Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 16 de Marzo de 2017, expediente CAF 031221/2016/CA001

Fecha de Resolución16 de Marzo de 2017
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala II

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL-

SALA II Expte. Nº 31.221/2016.-

Buenos Aires, 16 de marzo de 2017.-

Y VISTOS, estos autos caratulados: “M., M. c/G.C.B.A. s/amparo ley 16.986”, y CONSIDERANDO:

  1. Que con carácter previo a resolver la cuestión traída a conocimiento de este Tribunal, se estima de utilidad reseñar las vicisitudes procesales que presenta la causa.

    La demanda de amparo fue iniciada ante el fuero Contencioso Administrativo y T. de la C.A.B.A., pues tanto el objeto de la acción como el sujeto demandado determinaban tal atribución de competencia.

    En efecto, primigeniamente se demandó por esta vía al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de que se: “…proceda a asignar un subsidio extraordinario y reparatorio, equivalente al salario mínimo, vital y móvil, en respuesta a la necesidad de supervivencia, por razón de la gran cantidad de años de marginación y discriminación en la incorporación al mercado laboral sufridos, años en que le fueron cercenados todos sus derechos al punto de dejarla incapacitada para cualquier actividad productiva, en razón de su identidad y expresión de género…” (ver fs. 1/14 vta., punto

  2. Objeto).

    De conformidad con la resolución Nº 2-CMCABA-2013 –que reglamenta la asignación de causas en días y horas inhábiles–, le cupo intervenir en primer término al Juzgado en lo Contencioso Administrativo y T. de la C.A.B.A. Nº 4. En dicha oportunidad, se hizo lugar a la medida cautelar solicitada y se ordenó al G.C.B.A. que otorgue a la actora el subsidio pretendido (ver fs. 21/29).

    Con posterioridad el Sr. Juez que resultó desinsaculado para tramitar la causa –pues la competencia dispuesta por la resolución Nº 2-CMCABA-

    2013 es transitoria–, dispuso revocar la medida precautoria otorgada (ver fs.

    63/67).

    Tal decisión fue apelada por la actora (ver fs. 70/74 vta.) y, previa formación del incidente correspondiente, la cuestión fue sometida a la consideración de la Sala III de la Cámara de Apelaciones, la que dispuso confirmar la resolución del Magistrado a quo que dejó sin efecto la medida cautelar (ver fs. 90/93 del expte. Nº 6759-2013/1, agregado por cuerda).

    Luego, previa citación como tercero del Estado Nacional (ver fs.

    104/106 vta.), el J. de la Ciudad hizo lugar al planteo de incompetencia formulado por aquél y ordenó la remisión de las actuaciones a éste fuero (ver Fecha de firma: 16/03/2017 Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA #28403103#172750813#20170317121320685 fs. 147/150 vta.). La Cámara de Apelaciones local desestimó las apelaciones y confirmó el pronunciamiento (ver fs. 171/vta.).

    Remitida la causa, sustanciada con el G.C.B.A. y con el Estado Nacional y habiendo dictaminado el Ministerio Público Fiscal, la Sra. Jueza de la instancia anterior rechazó la acción de amparo interpuesta y distribuyó

    las costas en el orden causado (ver fs. 218/220).

  3. Que para decidir del modo indicado más arriba, la Magistrada recordó cuáles son los lineamientos generales de procedencia de esta clase de acciones –explicitados por la Corte Suprema de Justicia en numerosos precedentes–, consideró que en cuanto a la pretensión de la amparista, comparte los fundamentos expuestos por el Sr. Fiscal Federal en su dictamen obrante a fs. 212/216, dándolos por reproducidos en obsequio a la brevedad.

    Tal decisión fue resistida por el G.C.B.A. –en orden a la distribución de las costas– conforme surge de la presentación de fs. 222/225 y por la actora –en cuanto al fondo de la cuestión–, con los argumentos que expuso a fs.

    227/230.

    La parte actora contestó el traslado conferido a fs. 250/251, no habiendo hecho lo propio la contraparte.

    A fs. 253/259 produjo su dictamen el Sr. Fiscal General de Cámara.

  4. a) La parte actora manifestó que el mero transcurso del tiempo implica la posibilidad de supervivencia o de absoluto desamparo, por tal motivo es que se acudió a esta vía procesal.

    Sostuvo que el empleo de un excesivo rigor formal al tiempo de analizar la procedencia de la acción –tal como lo hizo la Magistrada de primera instancia–, comporta una nueva vulneración de sus derechos.

    Agregó que más allá de la doctrina invocada por la Sra. Juez a quo para resolver del modo en que lo hizo, no constituyen motivo de controversia que la existencia de violaciones a los derechos humanos basadas en la orientación sexual o la identidad de género reales o percibidas de las personas, son hechos públicos y notorios y, por lo tanto, no pueden ser desconocidos por la demandada.

    En este orden de ideas, se preguntó qué pruebas debería aportar para que se reconozca el pleno derecho del colectivo trans y así lograr que el Estado otorgue un subsidio que responda a la responsabilidad...

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