Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 12 de Marzo de 2020, expediente CAF 071084/2018/CA001

Fecha de Resolución:12 de Marzo de 2020
Emisor:Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

SALA II

Expte. Nº 71.084/18

En Buenos Aires, a los días del mes de marzo de dos mil veinte,

reunidos en acuerdo los Señores Jueces de la S.I.I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para conocer respecto del recurso interpuesto en autos: “M.S., C.c.–M Interior OP

y V - DNM s/recurso directo DNM”, contra la sentencia obrante a fs. 142/145, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El doctor L.M.M. dijo:

  1. El señor C.M.S. interpuso recurso judicial –

    por intermedio de la Defensora Pública Coadyuvante, integrante de la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación– a fin de que se revoquen las D.osiciones SDX Nº 158103, dictada el 3/8/2016, y SDX Nº 193607, del 18/9/2018, correspondientes al expediente nº 237500/2013 de la Dirección Nacional de Migraciones (en adelante, “DNM”), por las que se denegó el beneficio solicitado, se declaró irregular su permanencia en el territorio, se ordenó su expulsión y se prohibió su reingreso por el término de cinco (5) años (fs. 2/6vta.).

  2. La señora Jueza de primera instancia rechazó el referido recurso,

    distribuyendo las costas en el orden causado (fs. 142/145).

    Para así decidir, en primer lugar, precisó que de los términos de la D.osición SDX Nº 158103, del 3/8/2016, se desprendía que el Sr. M.S. se encuentra encuadrado en el supuesto previsto por el inc. c) del art. 29 de la LNM.

    Agregó que en el dictamen jurídico SDX Nº 010602 –emitido de manera previa al dictado de la referida D.osición–, se destacó que el Cónsul General de Colombia manifestó, mediante Nota Nº 2402/2013 (del exp.

    48154/2013), que la leyenda relativa a que en la actualidad el causante no era requerido por autoridad (colombiana) alguna, conforme surgía de su certificado de antecedentes, indicaba que el extranjero se encontraba cumpliendo condena.

    Por otra parte, recordó que en la D.osición Nº 193607 -por la que se rechazó el recurso interpuesto por el Sr. M.S.-, se había dejado constancia que los fundamentos en los que se sustentó la presentación recursiva no producían una modificación en los presupuestos sobre los que se habían dictado las medidas, ni agregaban elementos que permitieran modificar lo Fecha de firma: 12/03/2020

    Alta en sistema: 16/03/2020

    Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA 1

    Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA

    resuelto tornando así inconmovible el temperamento adoptado por D.osición Nº 158103.

    Por lo demás, dejó sentado que la D.osición última (esto es, la Nº

    193607) ha sido dictada en vigencia de la modificación efectuada por el Decreto Nº 70/17 a la LNM, ratificando lo decidido en la D.osición Nº 158103 en cuanto a la normativa aplicable al supuesto en estudio.

    En ponderación tanto de los hechos así como de la prueba aportada,

    entendió que el recurrente no había rebatido los argumentos expuestos por la accionada al tiempo del dictado de las disposiciones cuestionadas; las que –

    conforme estimó– resultaban ajustadas a derecho por cuanto se habían limitado a considerar que se hallaba configurado uno de los supuestos objetivos previstos como causas impedientes que la habilitaron, como autoridad de aplicación, a declarar irregular la permanencia del extranjero en el país y ordenar su posterior expulsión del Territorio Nacional.

    En tal sentido, y por no advertir que se hubiere incurrido en ilegalidad o arbitrariedad en las medidas adoptadas por la DNM o que no se hubiere respetado el procedimiento administrativo migratorio, a la luz del acotado margen de actuación que le competía como consecuencia del recurso deducido,

    concluyó que correspondía rechazar los agravios esgrimidos al respecto y confirmar, en consecuencia, los actos administrativos impugnados.

    Respecto del planteo de inconstitucionalidad que efectuara el actor,

    entendió que resultaba insustancial expedirse en relación al mismo; bien que poniendo de relieve que con fecha 23/3/18 la S.V. de esta Cámara ha dictado sentencia en el marco de la causa “Centro de Estudios Legales y Sociales y otros c/EN-DNM s/amparo ley 16.986” (expte. nº 3.061/17), oportunidad en la que declaró la inconstitucionalidad del Decreto Nº 70/17 y que, en razón del recurso extraordinario federal allí interpuesto, dicho decisorio (al menos a esa fecha) no se encontraba firme.

    Por último, respecto a las costas, estimó que, en atención a la asistencia jurídica especializada y gratuita ejercida por la Comisión del Migrante respecto al actor, correspondía que las mismas fueran soportadas en el orden causado (conf. art. 68, segundo párrafo, del CPCCN).

  3. Disconforme con lo así decidido, a fs. 146/149vta. apeló y fundó su recurso el actor –también por intermedio de la Sra. Defensora Pública Coadyuvante de la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación-; cuyo traslado de fs. 150 no ha sido contestado por la DNM.

    Fecha de firma: 12/03/2020

    Alta en sistema: 16/03/2020

    Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA 2

    Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

    SALA II

    Expte. Nº 71.084/18

    En primer término, el recurrente tacha de nulo el pronunciamiento de grado por cuanto estima que la Sra. Jueza ha confundido las disposiciones de la LNM replicando una decisión mutatis mutandi idéntica a otras ya adoptadas en casos disímiles al presente, de modo que ha soslayado abordar los temas bajo examen, sin haber dado respuesta siquiera a alguno de sus planteos.

    En ese orden, aduce que la Sra. Magistrada a quo ha “elastizado” de sobremanera la legislación y ha flexibilizado su contenido al mero efecto de hacer encuadrar en ella una situación de facto inexistente, como es la presencia de una condena en su país de origen y así disponer su arbitraria expulsión.

    Recuerda que, en su oportunidad, ha presentado su solicitud de regularización migratoria con fundamento en lo establecido por el art. 23, inc. l)

    de la LNM y que, en cumplimiento de los requisitos previstos, acompañó un certificado de antecedentes penales de Colombia que da cuenta de la extinción de la condena (el 9/2/2001) a 20 (veinte) meses de prisión que recibiera con fecha 18/4/1997, así como de la circunstancia relativa a que, en la actualidad, no es requerido por autoridad judicial en su país de origen. También pone de relieve que a la fecha del dictado del acto que ordenó su expulsión, habían transcurrido 19 años desde la propia de la sentencia de condena.

    Sostiene que, sin embargo, el acto expulsivo afirmó sin más que ha sido condenado, de modo que en ejercicio del control previsto por el art. 89 de la LNM, la Sra. Jueza ha avalado la errónea aplicación del art. 29, inc. c) -

    modificado por DNU nº 70/17-, de la LNM, soslayando -de ese modo- el control de legalidad y razonabilidad respecto de la decisión administrativa.

    Así, explica que el decisorio se desentendió de plano del principio de legalidad, por cuanto, para garantizar el debido proceso, debe necesariamente asegurarse un cumplimiento cabal de aquel y del correspondiente derecho a la aplicación de una ley previa, cierta y estricta; a lo que aclara que si bien este principio se asocia al derecho penal, no debe reducirse su interpretación y mucho menos en su aplicación a esa rama del derecho, ya que el poder sancionatorio estatal también se manifiesta y se materializa a través de la expulsión de un migrante.

    A mayor abundamiento, y para el caso en que ello no logre conmover lo decidido, recuerda que el art. 83 LNM (inalterado por el Decreto nº 70/17)

    remite, para los casos no previstos en ese título, a la L.N.P.A., su decreto reglamentario y sus modificaciones.

    De ese modo, trae a colación lo normado en los arts. 14 inc. b) y 7,

    incs. b) y e), ambos de la LNPA, para afirmar que el acto que ordenó su expulsión Fecha de firma: 12/03/2020

    Alta en sistema: 16/03/2020

    Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA 3

    Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA

    se encuentra viciado en dos de sus elementos esenciales: esto es, tanto en la causa como en la motivación; dado que, al considerar antecedentes penales que no existen, ello lo torna en arbitrario.

    Por último, alegó que si aún quedan vestigios de duda respecto de la errónea implementación de los antecedentes penales extintos, la decisión debe examinarse bajo los postulados del principio pro homine: es decir, que en caso de duda debe estarse al sentido más garantizador del derecho de que se trate,

    esto es, al de su permanencia en el país.

    En otro orden de ideas, acusa la falta de tratamiento de su planteo relativo a la procedencia de aplicar de manera análoga al caso de autos lo dispuesto por el art. 51 del C.P.N. Así, remarca que la condena data del año 1997

    y, a más de encontrarse extinta en su país de origen, también se encontraría caduca en el nuestro, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo legal citado.

    De ese modo, sostiene que, por haber superado los diez años previstos en la normativa aplicable, los antecedentes penales se encuentran extintos, no pudiendo producir efecto alguno; es decir que, lisa y llanamente, se está frente a una situación sin controversia.

    Agrega, a mayor abundamiento, que de la lectura del decreto reglamentario nº 616/10, se observa que al aludir en su art. 29 al supuesto de quien resulte “condenado”, se refiere a aquel extranjero que “registre una sentencia condenatoria firme” y que de su propia conjugación en presente del modo subjuntivo, resulta evidente que hace referencia a una clara necesidad de que ésta se encuentre vigente al momento de evaluar la aplicación de la causal impediente de ingreso o permanencia.

    Adunado a ello, precisa que en el párrafo siguiente del mentado dispositivo, la reglamentación...

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