Sentencia de Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial (Sala III) - Santa Fe, 5 de Mayo de 2021

Presidente403/21
Fecha de Resolución 5 de Mayo de 2021
EmisorCámara de Apelación en lo Civil y Comercial (Sala III) - Santa Fe

Registrado bajo el N° 89, F° 169, T° 24

En la ciudad de Santa Fe, a los 05 días del mes de Mayo del año dos mil veintiuno se reúnen en acuerdo ordinario los señores jueces de la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, R.H.D., S.J.B. y C.E.D., para resolver los recursos de nulidad y apelación planteados por la actora el 19/08/20 (fs. 302), contra la sentencia pronunciada el 04/08/20 (fs. 282-299) por el señor Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Octava Nominación en los autos caratulados: "OBREGON, ILEANA GUADALUPE C/ GUTIERREZ, NERINA GUADALUPE Y OTROS S/ ORDINARIO" (Cuij N° 21-01996055-9), habilitada la instancia de grado por la providencia de fecha 19/08/20 (fs. 303). Dispuesto el orden de votación en coincidencia con el de estudio de la causa, resulta primero D., segundo Dellamónica y tercero B..

Acto seguido el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones:

Primera

¿procede el recurso de nulidad?

Segunda

en caso contrario, ¿es justa la sentencia?

Tercera

¿qué pronunciamiento corresponde?

A la primera cuestión el juez D. dice:

El recurso de nulidad no ha sido mantenido de modo autónomo en esta instancia, no formulándose quejas que implícitamente evidencien sostenerlo. Tampoco se advierten vicios en la sustanciación del proceso que, de afectar el orden público, impongan una declaración oficiosa de nulidad. Como consecuencia, corresponde tener por operada la deserción del recurso (arts. 125, 361, 364 y cc. CPCC).

Así voto.

A la misma cuestión los jueces Dellamónica y B. expresan análogas razones a las vertidas por el juez preopinante y votan en el mismo sentido.

A la segunda cuestión el juez D. continúa diciendo:

  1. - Que la sentencia recurrida, a cuya relación de la causa por razones de brevedad remito, rechazó la demanda con costas a la actora vencida, en los términos de su DDJJ de pobreza.

    Para así decidir, en resumen, consideró: (i) que en el matrimonio existe una "sociedad conyugal" en la medida que los cónyuges no opten por el régimen de separación de bienes, pudiendo pacto mediante, no constituir comunidad de gananciales; que respecto a los convivientes la respuesta es negativa, en tanto nuestro ordenamiento jurídico no prevé la "sociedad convivencial" como podría ser en el caso de un matrimonio, siendo ello una diferencia clave y relevante entre el sistema de la unión convivencial y el del matrimonio; que la sociedad convivencial no existe como concepto y figura jurídica en nuestro ordenamiento, lo que no obsta a que en el marco de una unión convivencial puedan generarse ciertos y determinados efectos patrimoniales si se demuestra que no existe la separación de bienes del régimen; que el artículo 513 del Código Civil y Comercial (CCCN) dispone que los convivientes pueden pactar cómo distribuirán (y si distribuirán) los bienes obtenidos en tanto ello no viene impuesto por la ley y es razonable que así sea, ya que no hay una comunidad ni sociedad, rigiendo el principio, como regla general, de la autonomía de la voluntad manifestada en el pacto; que el artículo 528 CCCN establece como principio la permanencia de los bienes en el patrimonio al cual pertenecen -conforme la titularidad- sin perjuicio de las pertinentes acciones ante eventuales situaciones, como el enriquecimiento sin causa, la interposición de personas, etc; que las relaciones económicas entre los integrantes de la unión convivencial se rigen por lo pactado entre ellos y si nada hubiesen pactado, cada integrante ejerce libremente las facultades de administración y disposición de los bienes de su titularidad; que la unión convivencial no genera, per se, "sociedad convivencial" alguna en los términos patrimoniales, ya que, ante la inexistencia de pacto, cada uno de los integrantes conserva la administración y disposición de sus propios bienes; (ii) que en la demanda, más allá de la calificación asignada por la actora, no se han planteado alguno de los supuestos establecidos por el artículo 528 CCCN, por lo que corresponde recalificar la acción sin alterar la pretensión; que respecto al enriquecimiento sin causa (art. 1794 CCC), quien reclama deberá acreditar la utilización de fondos propios para la adquisición del bien que pretende y que el otro conviviente se enriqueció, es decir, que aumentó su patrimonio en función de la utilización de los fondos del reclamante, como así también que no existe otra vía para encauzar el reclamo; que nada acredita en autos la utilización de fondos propios de la actora para la adquisición de los bienes que se pretenden; no se probó el enriquecimiento sin causa del causante fallecido y tampoco el correspondiente empobrecimiento de la actora, surgiendo de la prueba producida lo contrario; (iii) que el inmueble fue comprado con un cheque contra una cuenta de titularidad del causante, tal como relata la escritura y lo prueba el informe bancario; que dicha cuenta era de cotitularidad de la ex pareja del Sr. G. y éste; no advirtiéndose que en ello existan indicios graves, serios, precisos y concordantes del pretendido empobrecimiento y enriquecimiento; (iv) en cuanto al vehículo en cuestión, inscripto a nombre del causante, fue comprado con permuta por entrega de otro rodado de propiedad exclusiva del Sr. G.; (v) que no se aprecia respecto de ambos bienes cuál es el empobrecimiento de la actora, requisito necesario para que aplique el principio del enriquecimiento sin causa; no existe ningún elemento de prueba en autos que acredite los supuestos aportes alegados por ella y que habrían motivado su empobrecimiento y el consecuente enriquecimiento del causante; que es relevante observar la ausencia de elementos probatorios de ingresos de la actora, no hay constancia de actividades lucrativas respecto a ella; (vi) que el inmueble fue comprado en marzo de 2011 y el vehículo en julio de 2013, registrando la Sra. Obregón monotributo activo desde agosto de 2017 y como actividad "servicios de atención de ancianos con alojamiento" desde noviembre 2013; que la actividad económica de la misma fue registrada más de dos años posteriores a la compra del inmueble y varios meses posteriores a la del vehículo; que no están dadas las condiciones que tornan viable la aplicación del mecanismo o herramienta del enriquecimiento sin causa; (vii) que con relación a la interposición de personas (art. 333 CCC), la misma puede ser ficticia o real; que nada se ha planteado ni probado en el caso, más bien, surge todo lo contrario; que en la demanda se señaló que la registración de los bienes a nombre del causante se debió, entre otras razones, a "la posibilidad de juicios en contra de la Sra. Obregón", pero no hay en autos alguna constancia documental que permita sustentar, así sea indiciariamente, ese extremo; que ni siquiera consta en la causa si la actora era empleadora; no hay una nómina de empleados como para justificar aquella eventualidad, siendo la parte demandada la que acreditó lo contrario; (viii) que se probó que el causante tenía más de diez juicios en su contra, tanto en la justicia provincial como en el ámbito federal, resultando que si alguno de los dos podría haber pensando en evitar incorporar más bienes a su patrimonio era el causante y no la actora; que no resulta razonable como conducta económica racional que una persona que, sin duda, genera recursos (el causante) y que tiene un juicio iniciado por su ex pareja para la división de bienes, incorpore más bienes a su nombre; que no solo no se encuentran acreditados los aportes sino que ni siquiera se sustenta la pretendida causa o motivación alegada por la actora para la inscripción de los bienes a nombre exclusivo del causante, por lo que no se encuentran acreditados los requisitos esenciales de la interposición de persona como mecanismo o herramienta para dividir un supuesto patrimonio común; (ix) que con relación al reconocimiento y división de un condominio (disimulado), cuando el bien registrable se inscribe a nombre de uno de los convivientes pero es comprado con el aporte de ambos, el miembro no titular debe probar su aporte económico, la causa por la cual la inscripción registral no refleja la realidad económica que le dio origen y la inexistencia de animus donandi al entregar el dinero para la adquisición del bien; que no se acreditaron aportes por parte de la actora y tampoco hay elemento alguno que acredite o que, al menos permita presumir judicialmente a partir de indicios graves, precisos y concordantes la causa de la anotación de los bienes comprados supuestamente por ambos, inscriptos sólo a nombre del causante; que sin aportes no hay condominio disimulado susceptible de ser dividido, no generando un condominio la unión convivencial; que la actora acompañó recibos de pago de obras de gas y facturas a su nombre emitidos por la empresa Riomat; que el razonamiento presentado por la actora sería que esos documentos acreditan los aportes al inmueble supuestamente en "sociedad" y en "condominio disimulado" según la recalificación que se podría efectuar al analizar esa hipótesis; que no se comparte ese criterio por dos razones: se trata de comprobantes, algunos de ellos, de octubre y noviembre de 2011 y del año 2012, es decir, anteriores a la actividad comercial registrada por la actora y, segundo, porque aunque se prescindiese de lo anterior, lo cierto es que ello no acredita aportes al condominio disimulado por la sencilla razón de que la compra del inmueble ocurrió en marzo de 2011, tiempo antes de las operaciones que aludirían esos comprobantes; (x) que respecto a la sociedad de hecho, conforme criterio pacífico jurisprudencial, la misma no se presume por la existencia de una unión convivencial; que se debe acreditar la realización de aportes, actividad orientada a un lucro y affectio societatis; que tampoco se cumplen los requisitos y condiciones necesarios para aplicar la herramienta referida a la disolución de una supuesta sociedad de hecho (simple o...

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