El problema de la integración de las normas de la ley de defensa del consumidor con las disposiciones del Código Civil: La garantía legal del art. 11, LDC

• Autor: Carlos G. Vallespinos - Luciano J. Martini
• Páginas: 431-464

EL PROBLEMA DE LA INTEGRACIÓN

DE LAS NORMAS DE LA LEY DE DEFENSA

DEL CONSUMIDOR CON LAS DISPOSICIONES

DEL CÓDIGO CIVIL: LA GARANTÍA LEGAL

DEL ART. 11, LDC

Por Carlos Gustavo Vallespinos y

Luciano José Martini

Sumario: I. Introducción. II. Las garantías del artícu-

lo 11 de la LDC. 1) Concepto. 2) Caracteres. III. Requi-

sitos. IV. Los vicios de calidad y cantidad. 1). Nuestra

postura. V. Vicios estéticos. VI. Desperfecto por el mal

uso de la cosa. VII. ¿Es necesario que a los fines de

iniciar las acciones derivadas de los vicios ocultos o

manifiestos el consumidor haya ejecutado la garantía

legal? 1) El caso Sollosqui c. Zingaro y Volkswagen.

VIII. Los vicios redhibitorios en la LDC. 1) El plazo de

validez de la garantía legal. Sus inconsistencias nor-

mativas. 2) Nuestra postura de lege ferenda. IX. La

completividad del art. 1113: la actividad riesgosa des-

plegada. X. Los vicios de fabricación y la legitimación

pasiva. XI. Consideraciones finales. XII. Bibliografía

consultada.

I. INTRODUCCIÓN

A partir del año 1994 el hombre ha encontrado en la Cons-

titución Nacional la fuente de legitimación de nuevos dere-

chos y garantías que derivan de relaciones jurídicas tipifica-

das por actos de consumo de bienes y/o servicios.

En este sentido, cuando el consumo afecta la salud, la se-

guridad y los intereses económicos de un especial sector de

la comunidad, el derecho acude a la protección de los consu-

midores en procura de salvaguardar el valor excelso de la

dignidad, la justicia y la equidad.

El derecho de los consumidores ha venido a ecuanimizar

el desequilibrio habido entre fuertes y débiles en procura de

restablecer la protección corporativa de sus intereses que

trasciende cualquier distinción de clases o luchas sociales.

Históricamente el derecho ha sido conteste con la noción

de “corporación”. Prueba de ello fue la sanción del Código

de Comercio, en donde los mercaderes buscaron en la lex

mercatoria la fuente de protección de sus intereses para po-

der independizarse del Señor Feudal, el clero y la autoridad

emperatriz.

Hoy, muchos siglos después, la corporación obedece a ne-

cesidades distintas de las que tiempos atrás llevaron a aque-

llos “hombres de pies polvorientos”, que llevaban sus mercan-

cías de feria en feria, a proteger sus intereses de los sectores

sociales que los veían como usureros o aprovechadores de

las ventajas económicas que el comercio les brindaba.

En frente de los comerciantes, estamos nosotros, los con-

sumidores, que hemos llegado a corporativizar en normas

legales de raigambre constitucional, nuestros derechos eco-

nómicos, sociales, psicosociales y jurídicos.

Sin embargo, esta conquista jurídica de los consumidores

dista mucho de llegar a su fin. Los problemas de integración

entre las normas derivadas de la Constitución Nacional, el

Código Civil y la Ley de Defensa del Consumidor constituye

uno de los problemas acuciantes de la dogmática nacional

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que busca dar respuesta al interrogante de cuál es el rol que

le cabe al Código Civil frente a la proliferación de normas de

inferior jerarquía que regulan de manera específica particu-

lares relaciones jurídicas.

En efecto, el art. 3º de la LDC establece que la relación de

consumo se encuentra regulada por la Ley de Defensa de la

Competencia y la Ley de Lealtad Comercial, sin referirse al

Código Civil.

Ante esta situación, es natural preguntarnos si las rela-

ciones de consumo se han desprendido de las instituciones

reguladas por el C.C., o si el carácter supletorio que posee el

derecho común continúa vigente cuando la LDC no brinda, a

través de sus normas, una solución favorable al consumidor.

Este es el desafío del presente trabajo, en procura de en-

contrar soluciones armónicas entre la LDC y el C.C. cuando

las exigencias del caso concreto requieren del intérprete una

adecuada armonización de las normas jurídicas en pos de

una solución más justa para los consumidores.

Adentrándonos al tema que nos ocupa, debemos partir de

una primer premisa que constituye la piedra angular de cual-

quier postura que adoptemos al respecto: que en los casos

que presentan colisión de normas no es la ley, sino la Consti-

tución Nacional, la que es fuente principal del Derecho con-

sumerista1.

A partir de la reforma constitucional del año 1994, la re-

glamentación de los derechos del consumidor constituye

derecho común en los términos del art. 75, inc. 12, en situa-

ción análoga y de complementariedad con los Códigos de fon-

do allí mencionados.

En este sentido se ha pronunciado nuestra CSJN2 en re-

lación a la naturaleza jurídica de la Ley de Defensa del Con-

1 LORENZETTI, Ricardo L., Consumidores, 2ª ed., Rubinzal-Culzoni, Santa Fe,

2009, p. 45.

2 In re: “Flores Automotores S.A. s/ recurso ley 2268/98”, LL, 324-4349.