La oficina de escuchas telefónicas, poblada de hijos de jueces y fiscales

La "familia judicial" hizo un aterrizaje triunfal en la oficina de escuchas telefónicas. Muchos hijos de jueces, camaristas y fiscales de peso en los tribunales fueron nombrados en la dependencia encargada de interceptar llamadas de narcotraficantes, secuestradores y políticos.

La nómina de personal de la -publicada en su portal de datos- incluye a muchos apellidos notables del Poder Judicial. En particular, según analizó LA NACION Data, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), antes conocida como "Ojota", tiene como empleados a jóvenes hijos de magistrados que tienen en sus manos casos de corrupción.

El camarista federal Eduardo Farah, el juez Rodolfo Canicoba Corral, el fiscal Carlos Stornelli y su par Eduardo Taiano tienen hijos designados en la oficina de escuchas, el tramo más sensible de los procesos penales. También figura el hijo del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky y el del camarista nacional Luis María Bunge Campos.

LA NACION se comunicó con todos los magistrados y fiscales, que reconocieron que recomendaron a sus hijos, al tiempo que destacaron la labor de los jovenes en esa oficina, un trabajo que muchas veces combinan con sus estudios.

La ex-Ojota quedó bajo la lupa tras la filtración de los audios de Cristina Kirchner, un caso que logró una inédita confluencia en los bloques legislativos para exigirle una explicación a la Corte.

El máximo tribunal, sin embargo, ya le había pedido al Congreso que audite esa dependencia, cuyo titular es Juan Tomás Rodríguez Ponte, que ya había elevado un informe con el detalle de la cadena de custodia que se aplicó sobre ese material grabado.

En la planta laboral de la oficina de escuchas también figura Gonzalo Diego Garcilazo Menéndez, hijo de Pablo Garcilazo, exasesor del representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahiques. Sergio Cavallo, hermano del influyente exjuez Gabriel Cavallo, se desempeña como subsecretario administrativo.

Desde la ex -Ojota señalaron que cuando la Corte heredó la oficina "había cien trabajadores de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y otros cien de la Procuración General de la Nación" de la gestión de Alejandra Gils Carbó, las dos dependencias que tuvieron control sobre las escuchas en el pasado reciente.

"Los empleados debían volver a su dependencia de origen. En cinco meses debimos renovar toda la planta y buscamos recomendaciones en el Poder Judicial. Son...