Sentencia de CAMARA FEDERAL DE GENERAL ROCA, 13 de Abril de 2022, expediente FGR 038728/2018/CA001

Fecha de Resolución13 de Abril de 2022
EmisorCAMARA FEDERAL DE GENERAL ROCA

Poder Judicial de la Nación Cámara Federal de Apelaciones de General Roca “Notario, G.P. c/ ANSeS s/ reajuste de haberes” (FGR 38728/2018/CA1) Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche En General Roca, Río Negro, a los días de abril de dos mil veintidós se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en esta ciudad para dictar sentencia en los autos del epígrafe,

conforme con el orden de asignación previamente establecido.

El doctor M.R.L. dijo:

I.

La sentencia de primera instancia admitió la demanda promovida por la parte actora contra la ANSeS y condenó a esta última a redeterminar la prestación compensatoria y la prestación adicional por permanencia,

de acuerdo a las pautas establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Blanco” y “Elliff” (Fallos,

332:1914), es decir según el índice establecido en la resolución 140/95 de la ANSeS, pero sin la limitación temporal allí contenida, hasta febrero de 2009, momento a partir del que resulta aplicable la ley 26.417.

Respecto de la PBU entendió aplicables las consideraciones vertidas por el tribunal cimero en “Q.” y por esta cámara en “De Luca”.

Por otra parte, rechazó el reclamo tendente a obtener la movilidad de las prestaciones en tanto entendió

que los aumentos otorgados desde que el beneficio fue adquirido acompañaron la evolución del incremento de los salarios en actividad.

Descartó también los cuestionamientos a la ley 27.426, en el entendimiento de que la actora no había Fecha de firma: 13/04/2022

Firmado por: M.R.L., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: R.F.G., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: M.F., SECRETARIO DE CAMARA —1—

acercado argumentos de envergadura suficiente para fundar la invalidez de la norma.

Hizo específica referencia al pedido de inconstitucionalidad del tope a los aportes establecido por el art.25 de la ley 24.241 y citó el precedente “G.” de la CSJN. Luego, difirió el tratamiento de los restantes topes a la etapa de liquidación de sentencia.

Por otro lado, rechazó el planteo de la demandada dirigido a limitar la bonificación por zona austral por aplicación de la doctrina del fallo “V., para lo cual se fundó el carácter de política demográfica de ese suplemento.

Finalmente ordenó el pago del nuevo haber y las retroactividades correspondientes en los términos que establece el art.22 de la ley 24.463, conforme al texto modificado por el art.2° de la ley 26.153 –según la liquidación cuya confección puso en cabeza de la demandada–, con más sus intereses calculados según la tasa pasiva que publica el BCRA y el adicional por zona austral -en la medida en que el beneficiario cumpliese los requisitos legales a tales fines– e impuso las costas en el orden causado.

II.

Contra ese pronunciamiento se alzaron ambas partes.

III.

La parte actora en sus agravios se quejó de la decisión de diferir el pronunciamiento relativo a la pertinencia de ordenar la actualización de la PBU con la que se integró su haber inicial. Exigió el reajuste de ese componente por el índice ISBIC.

Fecha de firma: 13/04/2022

Firmado por: M.R.L., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: R.F.G., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: M.F., SECRETARIO DE CAMARA —2—

Poder Judicial de la Nación Cámara Federal de Apelaciones de General Roca Cuestionó la decisión de posponer el tratamiento del tope establecido en art.9 de la ley 24.463 para la etapa de ejecución de sentencia.

Además, discutió la aplicación al caso de la tasa de interés pasiva, postulando que debía utilizarse la activa, y la fecha desde la que correspondía computar los accesorios.

Luego, atacó el modo en que fueron impuestas las costas instando la declaración de inconstitucionalidad del artículo 21 de la ley 24.463, así como –en acápite aparte-

de la leyes 27.426 y 27.609 que modificaron el índice de movilidad y de los Decretos 163/2020, 495/2020 y 899/2020

que establecieron incrementos compensatorios.

IV.

Por su parte, la demandada se quejó por la omisión de la aplicación del decreto 807/2016 y atacó el modo en que la sentencia ordenó aplicar la doctrina elaborada por la Corte Suprema de Justicia en el fallo “Elliff”,

reprochando concretamente que para actualizar las remuneraciones a tomar...

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