evacuar el traslado conferido en virtud de la vigencia del nuevo C.igo C.il y Comercial de la Nación, la recurrente manifiesta que no corresponde su aplicación conforme lo dispuesto en su art. 7 y concs. (fs. 708).

  3. El recurso debe prosperar.

    1. Debe señalarse, liminarmente, que el valor de lo cuestionado por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado en el caso por la diferencia que se verifica entre el importe proveniente del cálculo de los intereses que ordenó ela quoy el que habría de obtenerse por aplicación de la doctrina legal cuyo quebrantamiento se denuncia en el recurso- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del C.igo Procesal C.il y Comercial, conforme texto de la ley 14.141, vigente a la fecha de interposición del remedio procesal.

      Siendo así, la función revisora de esta Corte se limita a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (conf. causas L. 109.022 "V., sent. de 31-VIII-2011; L. 103.432 "Zanuttini", sent. de 6-XI-2012 y L. 116.470 "Armesto", sent. de 6-III-2013; entre muchas otras).

    2. Aclarado cuanto antecede, cabe señalar que asiste razón al recurrente en cuanto denuncia transgredida la doctrina legal que cita.

      1. Inicialmente, destaco que la inaplicabilidad del régimen invocado por el tribunal del trabajo (resol. SRT 414/99, modif. por resol. SRT 287/01) fue declarada por esta Corte en la causa L. 113.328 "., O.E." (sent. de 23-IV-2014), en la que se resolvió -en sustancia- que corresponde marginar la aplicación de dicha normativa emanada de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), toda vez que tal dispositivo ha sido concebido y reservado para regir en el contexto del procedimiento que la Ley de Riesgos del Trabajo contempla, circunstancia que lo exhibe manifiestamente ajeno al proceso judicial; ello, en la medida que este último no guarda ninguna relación con aquél, todo lo cual se erige en un obstáculo que torna improcedente su empleo (conf. doct. causas L. 113.328 "., O.E.", cit.; L. 116.448 "., sent. de 11-VI-2014; L. 117.221 "Latcovich", sent. de 23-XII-2014 y L. 116.882 "R., sent. de 15-VII-2015; entre muchas).

        Con arreglo a lo dicho, resulta errónea la aplicación de la resolución de marras, correspondiendo revocar el fragmento de la sentencia de grado en el que se dispuso liquidar los intereses de conformidad con la tasa establecida en dicho régimen normativo, cuya aplicabilidad debe ser excluida y, así declarada, también en este caso.

      2. Casado este aspecto de la decisión, corresponderá establecer el interés aplicable al capital de condena.

        En lo pertinente, habré de reproducir el desarrollo argumental que tuve oportunidad de efectuar al emitir mi voto en la causa C. 119.176 "C. (sent. de 15-VI-2016), conforme las consideraciones expuestas por el doctor S. en la causa L. 118.587 "Trofe" (sent. de 15-VI-2016).

        b.1. Inicialmente, corresponde señalar que, respecto de la tasa de interés moratorio judicial, esta Corte -por mayoría- reiteradamente ha declarado que debe asumir su labor uniformadora de la jurisprudencia fijando una doctrina legal (arts. 161 ap. 3 inc. "a", C.. de la Prov. de Bs. As.; 279, CPCC y 55, ley 11.653), toda vez que dicha determinación reviste un innegable valor expansivo que justifica la intervención del tribunal (ver, entre miríada de precedentes, causa L. 94.446 "Ginossi", sent. de 21-X-2009).

        En ese marco, bajo el régimen normativo del derogado C.igo C.il estableció que, en ausencia de convención y de ley especial, los intereses moratorios debían ser liquidados exclusivamente sobre el capital con arreglo a la tasa de interés que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debía ser diario con igual tasa (arts. 7 y 10, ley 23.928, modif. por ley 25.561 y 622 del abrogado C.. C..; conf. causas Ac. 57.803 "Banco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 17-II-1998; Ac. 72.204 "Quinteros Palacio", sent. de 15-III-2000; Ac. 68.681 "Mena de B., sent. de 5-IV-2000; L. 76.276 "V., sent. de 2-X-2002; L. 77.248 "Talavera", sent. de 20-VIII-2003; L. 75.624 "Taverna", sent. de 9-X-2003; L. 79.649 "S., sent. de 14-IV-2004; L. 88.156 "C., sent. de 8-IX-2004; L. 87.190 "S., sent. de 27-X-2004; L. 79.789 "O., sent. de 10-VIII-2005; L. 80.710 "R., sent. de 7-IX-2005 y Ac. 92.667 "Mercado", sent. de 14-IX-2005; entre otras).

        Asimismo, ratificado por la mayoría de esta Suprema Corte en la citada causa L. 94.446 "Ginossi", el indicado criterio hubo de mantenerse aun después de la sanción de la ley provincial 14.399, y ello por razón de la inconstitucionalidad declarada -también por mayoría, que integré- en el precedente L. 108.164 "A." (sent. de 13-XI-2013), entre otros, y conforme postula -en el caso- el recurrente, desechando en consecuencia la hipótesis de una definición proveniente de ley especial.

        b.2. Luego, a partir del precedente L. 118.615 "Zócaro" (res. de 11-III-2015), este Tribunal confirmó sentencias de los tribunales laborales en los que se había dispuesto la aplicación de la tasa pasiva en su variante denominada "digital", por juzgar que las impugnaciones traídas a su conocimiento no demostraban que dicha definición contrariase la doctrina legal vigente.

        b.3. Por otra parte, el nuevo C.igo C.il y Comercial de la Nación dispone en su art. 768 inc. "c", de modo subsidiario, la aplicación de las tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central.

        En este contexto, conforme quedó anticipado, el análisis de la evolución de las distintas tasas pasivas definidas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que se hallan determinadas en el marco reglamentario de la mencionada institución oficial (art. 768 inc. "c", C.. cit.), impone precisar el criterio que este Tribunal ha mantenido hasta ahora en carácter de doctrina legal, en pos de la finalidad uniformadora de la jurisprudencia.

        Por tal razón, considero que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el...

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