Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 3 de Septiembre de 2019, expediente CAF 019155/2015/CA001

Fecha de Resolución 3 de Septiembre de 2019
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL-

SALA IV CAF 19155/2015/CA1 “Nidera S.A. c/ EN-AFIP-DGI s/ proceso de conocimiento”

En Buenos Aires, a 3 de septiembre de 2019, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a efectos de conocer del recurso interpuesto en los autos caratulados: “Nidera S.A. c/ EN-AFIP-DGI s/ proceso de conocimiento”, contra la sentencia de fs. 3284/3293vta., el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El señor juez de Cámara R.W.V. dijo:

  1. ) Que, a fs. 3284/3293vta., el señor juez a-quo rechazó la demanda, con costas, que N.S. dedujo a fin de que se declarase la nulidad de la resolución 100/2014 (DE LGCN), que había confirmado la resolución 26/2012 (DV FIDE), por la que se rechazaron las solicitudes de reconocimiento del crédito fiscal (IVA) atribuible a operaciones de exportación perfeccionadas durante abril, julio a diciembre de 2006; octubre a diciembre de 2007; febrero, septiembre a noviembre de 2008; marzo a diciembre de 2009 y enero de 2010.

    Para así resolver, en primer término reseñó el régimen del crédito fiscal y las condiciones que debe cumplir el contribuyente para su reconocimiento (fs.

    3288/3289).

    Sobre esa base, tras relatar las actuaciones administrativas, en las que el organismo fiscal impugnaba créditos fiscales, señaló que la cuestión debatida giraba en torno a determinar si las operaciones realizadas por la actora y sus empresas proveedoras eran veraces a los fines de la solicitud de reconocimiento de crédito fiscal, para lo cual debía efectuarse un análisis de las probanzas obrantes en la causa.

    De tal modo, destacó que del cúmulo de actividades desplegadas en la etapa de inspección por parte del organismo fiscal, se advierte que la impugnación de los créditos fiscales cuya devolución es pretendida por la firma actora responde a la falta de vinculación entre los proveedores y las operaciones declaradas por la exportadora y, por lo tanto, que la decisión del Fisco tiene su fundamento en la técnica propia del impuesto (fs. 3291).

    En este sentido, consideró que, de acuerdo con las constancias de autos, la parte actora no había aportado elementos contundentes que permitan conmover el criterio sostenido por el organismo recaudador, toda vez que de la prueba producida Fecha de firma: 03/09/2019 Alta en sistema: 04/09/2019 Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA #26870625#243201182#20190903092439837 no resulta la capacidad operativa de los proveedores cuestionados y la consecuente veracidad de las operaciones, porque la documental es análoga a la presentada en las actuaciones administrativas y la informativa no revela la existencia de las operaciones, y en consecuencia, la vinculación que la mecánica del impuesto exige como requisito para generar en los responsables el crédito fiscal (fs. 3292).

  2. ) Que, contra ese pronunciamiento, N.S. interpuso recurso de apelación a fs. 3295, que fue concedido libremente a fs. 3296.

    Puestos los autos en la Oficina, fundó su recurso a fs.

    3300/3316vta., que fue contestado a fs. 3319/3335.

  3. ) Que, los agravios de la actora contra la sentencia pueden resumirse en los siguientes términos: (i) existe una arbitrariedad manifiesta derivada de la incorrecta aplicación de la regla de la sana crítica y del apartamiento de las constancias probadas en la causa (fs. 3302vta./3305); (ii) sólo se consideraron los documentos oficiales de la AFIP, y no todas las pruebas presentadas, de las que surge la realidad de las operaciones cuestionadas (fs. 3305/3307vta.); (iii) de la normativa aplicable no surge mandato alguno que sujete el cómputo del crédito fiscal al efectivo cumplimiento de obligaciones sustentadas por parte de terceros y la sentencia aplicó

    incorrectamente precedentes judiciales, desconoció la doctrina del caso “Bildown” (fs.

    3310/3313) y, por último, tampoco hizo lugar al pedido de aplicar la tasa reducida de intereses a los importes que se le exigieron en oportunidad de intimar al reintegro de las sumas previamente devueltas, derecho que, según entiende, le asiste según el precedente judicial que cita (fs. 3313/3315).

  4. ) Que, toda vez que en autos la actora impugna los actos administrativos por los que el ente recaudador rechazó las solicitudes de reconocimiento del crédito fiscal (IVA) respecto de determinados períodos y que la sentencia que ahora cuestiona rechazó la demanda por considerar que aquélla no había desvirtuado la presunción de legitimidad de los actos, porque no había probado la capacidad operativa de los proveedores y la consecuente veracidad de las operaciones, cabe recordar, por un lado, el régimen del crédito fiscal y las exigencias que deben cumplir los contribuyentes para utilizarlos y, por otro, los criterios jurisprudenciales en materia de valoración de la prueba.

  5. ) Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que, a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), como respecto de su reintegro en casos de vinculación con operaciones de exportación (art. 43 de la ley de IVA), resulta indispensable que sea legítimo. En ambos casos, ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr.

    causa 119/2013“ADM Argentina SA c/EN –AFIP-DG I- Resol. 24/08 25/08 DV Dy R s/

    Fecha de firma: 03/09/2019 Alta en sistema: 04/09/2019 Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA #26870625#243201182#20190903092439837 Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL-

    SALA IV CAF 19155/2015/CA1 “Nidera S.A. c/ EN-AFIP-DGI s/ proceso de conocimiento”

    Dirección General Impositiva”, sent. del 10 de marzo de 2015), por lo que resulta indispensable acreditar la capacidad económica de los proveedores o que estos hayan realizado las operaciones de venta que se adjudicó el contribuyente (Fallos: 338:169).

    En el mismo sentido, el art. 33 de la ley 11.683 (t.o. vigente)

    establece que “…todas las registraciones contables deberán estar respaldadas por los comprobantes correspondientes y sólo de la fe que estos merezcan surgirá el valor probatorio de aquéllas”.

  6. ) Que, por otro lado, en materia de prueba, aquel Tribunal ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del CPCCN deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos: 328:53).

    Y, en cuanto a la actividad judicial, conviene recordar que es propio de los jueces del pleito valorar la eficacia e idoneidad de la prueba, salvo el supuesto de exceso en el ejercicio de esa facultad (Fallos: 251:97, 317:418; 319:301) y la circunstancia de no considerar parte de la producida por el recurrente, o de evaluarla de modo diferente al que éste estima, no comporta agravio a la garantía de la defensa cuando la sentencia apelada encuentra apoyo en los demás elementos de juicio que menciona y bastan para sustentarla. Tampoco constituye arbitrariedad la circunstancia de que el juez haya dado preferencia a determinado elemento probatorio sobre otro (Fallos: 310:1162; 324:2169), ni la discrepancia del apelante respecto de la ponderación de las pruebas efectuadas por los jueces de la causa (Fallos: 310:1395; 317:439; 324:2169).

  7. ) Que, bajo tales parámetros se deben resolver las cuestiones involucradas en la causa y determinar si el juzgador evaluó incorrectamente la prueba producida en autos.

    Al respecto, es necesario tener presente que el organismo fiscal impugnó los créditos fiscales correspondientes a operaciones con los siguientes proveedores y por las razones que se detallan:

    1) AGROTOTAL SA Se detectó que la contribuyente se vinculaba con firmas insolventes, sin capacidad...

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