Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 6 de Febrero de 2019, expediente B 74083

Presidentede Lázzari-Genoud-Negri-Soria-Kogan
Fecha de Resolución 6 de Febrero de 2019
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 6 de febrero de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación:de L.,G., N., S., K.,se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para dictar sentencia en la causa caratulada B. 74.083, "Municipalidad de San Nicolás contra Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Producción-Subsecretaría de Actividades Portuarias). Conflicto de poderes art. 196, C.. prov.".

A N T E C E D E N T E S

I.1. Los inspectores de la Municipalidad de San Nicolás de los Arroyos intentaron ingresar al puerto homónimo, a fin de verificar el cumplimiento por parte de los permisionarios de uso allí ubicados, de sus normas de policía en materia de seguridad e higiene, edificación y preservación del medio ambiente. Sin embargo, el delegado portuario -un funcionario provincial- no lo permitió. Consideró que la jurisdicción portuaria era exclusiva de la Provincia y excluyente de cualquier autoridad municipal. Ante ello, la comuna buscó el auxilio de la justicia.

Inició una pretensión de reconocimiento de derechos contra la Dirección de Actividades Portuarias ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás. No obstante, la jueza se declaró incompetente al entender que el de autos era un conflicto de poderes en los términos del art. 196 de la C.itución, lo que así fue confirmado por este Tribunal a fs. 219/221. En consecuencia, esta Corte asumió su competencia originaria y las actuaciones quedaron radicadas ante estos estrados. A fs. 229/240 el municipio adecuó su presentación y a fs. 270/275 contestó la Fiscalía de Estado.

I.2. La parte que promueve el conflicto destaca que los municipios se encuentran facultados para inspeccionar, habilitar y cobrar tasas a todo local, negocio o establecimiento que se encuentre en el ámbito territorial del respectivo partido, en su vinculación con la administración de los intereses y servicios locales.

Trae a colación jurisprudencia de la Corte federal acerca de los establecimientos de utilidad nacional. Hace alusión a la concurrencia de atribuciones entre la Nación y los municipios en un recordado caso de ferrocarriles e igual recordatorio hace en punto a la doctrina de la interferencia con respecto a la relación entre la Nación y las provincias. Más adelante explica que una ley nacional no podría, con pretensiones de validez, otorgar exenciones impositivas para tasas por servicios efectivamente prestados o contribuciones de mejoras por obras realizadas, pues lo contrario sería equivalente a reconocer un enriquecimiento sin causa.

Dice que esta posición es receptada por el art. 75 inc. 30 de la C.itución nacional, en cuanto establece que "Las autoridades provinciales y municipales conservarán los poderes de policía e imposición sobre estos establecimientos [de utilidad nacional], en tanto no interfieran en el cumplimiento de aquellos fines".

Resalta que los arts. 121 y 123 de la C.itución nacional consagran, respectivamente, la autonomía provincial y municipal, lo cual implica que ambos entes ejercen poderes de policía y gozan de potestades tributarias.

A su vez, remite a las normas contenidas en la C.itución provincial que instauran el régimen municipal, remarcando que la Legislatura tiene la obligación de conferirle a los municipios "...las facultades necesarias para que ellos puedan atender eficazmente a todos los intereses y servicios locales..." (art. 191), y que dentro de las atribuciones asignadas a las comunas se encuentran las de "Tener a su cargo el ornato y salubridad..." (art. 192 inc. 4), "Votar anualmente el presupuesto y los recursos para costearlo" (art. 192 inc. 5) y "Dictar ordenanzas y reglamentos dentro de estas atribuciones" (art. 192 inc. 6).

Ya a nivel legal, cita el art. 27 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (L., donde dispone que corresponde "a la función deliberativa municipal" reglamentar, entre otras cosas: "La radicación, habilitación y funcionamiento de los establecimientos comerciales e industriales, en la medida que no se opongan a las normas que al respecto dicte la Provincia y que atribuyan competencia a organismos provinciales" (inc. 1), "Las condiciones de higiene y salubridad que deben reunir los sitios públicos, los lugares de acceso público y baldíos" (inc. 8) y "La construcción, ampliación, modificación, reparación y demolición de edificios públicos y privados, así como también sus partes accesorias" (inc. 24). A la vez, menciona el art. 226 de la LOM que establece el catálogo de recursos tributarios y no tributarios que pueden percibir los municipios, para luego remitir a la ordenanza fiscal local que prevé una tasa por inspección de seguridad e higiene y un derecho de construcción.

Alude también a la ley 11.459 de Establecimientos Industriales, cuyo decreto reglamentario 1.741/96 en su art. 78 prevé la delegación de tareas de control de los establecimientos de 1° categoría a los municipios, mientras que las correspondientes a los establecimientos de 2° y 3° categoría dependerá de la capacidad operativa de cada comuna, la que además podrá ser parcial o total.

Finalmente, dedica un capítulo específico a la policía ambiental, poniendo de relieve el derecho consagrado en el art. 41 de la C.itución nacional, a la par de sostener que el art. 28 de la C.itución local, si bien solo se refiere a obligaciones a cargo de la Provincia, no obsta a que tanto el municipio como el Estado nacional también legislen y actúen sobre la materia.

I.3.a. La Fiscalía de Estado se opone al progreso de la acción. Comienza apoyándose en el informe que la Subsecretaría de Actividades Portuarias remitió al juzgado de primera instancia que intervino, en el cual se describe el proceso de privatización, descentralización y desregulación iniciado en 1989 y que alcanzó a los puertos que administraba el Estado nacional, culminando con la sanción de la ley 24.093.

A su turno, señala que la ley 11.206 aprobó el Convenio de Transferencia de Puertos Nación-provincia, que incluyó el ubicado en la localidad de San Nicolás de los Arroyos. Apunta que dicha ley estableció que la Provincia dispondrá el sistema de administración y explotación de los puertos de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente; establecerá el régimen tarifario; regulará, fiscalizará, coordinará y controlará las prestaciones de los servicios portuarios y dispondrá modificaciones, ampliaciones, construcciones, demoliciones y otras obras de infraestructura portuaria (cláusulas sexta, octava, décima y decimotercera).

Explica que el decreto 1.579/92 estableció a la Dirección de Actividades Portuarias como autoridad de aplicación de la ley de transferencia y la hizo responsable del manejo del Fondo Provincial de Puertos. Indica que dicho reglamento creó las distintas delegaciones portuarias -entre ellas, la Delegación Portuaria Paraná Interior, involucrada en autos- cuya función es administrar y fiscalizar la explotación comercial en sus respectivos puertos (art. 5). Destaca que el decreto 185/07, que derogó uno similar, aprobó el Reglamento de Permisos de Usos Portuarios y los cuadros tarifarios.

La Provincia considera que las actividades policiales que pretende llevar a cabo la comuna dentro del ámbito del puerto se contraponen y obstaculizan los fines para los cuales ese establecimiento fue transferido. Recuerda que el Puerto de San Nicolás es particularmente relevante en tanto que por su equipamiento e infraestructura resulta ser estratégico para el comercio externo entre los países miembros del Mercosur.

I.3.b. En lo que atañe a la policía edilicia, considera que es improcedente la pretensión de la comuna por la cual intenta aplicar el Reglamento de C.rucción municipal sancionado por la ordenanza 1.111/76 a las edificaciones levantadas en el espacio portuario. Ello, en tanto reputa que las obras que se realicen dentro del mismo deben cumplir con los requisitos fijados por el mencionado decreto 185/07. A propósito de esto, comenta que existe un Departamento de Ingeniería que elabora un estudio técnico previo y que además interviene la Dirección de Infraestructura Portuaria, dependiente de la Subsecretaría de Actividades Portuarias. Estos organismos -señala- evalúan en cada caso si los emprendimientos proyectados se adecuan a las necesidades actuales y a las planificadas para el desarrollo del servicio de puertos. Concluye que para el ordenamiento del ámbito espacial portuario las normas que regulan la edificación no pueden ser otras que las provinciales, puesto que todas las obras e instalaciones se encuentran afectadas al cumplimiento del fin del establecimiento.

I.3.c. Respecto a la potestad comunal de habilitar los comercios e industrias que funcionan dentro del puerto, la Provincia reitera que se trata de una competencia propia y que los únicos recaudos para ello son los establecidos en el decreto 185/07, con las modificaciones introducidas por el decreto 1.712/08. Así, recalca que en el art. 4 se determinan los requisitos para el otorgamiento de los permisos de uso portuarios, que incluyen una serie de documentos técnicos y económicos, además de un estudio de impacto ambiental. A su vez, subraya que el art. 7 establece que será la "Autoridad Ministerial competente" la que "previa intervención de los organismos legales pertinentes y obtención del Certificado o Declaración de Aptitud Ambiental" procederá a otorgar el correspondiente permiso de uso.

I.3.d. Vinculado a lo anterior, la Provincia entiende que también resulta ilegítimo el ejercicio de potestades tributarias por parte del municipio; en particular, el cobro de la tasa de seguridad e higiene dentro del Puerto de San Nicolás. Ello, no solo porque es ella quien concede los permisos de uso, sino también porque los Servicios Técnicos Administrativos se encuentran incluidos dentro del cuadro tarifario establecido por resolución...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba