La Oficina Anticorrupción disolvió su oficina de Litigios y ya no intervendrá en las causas contra funcionarios y exfuncionarios

La Oficina Anticorrupción (OA), organismo que depende del Poder Ejecutivo, ya no intervendrá como querellante en las causas penales que investigan a funcionarios y exfuncionarios públicos. Así lo dispuso su titular, que firmó una resolución que disolvió la oficina que se ocupaba de los litigios y ordenó la reasignación de todo su personal.Hasta ahora, la OA era querellante en 32 causas: cuatro contra exfuncionarios de la gestión de Carlos Menem (incluido el caso sobresueldos, donde Menem fue condenado) y 28 contra exfuncionarios del kirchnerismo. Seis de esos casos tienen a Cristina Kirchner como acusada.Durante el macrismo, la OA, encabezada por Laura Alonso, había tenido un papel muy activo como acusadora en los expedientes que tramitaban en los tribunales de Comodoro Py contra el kirchnerismo. Desde que , Crous anunció que planeaba darle otro perfil al organismo, concentrado en "el rol preventivo", para "generar condiciones para que los hechos de corrupción no ocurran". Sostuvo que esa es la misión central que la ley le asigna a la OA y que la OCDE, en un análisis de la situación argentina, recomendó profundizar. En mayo pasado, el organismo dio un primer paso muy simbólico: en las causas Los Sauces y Hotesur, donde se investigan supuestas maniobras de lavado de dinero de la familia Kirchner a través de la actividad hotelera.Quien tiene el rol de querellante en una investigación actúa como acusador, en paralelo con la fiscalía. Tiene acceso al expediente y puede proponer medidas de prueba y recurrir las decisiones judiciales.Esta mañana, Crous dijo que está "reperfilando" a la OA "de acuerdo con lo planificado" desde que asumió el cargo. "Es mi mirada y es lo que hablé con el Presidente", afirmó, en una conferencia organizada por el estudio Marval, O'Farrell y Mairal, en la que explicó que está tratando de convertir a la OA en "un motor de políticas públicas, dejando paulatinamente el rol de litigio".En su resolución de hoy, Crous sostuvo que el Ministerio Público Fiscal -con su organismo específico de persecución de la corrupción, que es la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA)- es quien debe oficiar de acusador en las causas penales y que es "redundante" que lo haga también la OA, que tiene recursos acotados. Con esos argumentos, dispuso la disolución de la Dirección Nacional de Litigio Estratégico."Los recursos profesionales de esta oficina han sido asignados de un modo tal que la Dirección Nacional de Litigio...