Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA, 18 de Febrero de 2016, expediente FMZ 081135155/2013

• Fecha de Resolución: 18 de Febrero de 2016
• Emisor: CAMARA FEDERAL DE MENDOZA

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA A 81135155/2013 MOSTO MAT SA C/ AFIP P/ ORDINARIO (M-5155)

En Mendoza, a los dieciocho días del mes de Febrero de dos mil dieciséis, reunidos en

acuerdo los Jueces de la Sala “A” de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza,

D.. J. A. G. M., H. F. C. y C. A. P.;

procedieron a resolver en definitiva estos autos Nº FMZ 81135155/2013/CA1, caratulados:

MOSTO MAT S.A. C/ AFIP S/CIVIL Y COMERCIAL VARIOS

, venidos del

Juzgado Federal de San Juan, en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 420 y vta. y

421 y vta. contra la sentencia obrante a fs. 401/412 por la cual se resuelve: “1°) HACER

LUGAR parcialmente a la demanda ordenando a la AFIP que reexamine y/o actualice los

Bonos de C. depositados en la cuenta corriente computarizada de la empresa

promocionada “MOSTO MAT S.A.” y los que se acrediten en el futuro, aplicando la

resolución ME y O y SP 1280/92 desde el momento en que se omitió aplicar tal reexpresión

y hasta la efectiva utilización de los bonos reexpresados, conforme lo estipulado en el art. 14

inc. d) de la ley 23.658 debiendo cumplir además con el prorrateo previsto en el art. 6 del

Decreto 804/96. II) Costas a la accionada vencida (art. 68 CPCCN) III) Regúlanse los

honorarios profesionales de los Dres. G., L. y C.

en forma conjunta en la suma de Pesos DIEZ MIL ($10.000), de los Dres. E.,

D., M. y N. en forma conjunta en la suma

de Pesos SEIS MIL ($6000) y para el perito C. Miguel Ejarque Uribe la suma de

Pesos tres mil ($3000) conforme leyes nº 21.839 y 24.432 IV) Protocolícese y notifíquese”.

El Tribunal se planteó la siguiente cuestión a resolver

1. Se ajusta a derecho la sentencia de fs.401/412?

De conformidad con lo establecido por los arts. 268 y 271 C.P.C y Comercial

de la Nación y arts. 4 y 15 del Reglamento de esta Cámara, se procedió a establecer por

sorteo el siguiente orden de estudio y votación: D.. G., P. y Cortés Fecha de firma: 18/02/2016 Firmado por: J.A.G.M., H.F.C., C.A.P., J.T. y Jueces Subrogantes de la CFA Mendoza Firmado(ante mi) por: R.H.M., ANTE M

1. Secretario de Cámara #8608112#146974892#20160211121243027 Sobre la única cuestión propuesta, el Sr. Juez de Cámara, Dr. Juan

   Antonio González Macías, dijo:

   I. Contra la sentencia de fs. 401/412 que hizo lugar parcialmente a la acción

   incoada a fs. 200/237 vta. por la firma “M.A., interpusieron recurso de apelación a

   fs. 420 y vta. y 421 y vta., los representantes del Estado Nacional – AFIP de la firma actora

   respectivamente, los que fueron concedidos según constancias de fs. 422.

   II. Luego de ser elevada la causa a esta Alzada, expresaron agravios a fs.

   430/446 los representantes del Estado Nacional – AFIP, quien por los argumentos que allí

   exponen, y a los que hago remisión en mérito a la brevedad, solicitan se revoque la sentencia

   y se rechace la demanda con costas a la actora, por entender que no corresponde la

   reexpresión de bonos de crédito fiscal.

   A fs. 447/464 hicieron lo propio los abogados de la firma actora, quienes

   sintéticamente se agraviaron de la limitación temporal establecida en la sentencia

   cuestionada, en los términos del prorrateo previsto en el artículo 6º del decreto 804/96; ya

   que entienden que la reexpresión de bonos de crédito fiscal tendría que disponerse hasta que

   efectivamente la firma actora pueda utilizar todos, fundamentos que doy por reproducidos.

   Al momento de interponer el recurso los abogados de la firma actora también

   cuestionaron la regulación de honorarios practicada en primera instancia.

   III. Corrido los respectivos traslados de rigor, la parte actora contestó

   agravios a fs. 466/484 y la demandada lo hizo a fs. 485/487, solicitando ambos el rechazo de

   los recursos de la contraparte con costas.

   IV. Analizadas las constancias obrantes en la causa y los recursos de

   apelación interpuesto por las partes, estimo que corresponde sólo hacer lugar al remedio

   impetrado a fs. 420 y vta. por los representantes del Estado Nacional – AFIP, y en

   consecuencia debe revocarse el pronunciamiento de primera instancia de fs. 401/412

   rechazando la demanda interpuesta por la firma “Mosto Mat S.A.”de conformidad a los

   fundamentos que a continuación desarrollaré.

   En primer término debo señalar que coincido con los fundamentos dados por

   la representante de la “Procuración General de la Nación”, Dra. L., en el dictamen

   emitido al evacuar la vista conferida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la

   Fecha de firma: 18/02/2016 Firmado por: J.A.G.M., H.F.C., C.A.P., J.T. y Jueces Subrogantes de la CFA Mendoza Firmado(ante mi) por: R.H.M., ANTE M

1. Secretario de Cámara #8608112#146974892#20160211121243027 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA A causa nº O244, LXLV, caratulada: “Orbis Mertig San Luis S.A.I.C. contra AFIP y Otros

   por Ordinario Recurso Extraordinario”.

   En honor a la brevedad me permito transcribir las partes más relevantes de ese

   fallo, toda vez que hago propios los conceptos allí contenidos.

   Con acierto dijo la Procuradora General que: “… La Ley 23.658 tuvo por

   objeto reemplazar el sistema entonces vigente de regímenes promocionales (en lo que aquí

   interesa, respecto de la actora, regido por las Leyes 22.021, sus complementarias y

   modificatorias) por otro `explícito, claro y cuantificable`, que se implementaría mediante la

   entrega de bonos nominativos, no reintegrables e intransferibles, utilizables exclusivamente

   para el pago de los impuestos correspondientes (Fallos 322:1926, cons. 6º).”

   También que: “Con tal finalidad, el art. 12 de la citada Ley 23.658 dispuso

   sustituir ´de pleno derecho` el sistema de utilización de beneficios tributarios que fueron

   oportunamente otorgados a las empresas promovidas, por el que se instrumentó en el título

   II de dicha ley, y facultó al Poder Ejecutivo Nacional a dictar las normas complementarias y

   reglamentarias pertinentes. A su vez, en el art. 14, estableció que la utilización de los

   beneficios derivados de aquellas normas se haría mediante `bonos de crédito fiscal`, cuyas

   características y funciones explicitó”.

   Y que “… el nuevo régimen nacido a partir de la ley 23.658 acotó los

   beneficios y fijó, en la denominada `cuenta corriente computarizada´, los montos máximos

   utilizables por cada gravamen y cada período fiscal. Las cifras allí acreditadas

   respondieron a los denominados `costos fiscales teóricos demeritados´, esto es, los incluidos

   en los proyectos oportunamente aprobados, limitados según el grado de cumplimiento dado

   hasta ese momento a los compromisos asumidos por cada beneficiario, todo ello en virtud

   de las particulares características previstas en el nuevo régimen”.

   Agregó que “De esta forma, es evidente que éste vino a cuantificar, acotar y

   explicitar el monto de los beneficios por gozar, revelando así el límite máximo del eventual

   sacrificio fiscal futuro que asumía el Estado ante cada beneficiario. Esto es, quedó así fijado

   el techo de la deuda comprometida por el Fisco con las peculiares características del

   régimen de promoción industrial frente a cada sujeto promovido”.

   Y que “Con posterioridad fue sancionada la ley 23.928, cuyo art. 10 derogó,

   con efecto a partir del 10 del mes de abril de 1991, todas las normas legales o

   Fecha de firma: 18/02/2016 Firmado por: J.A.G.M., H.F.C., C.A.P., J.T. y Jueces Subrogantes de la CFA Mendoza Firmado(ante mi) por: R.H.M., ANTE M

1. Secretario de Cámara #8608112#146974892#20160211121243027 reglamentarias que establecían o autorizaban la indexación por precios, actualización

   monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas,

   impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios. La disposición en análisis

   expresamente aclaró que la derogación se aplicaría aun a los efectos de las relaciones y

   situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal,

   reglamentaria, contractual o convencional inclusive convenios colectivos de trabajo de

   fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas que correspondía pagar, sino hasta el día

   10 de abril de 1991”.

   Este precepto fue luego modificado por el art. 40 de la ley 25.561, el cual

   ahora establece: `M. derogadas, con efecto a partir del 10 de abril de 1991, todas

   las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios,

   actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de re potenciación de

   las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios. Esta derogación se

   aplicará aun a los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no pudiendo

   aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, contractual o convencional

   inclusive convenios colectivos de trabajo de fecha anterior, como causa de ajuste en las

   sumas de pesos que corresponda pagar`

   .

   …de la lectura de ambas normas (23.928 y 25.561) se colige sin esfuerzo

   que sus disposiciones alcanzan a los montos máximos utilizables en bonos de crédito fiscal,

   establecidos en reemplazo de los beneficios fiscales regulados por las leyes 21.608 y 22.021

   y, por ende, a partir de la vigencia de la ley 23.928 mantenida por el art. 40 de la ley

   25.561 ha quedado desterrada toda posibilidad de proceder a su indexación, actualización

   o repotenciación, hayan sido establecidas éstas por leyes, reglamentos o contratos

   .

   … ello es así pues, cuando una ley es clara y no exige mayor esfuerzo

   interpretativo, no cabe sino su directa aplicación (Fallos: 320:2145, cons. 6° y su cita), y es

   adecuado dar a las palabras de la ley el significado que tienen en el lenguaje común

   (Fallos: 302:429), o bien en el sentido más obvio del entendimiento común (Fallos:

   320:2649). Sobre la base de dichas pautas hermenéuticas, es mi parecer que la actora no

   puede invocar cláusula legal, reglamentaria...