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Parecería ocioso detenernos a exponer este punto, pero consideramos que es necesario, ya que estamos en búsqueda de fundamentos propios de una rama procesal como ésta, sobre todo cuando tiene una interrelación estrecha con el Derecho Constitucional. Ambas ciencias se ubican en el Derecho Público63, y desarrollan instituciones que son ejercidas directamente por los órganos del Estado: la aplicación de las leyes fundamentales y la función jurisdiccional.
El Derecho Constitucional se transformaría sustancialmente cuando se hiciera una norma viva la Constitución, es decir judicializable64, a través de la Jurisdicción65, de ahí un punto de enlace permanente para el estudio de las normas fundamentales. Es a través de la resolución de los litigios como puede determinarse sus alcances reales, su grado de eficacia con la ayuda de la técnica jurídica procesal. Existe la premisa acerca de que los jueces desempeñan una función política, lo cual es acertado por el tipo de normas sustantivas que aplican a los casos de controversias jurídicas.
Lo público de su naturaleza es lo político del bien jurídico tutelado en los procesos constitucionales. Un factor determinante en este andamiaje lo encontramos en los órganos competentes, generalmente especializados, denominados Tribunales o Cortes constitucionales; en otros supuestos, la tarea de resol-Page 46ver los litigios66 de naturaleza constitucional corresponde no a una judicatura especializada, pero sí con funciones específicas, tal es el caso de las Supremas Cortes (Tribunales Supremos) de cada país, como corresponde al sistema constitucional mexicano67. Sobre ello, se suscitó un debate interesante que quedaría superado, entre KELSEN y SCHMITT68, respecto de quién debería ser el defensor de la Constitución, situación que favoreció al primero de ellos. Esta misión jurídica quedó definida desde 1803, con el caso "Marbury v. Madison", resuelto por la Corte Suprema de los Estados Unidos y que ha legitimado esta noble tarea en el desarrollo de la historia de ese país, encontrando un respaldo social y doctrinal69, es decir, el perfil del control constitucional ya tenía un matiz indubitablemente jurisdiccional70.
Otra fisionomía del tema en comento estriba en el tipo de pretensión procesal, la aplicación de las normas constitucionales en contra de actos de órganos de gobierno. La norma fundante es en todo momento la Ley Fundamental. En este sentido compartimos las ideas de GUASP:
El derecho procesal no...
