Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba - Sentencia nº 146 de Sala Civil y Comercial, 9 de Diciembre de 2003

Presidente:Berta Kaller Orchansky
Fecha de Resolución: 9 de Diciembre de 2003
Emisor:Sala Civil y Comercial
 
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En la ciudad de Córdoba, a los 9 días del mes de DICIEMBRE de dos mil tres, siendo las horas, se reúnen en audiencia pública, los Sres. Vocales integrantes de la Sala Civil y Comercial del Excmo. Tribunal Superior de Justicia, Dres. Berta Kaller Orchansky, Domingo Juan Sesín, y María Esther Cafure de Battistelli, bajo la presidencia de la primera, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: "BERROTARAN JOSÉ IGNACIO C/ IGNACIO NICOLÁS AHUMADA – ORDINARIO – CUMPLIMIENTO DE CONTRATO – RECURSO DE CASACION" ("B" 70/01), procediendo en primer lugar a fijar las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTION: ¿Son procedentes los recursos de casación interpuestos por los accionantes con fundamento en el inc. 1° del art. 383 del CPCC?.

SEGUNDA CUESTION: En su caso, ¿ qué pronunciamiento corresponde?.

Conforme al sorteo que en éste acto se realiza, los Sres. Vocales votan en el siguiente orden: Dres. Berta Kaller Orchansky, Domingo Juan Sesín y María Esther Cafure de Battistelli.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SEÑORA. VOCAL, DOCTORA BERTA KALLER ORCHANSKY DIJO:

I. Los actores por derecho propio y por apoderado interponen sendos recursos de casación en autos: “BERROTARAN JOSÉ IGNACIO C/ IGNACIO NICOLÁS AHUMADA – ORDINARIO – CUMPLIMIENTO DE CONTRATO – RECURSO DE CASACION.” contra la Sentencia número cincuenta y dos del diecisiete de mayo de dos mil, dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación de esta ciudad, fundadas ambas impugnaciones en la causal del inc. 1° del art. 383 del CPCC.

Corridos los traslados de ley, a fs. 267/274 los evacúa la Asesora Letrada del 3° Turno. A fs. 275 hace lo propio el Dr. Berrotarán Díaz.

Mediante Auto Interlocutorio N° 435 del 05/11/01, la Cámara a quo concede ambas articulaciones recursivas.

Elevadas las actuaciones, dictado y consentido el decreto de autos (fs. 282 vta.), quedó la causa en estado de ser resuelta.

II. Ordenando la motivación del presente decisorio serán compendiados primeramente, y por separado, los agravios de cada una de las dos impugnaciones sub júdice y a continuación –prosiguiendo con igual metodología sendas articulaciones serán consideradas y resueltas de manera independiente.

II.A. CASACIÓN DEDUCIDA POR EL DR. BERROTARÁN: el tenor de la impugnación, en lo que es de interés para el presente, es susceptible del siguiente compendio:

1. Incongruencia: Sostiene el recurrente que lo decidido por el a quo en orden a que su pretensión se fundó en que el demandado no le habría proporcionado los medios necesarios para proseguir el juicio resulta absolutamente ajeno a los términos en que se trabó la litis.

Aduce que su parte sustentó su acción en la rescisión unilateral y total del contrato base de su intervención en la usucapión y en que tal rescisión fue sorpresiva e injustificada. A partir de ello, asevera que era Ahumada quien debía alegar y acreditar la causa de la revocación.

Agrega que, la circunstancia de que –como resultado de tal revocación su parte se haya visto privada de los medios para continuar realizando las gestiones encomendadas es una mera consecuencia de la revocación fundante de su demanda, y no el objeto de la misma como lo ha resuelto el Tribunal de Alzada.

Manifiesta que tales fueron los términos de su pretensión y que esa tesitura se ve confirmada en la contestación de la demanda cuando Ahumada reconoce que existió causal para revocarle el mandato. Expresa que tal reconocimiento expreso del accionado importa una confesión espontánea y que por tanto no puede ser prescindida en su valoración por el juzgador.

Concluye que le agravia el modo en que el Mérito ha determinado el thema decidendum en el fallo opugnado toda vez que se habría sustituido irrazonablemente el extremo fundante de su demanda (revocación sorpresiva e injustificada del poder) con la mera consecuencia de ello (no poder continuar con la ejecución del contrato base de la acción).

Por último sostiene que también le agravia que se haya violado el principio de incongruencia habiéndose rechazado su pretensión en virtud de la culpa de su parte cuando el demandado no reconvino en tal sentido.

2. Falta de Fundamentación lógica y legal: argumenta el quejoso que, como resultado del indebido apartamiento de los términos en que se planteó la litis (con demanda y contestación) la Cámara a quo ha arribado a una conclusión absurda cual es la ausencia de prueba de que su parte intimó a Ahumada para que le proporcionara los medios necesarios para continuar el juicio.

Asevera que habiendo sido revocado su poder no tenía porque intimar al demandado para que le proporcionara medio alguno.

Puntualiza que en el sub lite la revocación de su mandato es una cuestión indiscutida (porque así lo ha reconocido el propio demandado al contestar la demanda) y que por tanto la circunstancia de que su parte haya hablado con el comitente para pedirle que revisara su actitud luego de esa revocación injustificada es –a su juicio irrelevante.

Censura de inmotivado legalmente el pronunciamiento atacado toda vez que se habría inaplicado arbitrariamente el art. 1204 del CC que establece que en los contratos bilaterales, como el que es base de la presente acción, la facultad de resolver la relación contractual se encuentra condicionada al previo requerimiento fehaciente de cumplimiento. Insiste con que tal normativa habría sido derogada arbitrariamente por el a quo.

Sostiene que también le agravia que no se haya hecho aplicación de la pretensión del demandado de que se aplique el art. 1638 del CC. Expresa que tal defensa fue esgrimida por Ahumada en virtud de que conocía que no había habido intimación previa alguna que justificara la unilateral rescisión del contrato. A ello agrega que la referida normativa impone el pago de una indemnización por revocación incausada.

3. Otros motivos por falta de fundamentación lógica y legal: Enrostra infundamentación al fallo en crisis en el entendimiento de que mientras a su parte se le exige una prueba absurda (la de intimación para que se le entreguen los medios necesarios para la prosecución de la acción) al demandado no se le exige acreditación alguna de los puntos en los que fincó su defensa. Concretamente cuestiona que el demandado no haya probado la circunstancia de que su parte habría renunciado a sus honorarios, máxime cuando conforme el art. 874 del CC la renuncia no se presume.

Sostiene en definitiva que nada de lo resuelto en la resolución atacada importa una derivación racional ni de las pretensiones de las partes ni de las confesiones de la contraria, ni de los demás hechos esenciales probados en el sub júdice.

Agrega que el pronunciamiento casado ni siquiera es derivación racional del texto de la Lp 5809 que en su art. 21 imponía a los letrados que lo sustituyeron en su gestión la no aceptación de la defensa encomendada sin dar previo aviso a su parte.

A continuación, puntualiza una serie de presuntas omisiones en el juicio efectuado por el Mérito, tales: a) Que el demandado adujo haberlo intimado para rendir cuentas de la causa, sin que se haya probado tal extremo; b) Que el accionado le imputó haber retenido fondos cobrados en su nombre en una expropiación y que su parte acreditó mediante copias autenticadas que tales fondos fueron oportunamente rendidos y percibidos por Ahumada; c) Que el demandado sostuvo que le había entregado sumas de dinero para la usucapión y que no ha demostrado de modo alguno tal circunstancia, resultando contrariamente de las constancias de la mensura preparatoria que su parte pagó todos los gastos generados en ese litigio.

Argumenta que el sólo hecho de que la mensura preparatoria de la usucapión no luzca aprobada a la fecha de la revocación de su poder no es prueba de incumplimiento por su parte.

Expresa que le agravia que se le impute tal ausencia de aprobación, desde que de las constancias de tal expediente surgiría –según su criterio que su parte cumplió con todas las etapas procesales necesarias para posibilitar la iniciación de la tarea pericial. Reconoce que el trámite se vio interrumpido, pero sostiene que las circunstancias que motivaron tal dilación no le son imputables a su parte.

En este orden, señala que la mensura se vio primero dilatada por un incidente de oposición planteado por el Colegio de Agrimensores que negaba la incumbencia profesional del ingeniero propuesto por Ahumada.

Agrega que, realizado por el perito el plano que debía ser aprobado por Catastro, el trámite administrativo de aprobación era de incumbencia absoluta del perito.

Alega que resulta absurdo que se le imponga la carga de intimar a Ahumada para que se aprobara el plano porque esto no tendría fundamentación legal ni lógica. Insiste con que resulta contrario a toda lógica que su parte tuviera que intimar al comitente para que éste hiciera aprobar el plano, o para que éste intimara al profesional ingeniero que él mismo había designado.

Peticiona que una vez regulados sus honorarios profesionales, se advierta que la tarea que su parte cumplió merece...

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