Un nuevo reglamento para la transparencia algorítmica

Con los algoritmos se crean los grupos de opinión denominados eco chambers o cámaras de eco

El Parlamento Europeo aprobó, recientemente, un paquete de normas, de indudable relevancia para la protección de los derechos digitales, integrado por la ley de servicios digitales (DSA) y la ley de mercados digitales (DMA), que, bajo la forma de reglamento, será aplicable en territorio europeo.

La normativa establece obligaciones puntuales para las empresas tecnológicas y/o plataformas digitales, que resultan más gravosas para aquellas con más de 45 millones de usuarios, entre las que se encuentran Google, Facebook (Meta), Instagram, Twitter, Amazon y otras tantas que integran "el club de amigos techi ", con gran impacto en la vida del ciudadano de a pie.

En un universo digital como el que vivimos, en donde impera el "vale todo" , de la mano del "después vemos", junto al inolvidable eslogan que pregona que "con la autorregulación alcanza", la Unión Europea ha decidido marcar la cancha a los grandes jugadores del sector, imponiendo normas de juego claras, tal como refrendó la eurodiputada Christel Schaldemose al referir que "las tecnológicas se han beneficiado durante largo tiempo de la ausencia de reglas. El mundo digital se ha convertido en el ‘salvaje oeste’, en el que los más grandes y más fuertes fijan las reglas. Pero ha llegado a la ciudad un nuevo sheriff, la ley de servicios digitales".

La DSA propone soluciones concretas a temas sensibles tales como, por ejemplo, la transparencia de los algoritmos utilizados por los motores de búsqueda, que fue sobrevolado por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación al rechazar el planteo de "derecho al olvido" formulado por una reconocida conductora y periodista argentina radicada en Miami.

En concreto, la DSA obliga a las Big Tech a actuar con "debida diligencia", esto es, con una conducta similar a la del "buen hombre de negocios" que nuestra ley civil reconoce como estándar hace más de 100 años y que, dicho en criollo, supone un actuar diligentemente y de "buena fue" frente a los usuarios que entregan, generosa e imprudentemente, su información personal a las trituradoras de datos.

Las obligaciones incluyen, por un lado, la moderación de contenidos ilegales en línea, manteniendo un delicado equilibrio entre la libertad de expresión y los derechos individuales (honor, imagen, privacidad y autodeterminación informativa), garantizando mecanismos internos para tramitar las quejas por contenidos...