Observaciones y críticas al proyecto de código penal de 2006

• Páginas: 17-96
• Autor: Justo Laje Anaya

16 JUSTO LAJE ANAYA

Homicidio culposo agravado

Turbación de los actos de culto

Relación sexual mediante engaño

Sustracción de cadáveres

Hurto de ganado

Hurto cultural

Hurto con escalamiento

Hurto atenuado

Robo con armas

Robo con efracción

Robo con homicidio

Daño

Defraudación por sustracción y estafa de seguro

Petardismo

Retención y apropiación indebida

Estelionato

Excusa absolutoria en los delitos contra la propiedad

Extorsión

Cheque sin fondo

Traición

Revelación de secretos y espionaje

Estupefacientes

Policía sanitaria animal

Asociación ilícita

Intimidación pública

Tenencia de armas de guerra y acopio de armas de fuego

Encubrimiento

Tenencia de elementos destinados a la falsificación

OBSERVACIONES Y CRÍTICAS

AL PROYECTO DE CÓDIGO PENAL DE 2006

PRINCIPIOS

En su art. 1º, el Proyecto dispone: “El presente Código se

aplicará de conformidad con los principios que surgen de la

Constitución Nacional y de los Tratados o Convenciones Inter-

nacionales que gozan de jerarquía constitucional, en especial

los de: a) legalidad, b) lesividad, c) culpabilidad, d) proporcio-

nalidad, e) humanidad.”

¿Es necesario que una ley manifieste que respetará los prin-

cipios que surgen de la Constitución? Que sepamos, ninguna

ley, sea ésta penal, civil, comercial, administrativa, etc., ha

dicho, o dice, que será fiel a las normas superiores. Luego de

proclamar esa fidelidad, el art. 1º dice también, que además

observará los tratados o convenciones que gozan de jerarquía

constitucional, con lo cual, adelanta, que a los tratados que ca-

rezcan de esa jerarquía, no los observará1. ¿Puede una ley con-

trariar en su primera disposición, al art. 31 de la Constitución?

1 Y Precisamente esto ocurre, cuando el Proyecto considera la delincuencia rela-

tiva al narcotráfico, apartándose de lo que dispone la Convención de las Nacio-

nes Unidas de 1961, y de lo que establece la Convención, también sobre estupe-

facientes, de 1988. Como estos documentos internacionales —no obstante haber

sido ratificados por nuestro país—, no gozan de jerarquía constitucional, enton-

ces el Proyecto deja de observarlos, y prescinde de ellos. En el lugar respectivo,

nos referimos al tráfico ilícito de estupefacientes.

SUMARIO

Principios

Aplicación de la ley penal en el espacio y en el tiempo

Estado de inconciencia

Actio libera in causa

Dolo

Error de derecho

Coacción y estado de necesidad exculpante

Exceso

Desistimiento en la tentativa

Pena de la tentativa

Delito imposible

Instigación

Sistema del delito culposo

Concurso de delitos

Homicidio piadoso. Ayuda al suicidio

Abuso de armas

Delitos electorales

Violación de domicilio

La fórmula del delito de homicidio

Injuria

Incendio

Aborto

Estafa

Anomalía o alteración permanente o transitoria

Medida de seguridad

Imputabilidad disminuida

Significación de términos

Homicidio calificado por el vínculo

Lesiones graves. Peligro para la vida

18 JUSTO LAJE ANAYA

¿Se debe referir el Código Penal al principio de legalidad?

Si la Constitución declara que nadie puede ser penado sin ley

anterior al hecho, ¿qué tiene que decir de ello un Código? ¿Se debe

encargar una ley de ratificar lo que la Constitución ha dicho?2

Desde un punto de vista histórico legislativo, el Código de

1886, en su art. 46, establecía: “No serán castigados otros actos

u omisiones que los que la ley con anterioridad haya calificado

de delitos”. Cuando esta disposición fue analizada por los auto-

res del Proyecto de 1891, cayó por su propio peso, porque —se-

gún se entendió—, no podía hallarse legislada en el Código, y

por ello fue derogada, ya en su tiempo, por la ley de reformas

de 19033. Después de haber trascurrido más de cien años, la

misma, y superflua regla, se hace presente. Esta vez, en el Pro-

yecto de 2006.

2 Los autores del Proyecto manifiestan que han tenido en cuenta, entre otros, al

código español, y al paraguayo. Dice la Constitución de España en su art. 25:

“Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que al mo-

mento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según

la legislación vigente en aquel momento ”. ¿Qué dice el art. 1º del Código español?

Dice lo siguiente: “No será castigada ninguna acción u omisión que no esté previs-

ta como delito o falta por ley anterior a su perpetración”. Por su parte, la Consti-

tución paraguaya establece en su art. 17, que toda persona tiene derecho a que

no se le condene sin juicio previo fundado en una ley anterior al hecho. El art. 1º

del Código penal de ese país, dice: “Nadie será sancionado con una pena o medi-

da sin que los presupuestos de la punibilidad de la conducta y la sanción aplicable

se hallen expresa y estrictamente descritos en una ley vigente con anterioridad a la

acción u omisión que motive la sanción ”. En una palabra, se dicen dos cosas

iguales, cuando es suficiente que lo diga una sola vez, la Constitución. No hace

falta que el Código penal ratifique lo que dispone una norma superior.

3 En la exposición de motivos al Proyecto de 1891, se lee: “La irretroactividad de

la ley penal es un principio que la Comisión ha creído superfluo consignar en el

Código penal, puesto que está consagrado en el art. 18 de la Constitución: nin-

gún habitante de la Nación Argentina puede ser penado sin juicio previo funda-

do en ley anterior al hecho del proceso; y cree que esta consideración es suficien-

te para justificar la supresión del art. 46 del Código vigente”. En la 2ª ed.,

Buenos Aires, 1898, p. 20.

19OBSERVACIONES Y CRÍTICAS AL PROYECTO DE CÓDIGO PENAL DE 2006

APLICACIÓN DE LA LEY PENAL EN EL ESPACIO, Y EN EL TIEMPO

En esta materia, el art. 2º del Proyecto, es una réplica de lo

que establece el art. 1º del Código. Con ello, no se pone fin a las

desinteligencias que ha dado lugar el principio de defensa

porque la expresión “o cuyos efectos deban producirse en el te-

rritorio de la Nación Argentina”, puede ser entendida en un

sentido amplio o en un sentido restringido. Los efectos, ¿pue-

den derivar de la comisión de cualquier delito cometido más

allá de los límites territoriales? ¿Qué ocurre con los delitos a

distancia? Un sujeto ha contraído matrimonio por la ley argen-

tina, y con posterioridad, ha cometido bigamia en el exterior.

¿Se aplica la ley argentina? ¿Será que los efectos de la infrac-

ción se producen en nuestro país? Un argentino ha sido vícti-

ma de homicidio en el exterior; ¿no es cierto que ese homicidio

tiene efectos jurídicos para el Derecho argentino? Por ello es

que enunciar el principio de defensa en los términos en que lo

hacen el Código y el Proyecto, presenta sus inconvenientes, y

se convierte así, en fuente de discrepancias, e interpretacio-

nes muy dispares. Revísese la obra de los autores; la misma

jurisprudencia, y se comprobará que ello es cierto. Es que en

esta materia, lo más conveniente y hasta práctico, es proceder

a la enumeración de los delitos a los que se aplica la ley nacio-

nal, porque el principio general en la aplicación de la ley, es el

principio territorial; lo demás, es de excepción4.

Se ha señalado, desde hace muchísimos años, que la redac-

ción del inc. 2 del Código es defectuosa, porque pareciera que

la ley argentina se aplicara a los agentes o empleados de auto-

ridades argentinas que en el desempeño de su cargo han come-

tido un delito en el extranjero. Lo que en realidad quiere decir

este inc. 2, es que el Código se aplica a los delitos cometidos en

4 En el Proyecto de 1960, art. 1º. En el parágrafo 1041, del Programa del Curso

de Derecho Criminal, CARRARA hace referencia al peligro en que se coloca a la

seguridad pública de una nación, a la conspiración u otro ataque contra el go-

bierno, a la falsificación de moneda y otros semejantes que hacen la guerra a la

vida política o a la vida económica del Estado.