Sentencia Definitiva de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 17 de Septiembre de 2008, expediente C 86832

PresidenteKogan-Genoud-Negri-de Lázzari
Fecha de Resolución17 de Septiembre de 2008
EmisorCorte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 17 de setiembre de 2008, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores K., G., N., de L., se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia única y definitiva en la causas C. 86.832, "N., E. contra Los Gallegos, M.N.. Nulidad de Asamblea" y C. 86.951, "N., E. contra Los Gallegos. Fijación de honorarios".

A N T E C E D E N T E S

En la causa Ac. 86.832, la Sala II de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata modificó la sentencia de primera instancia en tanto había rechazado el incidente de idoneidad de testigo -al que hizo lugar- y la confirmó en cuanto había declarado inoponible al doctor E.N. la resolución de la Asamblea General Ordinaria del 31 de enero de 1997.

En la causa Ac. 86.951, esa misma Cámara confirmó el decisorio de la instancia de grado en lo referente a la desestimación de las excepciones de falta de legitimación activa y de prescripción y de una serie de agravios, confirmando otros, al par que hizo lugar a la fijación de honorarios por el contrato de locación de obra, y distribuyó las costas de la alzada en el orden causado.

Se interpusieron, por el actor y los demandados respectivamente, recursos extraordinarios de nulidad y sendos recursos de inaplicabilidad de ley.

Oído el señor S. General, dictada la providencia de autos y encontrándose las causas en estado de dictar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes

C U E S T I O N E S

  1. ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad deducido en la causa C. 86.951?

    Caso negativo:

  2. ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido a fs. 577/593 de las actuaciones C. 86.832?

    En su caso:

  3. ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido a fs. 2944/2976 de los obrados mencionados en primer término?

    V O T A C I O N

    A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora K. dijo:

    1. Con la invocación de la violación de los arts. 10, 11, 15, 31, 39, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia y sus correlativos de la Constitución nacional y en la falta de cumplimiento de lo previsto por los arts. 163 (incs. 4, 5 y 6), 384 y 456 del Código Procesal Civil y Comercial deduce el apoderado del actor el presente recurso.

      Aduce que la Cámara omitió resolver cinco cuestiones esenciales, a saber:

      1. Convenio de promoción e intermediación inmobiliaria con la empresa Interurban S.A., en especial el primero de los rubros. Modificaciones de los contratos (fs. 431):

        Expresa que no se trató el convenio pertinente ya que a fs. 2.931 y vta. la Cámara se refirió a los ítems 1.9, 1.10 y 15.2, pero sin considerar el contrato de fs. 75/7, por más que se intitule el párrafo como si fuera a hacerlo; agregando que no empece a ello, que en la parte dispositiva se mencionó que se reducía el monto fijado por el primer magistrado respecto de ese convenio.

      2. Contratos de locación, con sus modificaciones y normas generales complementarias (Reglamento interno). Cuaderno de Obligaciones de los Gallegos Shopping, celebrados en su mayoría, a través del Convenio referido en 1.8. para locales, góndolas y/ o espacios físicos (fs. 441 vta.):

        Señala que si bien la Cámara hizo referencia a fs. 2931/2931 vta. a los precitados convenios, tales rubros no son materia de decisión en la parte dispositiva de la sentencia (v. fs. 2934/5 y vta.) al no incluírselos en ninguno de los XX puntos que contiene la misma.

      3. Control de cumplimiento de las obligaciones por parte de los locatarios, de acuerdo al Cuaderno de Obligaciones, Reglamento Interno y Cuaderno de Especificaciones Técnicas; interpretación y aplicación de la normas relativas a adecuaciones de los contratos vigentes o modificaciones puntuales de los mismos, respecto de alguno o algunos de los locatarios (fs. 450 vta.):

        El recurrente destaca la misma omisión que al abordar la cuestión anterior.

      4. Modificaciones contractuales referidas a los convenios con Expreso Rubens y con Hospital Privado de la Comunidad. Valor de los contratos u$s 10.000 cada uno (fs. 447, último párrafo):

        Expresa que el rubro es tratado parcialmente a fs. 2437 (04.00) pues el juez de primera instancia lo hace solamente respecto del Hospital Privado de la Comunidad, omitiendo cuantificar lo relativo al expreso R..

    2. Como lo dictamina el señor S. General, el recurso no puede prosperar.

      En efecto, las denunciadas omisiones no son tales.

      Con relación al agravio vinculado a los emolumentos que le correspondían al actor en su relación con la operativa puesta en marcha con la empresa Inmobiliaria Interurban S.A., como fácilmente se advierte de la lectura del fallo, el tópico fue abordado a fs. 2931, aunque con resultado adverso a los intereses del mismo.

      Lo mismo puede decirse de las cuestiones planteadas como omitidas en los puntos b) y c), las cuales fueron expresamente tratadas (v. fs. 2931/2931 vta.).

      Al respecto especificó la Cámara que las modificaciones de los contratos, así como las relaciones con los futuros locatarios, etc., tareas éstas que también están vinculadas con el reglamento interno del shopping -según surge del propio relato del recurrente- fueron realizadas en su producción, intermediación, etc., por Interurban S.A.

      Por último el agravio vinculado con la falta de cuantificación de los honorarios del doctor N. en el convenio con Expreso Rubens también carece de asidero, dado que el punto fue tratado mediante la aclaratoria que luce a fs. 2971/2973 de estos actuados.

      Resta señalar que la cita del art. 171 del texto constitucional de la Provincia de Buenos Aires, carece de razón de ser toda vez que el fallo se encuentra debidamente fundado en ley.

      Por las consideraciones expuestas y de conformidad a lo dictaminado por el señor S. General, doy mi voto por la negativa.

      Los señores jueces doctores G., N. y de L., por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora K., votaron la primera cuestión también por la negativa.

      A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora K. dijo:

    3. La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial -Sala II- del Departamento Judicial de Mar del Plata confirmó en lo principal la sentencia de primera instancia en tanto había declarado inoponible la resolución de la Asamblea General Ordinaria de "Los G.M.N. S.A." del 31 de enero de 1997 y la modificó en cuanto había desestimado el incidente de idoneidad de testigo, al que hizo lugar.

    4. Contra esa decisión dedujo el apoderado de la demandada el presente recurso en el que denunció la violación e inaplicabilidad de los arts. 1071 y 1198 del Código Civil; 34 inc. 4, 163 incs. 4, 5 y 6 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 261, 271 y 272 de la ley 19.550; así como la infracción de principios y garantías constitucionales como los de propiedad, defensa en juicio y debido proceso, razonabilidad de las leyes e interpretaciones judiciales consagrados por los arts. 10, 15 y 31 de la Constitución provincial; 14, 17, 18, 28 y concs. de la Constitución nacional, y absurdo en la apreciación de la prueba.

      Destacó que erróneamente la alzada había considerado que la inclusión en el orden del día del punto bajo análisis tenía por objeto violentar los derechos de un tercero (el derecho a percibir honorarios por parte del doctor N.) tratando de enervar la acción iniciada por el mismo con relación a la determinación de sus honorarios profesionales.

      Agregó que en todos los casos las violaciones denunciadas "... son producto de errores in iudicando que tienen su origen en la interpretación absurda de los antecedentes de la causa, que le permitieron concluir al a quo que el actor actuó en el supuesto doble carácter de director titular de una sociedad anónima (familiar) y como abogado ... en ejercicio de la profesión liberal en la misma...

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