Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 22 de Noviembre de 2006, expediente B 52174

PresidenteSoria-Kogan-Hitters-Roncoroni-Pettigiani-de Lázzari-Negri-Genoud-Domínguez
Fecha de Resolución22 de Noviembre de 2006
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 22 de noviembre de 2006, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresS.,K.,H.,R.,P., de L., N., G., D.,se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 52.174, "M., F. contra Provincia de Buenos Aires (Policía). Demanda contencioso administrativa".

A N T E C E D E N T E S

  1. F. M., por apoderado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (Policía), peticionando se deje sin efecto el art. 2do. del decreto 4701 en cuanto desestimó el daño moral que estima en la suma de A 500.000 y reclama en esta instancia por los daños ocasionados al haberle aplicado la sanción disciplinaria de exoneración, luego dejada sin efecto. Reclama que sobre la suma antedicha se compute actualización monetaria e intereses.

  2. Corrido el traslado de ley, se presentó a juicio el F. de Estado quien se opuso a la admisibilidad de la pretensión, y en subsidio contestó la demanda solicitando su rechazo sosteniendo la legitimidad del obrar administrativo.

  3. Agregadas las actuaciones administrativas sin acumular, el cuaderno de prueba de la actora y el alegato de la demandada, hallándose la causa en estado de ser resuelta, corresponde plantear y votar las siguientes

    C U E S T I O N E S

    1. ¿Es fundada la oposición a la admisibilidad de la pretensión?

      En caso negativo:

    2. ¿Es fundada la pretensión?

      V O T A C I O N

      A la primera cuestión planteada, el señor J.d.S. dijo:

  4. La demandada opone excepción de incompetencia del Tribunal sosteniendo que en la especie no ha quedado habilitada la instancia judicial por haber omitido el actor interponer recurso de revocatoria contra la resolución que se quiere enjuiciar, lo cual resultaba exigible a la luz de la doctrina sentada por esta Corte a partir del precedente "Lesieux".

    Explica que tal omisión implica una inobservancia a lo establecido por los arts. 1º y 28 inc. 1º del Código de Procedimientos Contencioso Administrativo, ley 2961, para franquear el acceso a la jurisdicción.

    Afirma que la posición doctrinaria sentada en el precedente citado (sent. de 11-XII-1986) como así también en causas B. 50.573, "Sacoar" (sent. de 10-XI-1987) y B. 50.583, "Turbometal" (sent. de 10-XI-1987), debe ser aplicada a la causa en examen lo cual justificaría la procedencia de la excepción; agregando que el decreto 4701/1988 emanado del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires constituye el único acto administrativo dictado como consecuencia de la solicitud del actor enderezada a obtener el reconocimiento y pago de los haberes retenidos en virtud de la disponibilidad preventiva y las diferencias salariales provenientes de los ascensos peticionados.

    Concluye, de tal modo, que al no haberse interpuesto el recurso de revocatoria contra el mencionado acto, la autoridad administrativa no ha tenido oportunidad de revisar su decisión por lo que, consecuentemente, no existe resolución definitiva.

  5. El traslado conferido por este Tribunal a fs. 66 fue contestado por el actor a fs. 67/68.

    En tal presentación sostiene que el decreto 4701 ha sido ejecutado y que la Administración, al dictarlo, rechaza el reclamo referente a la indemnización por daño moral por lo cual entiende -además de afirmar que la fijación de su monto es tarea exclusiva del Poder Judicial- que la demandada utiliza un artilugio dilatorio cuando el decreto 4071 es el resultante final de un procedimiento administrativo que culminó con un proceso tramitado ante esta Suprema Corte.

    Rechaza el argumento relativo a que la demandada no tuvo oportunidad de revisar su decisión ante la ausencia de un recurso de revocatoria por el cual se requiriera la misma.

  6. Reseñados los argumentos de las partes, corresponde decidir si -tal como afirma la demandada- la pretensión entablada es inadmisible por ausencia de un acto conclusivo y que apure la vía administrativa ("resolución definitiva" en la terminología de los arts. 1º y 28 inc. 1 del C.P.C.A., ley 2961), o si, en cambio, asiste razón a la actora en cuanto predica la inexigibilidad del recurso de revocatoria como fundado en que la Administración pudo válidamente evaluar el pedimento sin necesidad de interponer el remedio procesal aludido.

    1. La excepción debe ser rechazada.

      Para resolver adecuadamente la cuestión, y tal como expresara al votar en la causa B. 56.921, "F." (sent. de 15-III-2006), cabe revisar la doctrina sentada por el Tribunal en la causa B. 50.359, "Lesieux" (sent. de 11-XII-1986, "D.J.B.A.", 132:77), en la que -por mayoría- se entendió que no se configura una resolución definitiva exigida en el art. 28 inc. 1º del anterior Código Contencioso Administrativo (ley 2961), si el acto en cuestión no ha sido emitido en respuesta a un recurso interpuesto por el interesado (arts. 86 y 89 del dec. ley 7647/1980), quedando exceptuados de esta carga recursiva sólo las decisiones administrativas dictadas por el Poder Ejecutivo -o autoridad competente- al resolver un recurso llegado por vía jerárquica.

      He de señalar en ese orden de ideas que, aún antes de la reforma constitucional de 1994, la doctrina de la causa "Lesieux" había sido descalificada en modo reiterado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por considerarla violatoria de la garantía consagrada en el art. 18 de la C.itución nacional, en el entendimiento que dicha protección requiere que no se prive a nadie de la adecuada y oportuna tutela de los derechos que pudieren asistirle sino por medio de un proceso conducido en legal forma y que concluya con el dictado de una sentencia fundada ("Fallos", 311:2082; 312:767; 312:1168; 315:318, entre otros).

    2. No es menester trasegar demasiado en torno de la comprensión jurídica del supuesto bajo examen para sostener que la inviabilidad del criterio afirmado en "Lesieux" es más evidente aún a la luz del nuevo régimen constitucional de la Provincia.

      Por una parte, el art. 15 consagra el acceso irrestricto a la jurisdicción. Por la otra, en la nueva cláusula del art. 166, párrafo final, la C.itución provincial -cuya plena operatividad ha sido declarada por esta Suprema Corte en la causa B. 64.475, "Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca", mediante resolución del 23-X-2003- se confina la carga de agotar la vía administrativa a los supuestos que la ley determine, los cuales, obviamente, han de ser razonablemente impuestos para evitar la desvirtuación del garantido acceso a la sede judicial.

      Interpretando ambos enunciados normativos, el Tribunal ha precisado en la causa B. 64.553, "Gaineddu" (res. de 23-X-2003) que la operatividad del art. 166in finede la C.itución ha provocado sensibles modificaciones en lo atinente a la exigibilidad de vías administrativas de tránsito previo y obligatorio, las que han de tener cabida como excepción al principio de la directa demandabilidad estatal, en aquellas situaciones expresamente previstas por un enunciado normativo de rango legal, razonablemente establecido con arreglo a la señalada accesibilidad irrestricta a la jurisdicción.

      La carga de acudir ante la Administración responde, así, principalmente en el campo de las pretensiones impugnativas, a la necesidad de contar con un acto administrativo que proyecte suficientemente la voluntad institucionalizada del ente público, para de tal modo configurar uncasoque le sea imputable por su actuación.

      Por ello, cuando se está en presencia de un acto que decide el asunto, proveniente de la máxima autoridad administrativa con competencia resolutoria final (o del órgano delegado por aquélla), obligar a reeditar el examen de la cuestión ante el mismo órgano que lo ha dictado importa una exigencia ritual, cuya inconsistencia con las garantías de efectividad y accesibilidad consagradas por el citado art. 15 de la C.itución luce evidente.

    3. Tan clara resulta la solución de la cuestión bajo tratamiento a tenor del régimen constitucional, como incuestionable lo es en función de las prescripciones de la ley 12.008 (según ley 13.101), que son aplicables a las causas en trámite (cfr. B. 64.996, "Delbés", res. de 4-II-2004).

      En efecto, el art. 14 inc. 1, ap. a) del nuevo régimen procesal administrativo excluye de la carga de articular una revocatoria ante el mismo órgano que ha expedido el acto definitivo al supuesto en que dicho acto emane de la máxima autoridad con competencia resolutoria final.

      Tal es la situación que caracteriza el presente caso. Por ello, los reparos opuestos por F.ía de Estado a la admisibilidad de la pretensión no pueden ser atendidos.

      Voto entonces por lanegativa.

      La señora J.a doctoraK., por los fundamentos del señor J. doctor S., votó la primera cuestión en el mismo sentido.

      A la primera cuestión planteada, el señor J., doctor H. dijo:

      I-Adhiero al relato de antecedentes y solución propuesta por el distinguido colega que vota en primer término, doctor S., aunque con relación a la aplicación al presente de la doctrina sentada por esta Corte en la causa B. 50.359, "Lesieux" (propuesta por la F.ía de Estado a efectos que se declare la inadmisibilidad de la pretensión), he de formular las siguientes consideraciones.

      II-Durante la vigencia del anterior régimen procesal, ley 2961, he compartido la posición mayoritaria definida en el antecedente sentado por esta Corte en el caso B. 50.359, "Lesieux" (11-XII-1986), por el cual se exigió, como condición básica para la configuración de la decisión definitiva, la interposición de por lo menos un recursoá en el ámbito administrativo, en función de las exigencias que -en torno al acto judicialmente impugnable-, contemplaban los arts. 1º y 28 inc. 1º del digesto adjetivo aludido.

      No obstante lo dicho, tal como tuve oportunidad de expresar en las causas B. 50.934, "I." (sent. del 27-VI-1995) y B. 51.112, "Sincar" (sent. del 2-XII-1997) entendí y sostuve que dicha doctrina no debía aplicarse con efecto...

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