Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III - SECRETARIA CIVIL, 1 de Julio de 2021, expediente FLP 025106919/2010/CA001

Fecha de Resolución 1 de Julio de 2021
EmisorCAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III - SECRETARIA CIVIL

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE LA PLATA

La Plata, 1 de julio de 2021.

AUTOS Y VISTOS: Este expediente FLP

25106919/2010/CA1 caratulado “NICLICEPPE, S.M. c/

ANSES s/ reajuste de haberes”, procedente del Juzgado Federal N° 2 de esta ciudad, Secretaría de la Seguridad Social;

Y CONSIDERANDO QUE:

El juez V. dijo:

  1. La decisión recurrida.

    Llega la causa a esta alzada con motivo del recurso de apelación deducido y fundado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), de fecha 4/3/20,

    contra la decisión del 16/12/19 por la que el a quo dispuso:

    1.- Decretar bajo responsabilidad de la parte actora embargo contra la demandada por la suma de $429.082,70 (cuatrocientos veintinueve mil ochenta y dos pesos con setenta centavos) en concepto de capital e intereses de sentencia. Asimismo,

    deberá sumarse el monto de $85.816,54 (ochenta y cinco mil ochocientos dieciséis pesos con cincuenta y cuatro centavos)

    correspondiente al veinte por ciento (20 %) del monto mencionado en primer término, para responder por intereses y costas, lo que sumados ambos montos asciende a un total de $514.899,24 (quinientos catorce mil ochocientos noventa y nueve pesos con veinticuatro centavos). 2.- Ordenar que la traba del embargo sea efectuada ante el Banco Nación -casa central- de alguna de las cuentas de la ANSES que no estuvieran afectadas directamente al pago de jubilaciones o pensiones. 3.- Disponer que los fondos embargados sean depositados en el Banco de la Nación Argentina, Sucursal calle 7 y 48 de la ciudad de La Plata, en una cuenta a la orden del Juzgado y a nombre de autos, cuya apertura también se ordena por la presente, debiéndose acreditar el previo cumplimiento de la medida en la presente causa

    .

  2. Los agravios.

    En su memorial, la ANSeS remite a un dictamen del representante del Ministerio Público ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, que puntualiza que medidas judiciales como el embargo de cuentas y/o bienes pueden ocasionar una Fecha de firma: 01/07/2021

    Firmado por: R.A.L.A., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: P.M.L., Secretario de Cámara Firmado por: C.A.V., JUEZ DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE LA PLATA

    grave afectación al fondo de garantía de sustentabilidad de la Seguridad Social, que en virtud de su carácter es universal y solidario funcionando por y para la sociedad.

    Por otra parte, señala que con la traba del embargo decretada se produce un apartamiento del derecho aplicable al caso, por cuanto el art. 1 inc. 4 de la ley 24.463 que dispone que los bienes y las cuentas del organismo o del Estado Nacional son inembargables, no ha sido objeto de declaración de inconstitucionalidad.

    Del mismo modo, refiere que por la ley 3952 las decisiones condenatorias contra la Nación tendrán el carácter de declarativas, limitándose a reconocer el derecho.

    La recurrente también invoca el art. 19 de la ley 24.924 en cuanto prescribe que los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del Sector Público, ya sea que se trate de dinero en efectivo, depósitos en cuentas bancarias, títulos,

    valores emitidos, obligaciones de terceros en cartera y en general cualquier otro medio de pago que sea utilizado para atender las erogaciones previstas en el Presupuesto General de la Nación, son inembargables y no se admitirá toma de razón alguna que afecte en cualquier sentido su libre disponibilidad por parte del o de los titulares de los fondos y valores respectivos.

    Los agravios fueron contestados por la parte actora el 11/6/20.

  3. Tratamiento de la cuestión.

    1. La embargabilidad de las cuentas de la ANSeS.

      1.1. Una completa reseña de las normas que gobiernan la cuestión conduce a la ley 3.952 de “Demandas contra la Nación”, cuyo art. 7 estableció que las decisiones que se pronuncien en estos juicios cuando sean condenatorias contra la Nación, tendrán carácter meramente declaratorio,

      limitándose al simple reconocimiento del derecho que se pretenda.

      La constitucionalidad de ese régimen fue analizada en numerosas ocasiones por la doctrina vernácula, tanto en el campo del derecho público como del derecho privado.

      Fecha de firma: 01/07/2021

      Firmado por: R.A.L.A., JUEZ DE CAMARA

      Firmado por: P.M.L., Secretario de Cámara Firmado por: C.A.V., JUEZ DE CAMARA

      Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE LA PLATA

      Por ejemplo, en un trabajo publicado 86 años después de su entrada en vigencia se le atribuyó al art. 7 de la ley 3.952 una “inconstitucionalidad sobreviniente” en virtud del cambio del contexto histórico, económico y jurídico que había avalado su sanción. En uno de los fragmentos de ese trabajo se hizo hincapié en que todo Estado democrático debía obrar ejemplarizando con su conducta, por lo que no se concebía una democracia efectiva en la cual aquél tuviera a su favor el privilegio de cumplir, cuando desee, las sentencias judiciales (B., A.,

      Inconstitucionalidad sobreviniente del art. 7° de la ley de demandas contra la Nación

      , El Derecho 118-827 y sus remisiones).

      También se han diseñado razonamientos que propiciaron la inconveniencia de acudir a una interpretación gramatical de la ley, método que –aun en caso de prevalecer-

      tornaría inconstitucional la norma porque terminaría desconociendo la garantía que la Ley Suprema le acuerda a los derechos patrimoniales (Spota, A.G., “Sentencias de condena contra la Nación: su ejecutoriedad”, La Ley 124-

      1330).

      Y desde la óptica jurisprudencial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación –en un caso en el que se discutió el desalojo de un inmueble ocupado por el Gobierno Nacional-

      sentó las siguientes pautas orientadoras: a) El precepto del art. 7 de la ley 3.952 tiende a evitar que la administración pública se vea colocada, como consecuencia de un mandato judicial perentorio, en la imposibilidad de satisfacer el requerimiento por carecer de fondos previstos para tal fin en el presupuesto o perturbada en su normal funcionamiento; b)

      Sin embargo, el precepto no significa una suerte de autorización al Estado para no cumplir las sentencias judiciales. Ello importaría colocarlo fuera del orden jurídico, cuando es precisamente quien debe velar por su observancia (autos “Pietranera, J. y otros c/ Gobierno de la Nación s/ desalojo”, 07/09/1966, Fallos 265:291).

      1.2. El derrotero legislativo prosiguió con la ley 23.982 que –en lo aquí interesa- estructuró un régimen Fecha de firma: 01/07/2021

      Firmado por: R.A.L.A., JUEZ DE CAMARA

      Firmado por: P.M.L., Secretario de...

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