Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 17 de Octubre de 2018, expediente B 61626

PresidenteKogan-Soria-Negri-Pettigiani
Fecha de Resolución17 de Octubre de 2018
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 17 de octubre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresK., S., N., P.,se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 61.626, "Moviglia, R. y otros contra Provincia de Buenos Aires (I.P.S.). Demanda contencioso administrativa".

A N T E C E D E N T E S

  1. Los actores promueven demanda contencioso administrativa contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, tendiente a que se reajusten sus haberes de retiro con la consideración de las sumas establecidas en el decreto 1.015/97 para el personal en actividad del Servicio Penitenciario Bonaerense y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

    Solicitan que se declaren como remunerativos y computables en sus prestaciones los adicionales que fija el citado decreto y se condene a la demandada, por aplicación del principio de movilidad jubilatoria, a abonarles las diferencias devengadas en el referido concepto con arreglo a los cargos en base a los cuales se determinaron sus haberes desde que entraron en vigor los mismos, con más intereses y costas.

    Aducen que tal suplemento, otorgado en el año 1997, quedó definitivamente incorporado al sueldo del personal en actividad.

    Advierten que debe prescindirse de la denominación dogmática que se le ha atribuido al suplemento y en función de los caracteres del mismo (habitualidad, periodicidad y generalidad), reconocer su verdadera naturaleza remunerativa.

    Estiman que en el marco del régimen previsional aplicable al caso -decreto ley 9.578/80- resultan de aplicación insoslayable dos principios que lo informan: la movilidad de las prestaciones y la sujeción a aportes de toda retribución, cualquiera sea la designación que se le asigne.

    Finalmente, afirman que la situación planteada importa la ruptura de garantías constitucionales alterando el orden jurídico, en tanto se contrarían disposiciones legales específicas con normas de menor rango, en el caso los decretos dictados que limitan su aplicación al personal en actividad violentando la legislación previsional aplicable (dec. ley 9.578/80; arts. 14 bis, 16, 17 y 18, C.. nac.; 9, 10, 27 y 33, C.. prov.).

    C. jurisprudencia y plantean el caso federal.

  2. Tras conferirse el traslado de ley, se presenta el representante de la Fiscalía de Estado y contesta...

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