Las obras viales y la cadena de la fabulación

Casi 11 años pasaron desde los primeros anuncios y todavía hay un en la Argentina demoradas o sin hacerse. Esta estadística no es azarosa: surge de un estudio elaborado por la Auditoría General de la Nación (AGN) y muestra, una vez más, un alto incumplimiento de promesas hechas por el gobierno kirchnerista.

Sin embargo, no es esto novedoso. Los múltiples anuncios de obras de todo tipo que nunca se concretan han sido una constante en la era de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. A tal punto que, desde 2003, los argentinos nos hemos malacostumbrado a escuchar en reiteradas ocasiones el mismo anuncio oficial y a esperar en vano que se cumpla con la promesa y la obra sea una realidad.

La obra pública vial ha tenido rasgos alarmantes. La arbitraria distribución del presupuesto nacional para ese fin entre las provincias por razones políticas, con una marcada concentración en Santa Cruz, es uno de ellos. Otra característica pasa por la adjudicación de contratos a pocos grupos empresarios, fundamentalmente vinculados al poder político. Finalmente, los habituales sobrecostos y la falta de transparencia, que son consecuencia de los elevados niveles de corrupción.

Desde estas páginas se han puesto de manifiesto numerosos hechos irregulares, entre las que no puede olvidarse el hecho de que el secretario de Obras Públicas, José López –número dos del Ministerio de Planificación, conducido por Julio De Vido–, haya adquirido siendo funcionario, junto a su esposa, el 80% de la empresa La Araceliti, habilitada para llevar a cabo construcciones viales y de arquitectura, obras mecánicas y eléctricas, y servicios de inspección, auditoría y supervisión de obras públicas. Esta situación provocó diversas denuncias de incompatibilidad con la función pública y de violación de elementales normas éticas, pese a lo cual la Oficina Anticorrupción, en una a todas luces incomprensible y cuestionable resolución adoptada en febrero del año pasado, resolvió que el secretario de Obras Públicas no se encontraba incurso en un caso de conflicto de intereses, en tanto su empresa no figura registrada como proveedora del Estado nacional, aunque la Oficina Nacional de Contrataciones aclaró que no pudo determinar si ha contratado con las reparticiones públicas a través de terceras firmas. Una investigación más profunda debió haberlo determinado.

Los ejemplos de lo no hecho abundan: la autovía entre Pilar y Pergamino, que debía ser inaugurada este año, sólo registró...

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