Sentencia nº 83 de Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral - Rafaela, 23 de Febrero de 2017

Presidente14/17
Fecha de Resolución23 de Febrero de 2017
EmisorCámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral - Rafaela

En la ciudad de Rafaela, a los 23 días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial, D.. B.A.A., A.A.R.án y L.J.M.M. para resolver los recursos de nulidad y de apelación interpuestos por la parte demandada, contra la sentencia dictada por el Señor Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 4° Nominación de esta ciudad, en los autos caratulados: "Expte. N° 83 Año 2016 - NAVARRO, Mónica L. c/ "RENAULT ARGENTINA S.A." s/ SUMARISIMA".

Dispuesto el orden de votación, en coincidencia con el estudio de la causa resulta: primera, Dra. B.A.A.; segundo, Dr. Alejandro A. Román; tercero, Dr. L.J.M.M..

Acto seguido el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones:

1ra.: ¿Es nula la sentencia apelada?

2da.: En caso contrario ¿es ella justa?

3ra.: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?

A la primera cuestión la Dra. B.A.A. dijo:

No habiendo sido sostenido en la Alzada el recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con el de apelación, y no advirtiendo vicio alguno que justifique la declaratoria nulificatoria de oficio, voto por la negativa.

A esta misma cuestión, los Dres. A.A.R.án y L.J.M.M. dijeron que por idénticos fundamentos votaron asimismo por la negativa a esta primera cuestión.

A la segunda cuestión la Dra. B.A.A. dijo:

Que la Jueza de baja instancia dicta sentencia haciendo lugar a la demanda y en consecuencia condena a la demandada a abonar al actor en el término de diez días la suma que se determinará según expresa en los considerandos en concepto valor de plaza del vehículo (Art. 17 inc. b Ley 24.240) e impone a Renault Argentina S.A. en concepto de daños punitivos la suma de $ 50.000 (Art. 52 bis Ley 24.240), todo ello con más los intereses que fija y difiere la regulación de honorarios (fs. 178 a 187).

Para así resolver, comienza analizando el Art. 7 del C.C.C. y la relación contractual que vincula a la partes y concluye que es una relación de consumo, por lo que corresponde aplicar el Código antes citado y la Ley 24.240, por ser la más favorable al consumidor.

Define a la actora como consumidora en el sentido que define el Art. 1.092 del C.C.C., porque si bien no fue parte del contrato de compraventa originalmente celebrado entre el adquirente (anterior titular registral) y el fabricante, se encuentra alcanzada en ocasión de aquella relación jurídica, pues adquirió el vehículo para uso final. Aclara que si bien la hoy accionada rechaza el encuadramiento de la acción, sus propios actos contradicen dicha posición y prueba de ello es que la demandada concurrió a la audiencia de conciliación citada por la Dirección General de Comercio Interior, consintiendo por actos inequívocos la competencia de dicho organismo (126 y 139). Expresa que por lo tanto la relación jurídica que subyace a la acción incoada es una relación de consumo resultando aplicables las normas antes mencionadas.

Analiza el Art. 1.094 y cita jurisprudencia.

R.éndose a los hechos base de la acción afirma que la pretensión se origina en la falta de funcionamiento de los airbags como defecto funcional ante el accidente que sufriera el automóvil marca Renault Nuevo Clío 2RT 1.5D, modelo 2.004, sedán 4 puertas dominio ELZ799, y que determinada la destrucción total del vehículo. De ello infiere la existencia de un vicio o defecto de fabricación desencadenando la carga para la demandada de demostrar la inexistencia del defecto o la culpa de la víctima o un tercero como eximente de responsabilidad.

Aclara que las premisas indubitadas que permiten inferir el defecto o vicio de funcionamiento de los airbags, son la destrucción total del vehículo y la falta de apertura de aquellos en dicha circunstancia. Aclara que no resulta necesaria la prueba concluyente de la existencia de un vicio, siendo suficiente con que se haya producido un daño que no permita otra explicación lógica que la existencia de un defecto en aquél. Citando jurisprudencia amplía diciendo que ante la ausencia de defectos probados, lo que deberá acreditar el proveedor es la inexistencia de los defectos señalados como generadores de responsabilidad o la existencia de un defecto generado por el uso del consumidor, caso fortuito o fuerza mayor.

A continuación sintetiza el informe elaborado por el perito mecánico y concluye que ante un accidente de la magnitud como el sufrido por el vehículo en cuestión, solo el vicio o defecto pueden explicar que no se hayan abierto los airbags, más aún cuando la demandada no ha probado que medió culpa de la víctima o de un tercero.

Agrega que no se ha podido realizar la pericial sobre el vehículo porque el mismo fue compactado en el año 2.013, y se realizó en base a las fotografía del vehículo, lo que a criterio de la A-quo es insuficiente, por lo que se aparta de la conclusión del perito actuante quien ha afirmado que dada las características del choque no habría correspondido la apertura de los airbags. Añade que la falta de inspección del vehículo y de consideración de los indicios recabados en el lugar del accidente que permitan establecer la mecánica del siniestro le quitan rigor científico y relevancia probatoria a la luz de la sana crítica, todo ello a los fines de acreditar el funcionamiento efectivo de los airbags, o dicho de otro modo la ausencia del vicio endilgado.

Reconoce que la accionada no tuvo un rol activo en la compactación del rodado siniestrado...

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