Un nuevo escándalo por indemnizaciones en los años 70

Recientemente, la investigación del periodista Luis Gasulla reveló que Nacha Guevara , "por amenazas" en los 70, cobró del Estado unos $12.000.000 por haberse exiliado durante 2.856 días. Más allá de la notoriedad pública que alcanzó el caso, debe repararse en que es apenas uno entre miles que no han tenido la misma publicidad.

Efectivamente desde su sanción en 1990 y 1994, respectivamente, por las leyes 24.043 y 24.411, entre otras , llamadas "leyes reparatorias", se han pagado a víctimas y parientes de la represión ilegal del Estado en los 70, más de 3.000 millones de dólares (monto actualizado a valores de hoy, según las proyecciones por mí realizadas), sin que los argentinos podamos saber a quiénes, por qué y con cuanta plata se pagaron -y siguen pagando- estos beneficios.

¿Existe transparencia, rendición de cuentas y control ciudadano y judicial en estos pagos? Decididamente, no. Son decisiones administrativas, inaccesibles para los argentinos de a pie, adoptadas arbitrariamente desde un área hermética del Estado como es la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH).

¿Por qué se rodea de tanto secreto a los beneficiarios de una ley? ¿Por qué el Gobierno oculta sus nombres y el dinero que se les otorgó y otorga?

El CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), que Horacio Verbistsky presidió hasta el "vacunatorio VIP", publicó un artículo revelador, titulado "La experiencia argentina de reparación económica en graves violaciones de los derechos humanos", escrito por la Dra. María José Guembe, directiva del organismo.

Dice Guembe: "Uno de los problemas que surgieron en la aplicación de esta ley (24.043) es que muchas de las personas que reclamaban la indemnización, tenían juicios penales en su contra: su detención no obedecía al dictado del ‘Estado de Sitio’ sino a la acusación de haber cometido delitos en el marco de la ‘lucha armada’ y, aunque había intención de sumar a estas personas entre los beneficiarios, la norma legal no lo habilitaba. (…) El tema no fue incluido por la polémica y fuerte oposición que habría generado en el Congreso Nacional, difícil de superar ya que la dirigencia política estaba dispuesta a otorgar una compensación a los que habían sido injustamente encarcelados, pero no a los acusados de cometer delitos. También era seguro que, si se incluía a estas personas, se dispararía un fuerte descontento social. Por este motivo esta categoría de presos no fue incluida en la ley, pero -posteriormente- se dictaminó...